La Fiscalía mantiene su petición de dos años de cárcel para Torrijos y los otros nueve acusados

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de dos años de cárcel y ocho años de inhabilitación para el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y para los otros nueve acusados por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla.

El fiscal Juan Enrique Egocheaga ha elevado a definitiva la calificación de los hechos como delitos de fraude y exacciones ilegales para los diez acusados y de prevaricación en el caso del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet y del constructor Luis Sánchez Manzano, aunque ha introducido una calificación alternativa en el supuesto de que la juez estime la cuestión previa planteada por la defensa de Mellet en el sentido de no considerar a la empresa pública Mercasevilla como una “administración pública” y por tanto no considerar al ex director de la lonja como funcionario público. En este caso, el fiscal ha planteado la acusación alternativa por un delito societario que atribuye a los diez acusados y por el que reclama la misma condena de dos años de cárcel.

Por su parte, la asociación de mayoristas de frutas, verduras y hortalizas, que está representada por el abogado Miguel Salas, ha retirado la acusación contra Antonio Rodrigo Torrijos, el ex concejal Gonzalo Crespo y contra el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, elevando a definitivas el resto de sus conclusiones, aunque se ha reservado las acciones civiles en caso de que haya una sentencia condenatoria. Inicialmente había reclamado en su escrito de conclusiones provisionales una indemnización de 25 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil por el concurso "fraudulento" para la venta de los suelos de la lonja, una cantidad de la que hacen responsable al Ayuntamiento de Sevilla y a la empresa Sanma. Los mayoristas sólo acusan ya por un delito societario a Fernando Mellet, al ex director del área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño y al empresario de Sando Luis Sánchez Manzano.

La acusación particular que ejerce la propia Mercasevilla ha ampliado la responsabilidad civil subsidiaria de 25 millones a Sando, cuya filial ganó el concurso público. Mercasevilla, actualmente en concurso de acreedores, reclama dos años de prisión y hasta 17 años de inhabilitación para los diez acusados por delitos de fraude y exacciones públicas en concurso con otro delito de prevaricación.

El Ministerio Público también solicita que se declare la "nulidad del concurso y del contrato de opción de compra firmado entre las empresas Mercasevilla y Sanma de fecha 23 de febrero de 2006 y los actos derivados del mismo".

En el escrito de conclusiones definitivo, el Ministerio Público sostiene que Fernando Mellet, Domingo Enrique Castaño, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo “pactaron” con Sando que su filial Sanma se subrogaría un derecho de superficie que tenía la empresa Larena 98 y a cambio, “aparte de recibir el pago del canon, Mercasevilla les adjudicaría directamente un derecho de opción de compra sobre todos los terrenos, llegándose a elaborar un protocolo entre Mercasevilla y Sanma en el que se vinculaban ambas operaciones, se fijaba el precio de los terreno y que la cantidad que Sando pagara a Larena se descontaría del precio final”.

Una vez decidido que los terrenos se adjudicarían mediante un concurso público, prosigue el fiscal, los acusados encargaron la confección del pliego de condiciones a los acusados Jorge Piñero, vicesecretario del consejo de administración, a María Victoria Bustamante, funcionaria de Urbanismo y consejera de Mercasevilla, y al economista José Antonio Ripollés, y estos tres “confeccionaron un pliego a la medida de los intereses de Sando”, reprocha el Ministerio Público.

En junio de 2005, lo acusados informaron a Sando y les “garantizaron que el concurso les sería adjudicado, manteniendo desde esa fecha comunicación permanente sobre los términos del pliego y la valoración de cada cláusula, lo que permitió a Sando y a su filial Sanma para preparar con mucha antelación su oferta”.

En las cláusulas del pliego se introdujeron dos que tenían “como fin directo favorecer a Sando”: la de limitación al alza, que penalizaba las ofertas que excedieran en más de un 10% la media de todas las ofertas, y la de titularidades previas, que puntuaba a los que tuvieran algún derecho sobre terrenos de la lonja.

Dice el fiscal que con la fórmula matemática de baremación empleada por un profesor universitario, “a instancia del acusado José Antonio Ripollés, se daba la consecuencia ilógica de que se puntuara igual a la oferta que estuviera en el mismo porcentaje sobre la media que por debajo de la media”, con lo que “Sando se aseguraba que, partiendo de un precio de tasación de 105 millones y siendo su oferta el precio ya pactado de 106 millones, ninguna oferta más elevada económicamente que la suya se viera beneficiada, sino por el contrario penalizada y excluida de la valoración”.

El fiscal añade que de las ocho ofertas presentadas al concurso de los suelos, cinco de ellas “por su escaso volumen y detalle” eran merecedoras del calificación de “ofertas de relleno o de compromiso”, y destaca asimismo que las ocho ofertas ofrecían cifras “iguales o muy próximas al precio inicial de 105 millones, salvo Noga que ofertó un precio de más de 158 millones, y la empresa Lanscape, que ofertó un precio de compra de 115 millones”.