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La Fiscalía denuncia las amenazas y coacciones a taxistas en el aeropuerto

La asociación Foro Taxi Libre elevó el caso al Ministerio Público, que ahora reclama que se investigue si existe un grupo organizado para "controlar la actividad" del sector en San Pablo.

Varios taxis estacionados en la parada del aeropuerto de San Pablo, en una imagen de archivo.
Jorge Muñoz

10 de enero 2013 - 05:03

Un nuevo paso para intentar acabar con los históricos ataques a los taxistas en el aeropuerto de San Pablo. La Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia en el decanato de los juzgados para que se investigue si existe un monopolio para controlar el servicio en el aeródromo sevillano, después de los últimos incidentes que se registraron el pasado verano, en el que al menos cuatro vehículos sufrieron pinchazos en sus ruedas y arañazos cuando se hallaban en la terminal, en un gesto que la mayoría de los taxistas interpretaron como un boicot de sus compañeros que prestan servicio en el aeropuerto.

La Fiscalía de Sevilla, según han confirmado a este periódico fuentes del Ministerio Público, ha analizado en los últimos meses la denuncia que presentó en junio pasado la asociación Foro Taxi Libre y ha decidido elevar esta denuncia a los juzgados, al entender que existen indicios de posibles delitos de amenazas y coacciones. La Fiscalía, sin llegar a referirse expresamente en su decreto a la existencia de una mafia en el sector, sí habla del intento de "controlar la actividad" del taxi en el aeropuerto por un grupo de miembros del colectivo.

El Ministerio Público hace referencia a los últimos episodios violentos producidos en el aeródromo hispalense, algunos de los cuales ya están siendo objeto de investigación por parte de algún juzgado. Pero la denuncia de la Fiscalía es más genérica y trata de determinar si realmente existe un grupo organizado como tal que controla la actividad del sector en la terminal y que podría ser presuntamente responsable de esos ataques que han sufrido otros taxistas.

Una vez que se recibió la denuncia de Foro Taxi Libre, la Fiscalía de Sevilla tenía dos opciones: archivarla o presentar a su vez una denuncia en el decanato, al objeto de que se remita por turno de reparto a un juzgado de Instrucción y se abran unas diligencias previas para investigar los hechos denunciados. Al haber optado por esta opción, la Fiscalía de Sevilla entiende que hay indicios de delitos de amenazas o coacciones, según explicaron las mismas fuentes. El presidente de Foro Taxi Libre, Juan Martín Caparrós, confirmó este miércoles a este periódico que la asociación decidió presentar la denuncia para que se investigaran las "amenazas y agresiones" sufridas por algunos de los taxistas que prestan servicio en el aeropuerto. Con la denuncia, la asociación pretende que se recupere "la seguridad y la libertad en la prestación del servicio", por cuanto entiende que existe una "desviación de poder" supuestamente establecida por el Ayuntamiento, ya que al no existir un sistema de turnos rotatorios en la terminal se "favorece" a los profesionales que desempeñan su labor en esta ubicación de la ciudad.

La asociación presentó una solicitud en el Consistorio para que se convocara al gremio a un referéndum para decidir si era procedente o no fijar los turnos rotatorios. Foro Taxi Libre entiende que la decisión del Ayuntamiento de derogar los turnos rotatorios, en el año 2003, es "nulo de pleno derecho", por cuanto una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del año 2002 confirmó que el establecimiento de los turnos se "ajustaban a derecho". Esta sentencia se produjo después de una consulta realizada al sector en la época en la que Blas Ballesteros (PSOE) era delegado de Tráfico y en la que se decidió implantar el sistema rotatorio.

Los turnos se eliminaron en 2003, una vez que el Ayuntamiento y los taxistas llegaron al acuerdo de establecer una tarifa fija para los servicios del aeropuerto, pero sin que la misma se reflejara en los taxímetros. El presidente de Foro Taxi Libre ha señalado que existe una "incongruencia" en el hecho de no propiciar la rotación en el aeropuerto y, en cambio, establecer una tasa de parada por la ocupación de la vía pública.

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