La Fiscalía pide 9 años para la banda de estafadores del "falso fiscal"

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de nueve años de cárcel para los cabecillas de la banda de estafadores que se hacía pasar por fiscales, secretarios judiciales, jueces y peritos para ofrecer a una veintena de víctimas pisos embargados y vehículos. La Fiscalía considera que los acusados, que falsificaban los documentos de supuestas adjudicación y los sellos del juzgado, lograron defraudar 1.579.940 euros entre los años 2009 y 2012, hechos por los que han sido imputadas un total de seis personas a las que se atribuyen delitos continuados de estafa y falsedad documental.

El escrito de acusación del Ministerio Público señala que dos de los principales acusados, Pedro G. C. y Manuel L. A., idearon un procedimiento "para enriquecerse con dinero ajeno" y que consistía en que el primero se hiciera pasar por perito judicial frente a terceros, "manifestándoles la facilidad que ello le reportaba para poder acceder a inmuebles o vehículos que iban a salir a subasta procedentes de embargos".

Para adquirir estos bienes, las víctimas debían entregarle el dinero "en efectivo" y a cambio recibían un documento, elaborado por Manuel L. A., que estaba redactado "en su formato y apariencia a modo de los documentos judiciales", en los que se recogía el depósito del dinero entregado en el juzgado para participar en la subasta y la posterior adjudicación del bien.

En esos documentos, precisa el fiscal, se simulaba la firma del supuesto secretario judicial y se estampaba el sello del juzgado, para lo cual la organización llegó a utilizar el "sello original" del juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla. Para dar cobertura a sus actividades, los acusados solían realizar las entregas de dinero en la sede del colegio de abogados del edificio Viapol, donde aparentaban tener su despacho.

El tercer acusado, Aitor I. A., sobrino del mítico boxeador Urtain, colaboró en algunas de las estadas haciéndose pasar por miembro del Ministerio Fiscal -era presentado como "Antonio el fiscal"- y en otras ocasiones por secretario judicial, "haciendo creer así a los futuros adquirientes que todo era legal y que él se encargaba personalmente de tramitar toda la documentación de los bienes que adquirían en los juzgados". Este acusado, según la Fiscalía, instaba igualmente a los compradores a "comprender la lentitud" en la tramitación de los documentos por el "retraso habitual" de la Administración de Justicia cuando alguna de las víctimas reclamaba la entrega de la documentación.

Además de estos tres principales imputados, que están en prisión provisional desde el 27 de enero pasado, en el caso también están implicados Antonio J. C. R., que acompañaba al falso perito en sus visitas a los compradores y que a veces se hacía pasar por secretario judicial; José Antonio M. R., que desempeñaba las mismas funciones que el anterior; y Antonio C. R., que sólo intervino en una estafa haciéndose pasar por propietario de uno de los inmuebles en venta. Para estos últimos acusados, la Fiscalía reclama penas de entre un año y siete años y medio de prisión.

Entre las víctimas se encuentra un ex diputado del PSOE que les entregó 103.200 euros para la compra de una finca en Hinojos. Otra persona les dio 200.000 euros para adquirir una vivienda en el Rocío, que los acusados llegaron a enseñar a los compradores y para ello no dudaron en solicitar los servicios de un cerrajero para cambiar la cerradura.

Los estafadores también solían ofrecer a las víctimas vehículos de alta gama, de marcas como Audi y BMW, a precios muy reducidos y en una ocasión dijeron a uno de los compradores que el coche que había elegido -un Audi Q5- "era muy goloso y había un juez que estaba interesado en el mismo", por lo que le requirieron para que hiciera un nuevo pago de 650 euros en concepto de "minuta" tras haber entregado previamente 13.400 euros por ese vehículo.

También simularon la venta de una nave industrial en el polígono el Pino de Mairena del Aljarafe, por la que lograron defraudar 240.000 euros, y en muchas ocasiones las operaciones estaban relacionadas con la venta de pisos embargados en las playas de la costa onubense.

Así, a una de las víctimas le ofrecieron la compra de una casa en la playa de Isla Antilla por un precio de 83.000 euros, le enseñaron el inmueble tras "partir una cadena" que custodiaba la cancela de entrada. Esa noche, el principal imputado, Pedro G. C., telefoneó al comprador indicándole que "no tuviera dudas, que todo era legal, que él era perito en el juzgado y que como tal tasaba las casas y se llevaba una comisión junto con el juez por sacar la casa y parar la subasta".

A otra de las víctimas, este acusado le comentó en una ocasión que, dado su carácter de perito judicial, "le hacía las guardias a los jueces y fiscales y tenía acceso a los bienes que iban a salir a subasta", todo ello para dar credibilidad a la estafa.

La Fiscalía concluye que en las 17 estafas que se les atribuyen lograron defraudar un total de 1.579.940 euros, cantidad que exige sean devueltas por los procesados a todas las víctimas.