La Fiscalía pide imputar en el caso Marismas al interventor delegado en Agricultura

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado la imputación de un interventor delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca en la causa abierta por las supuestas irregularidades en los procedimientos de adjudicación de obras de la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir, que recibió en 2004 una subvención de 40,1 millones de euros para la modernización de la red de riegos.

El fiscal ha solicitado al juez de Instrucción número 16 de Sevilla que impute en la causa al interventor Juan Luque Alfonso, quien también está imputado en la causa de los ERE fraudulentos por su actuación como interventor delegado entonces en la Consejería de Empleo. Ahora, el Ministerio Público pide que se le tome declaración como imputado en el caso Marismas, "por su participación como interventor delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca en el pago de la subvención correspondiente a la primera certificación, desobedeciendo por completo el procedimiento establecido y sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos para la autorización de dicho pago".

Además de la imputación del interventor, la Fiscalía ha reclamado al juez la práctica de una batería de nuevas diligencias, entre las que destaca la realización de un informe pericial que considera fundamental para la marcha de las investigaciones. Ese peritaje, que la Fiscalía pide que se encargue a técnicos de la Junta que sean "especialistas en regadíos y obra pública" dada la complejidad del mismo, debe analizar la obra "realmente ejecutada, la obra certificada y la obra realmente pagada", y comparar los diferentes proyectos: el Pliego de Condiciones Particulares, el Documento Técnico Complementario, el Proyecto Constructivo y el "intentado" Proyecto Complementario.

Tanto el instructor como la Fiscalía consideran, por ahora, que la primera certificación de obras que se realizó -por importe de 4,2 millones- es "absolutamente inveraz", por cuanto no se había ejecutado "prácticamente nada de obra" y a pesar de ello se certificó que se había "ejecutado y acreditado obras" por ese importe.

De la misma forma, el fiscal ha solicitado que se recabe el auxilio jurisdiccional de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para el "análisis de las facturas, certificaciones y pagos/cobros correspondientes a las mismas, de modo que los técnicos que se designen puedan colaborar no sólo directamente con este juzgado, sino también con el equipo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, encargado de la investigación".

A la Comunidad de Regantes Marismas, la Fiscalía quiere que se le reclame abundante documentación, entre ella el original de las certificaciones de obra, los justificantes de abono de las distintas certificaciones y las facturas presentadas para proceder al pago, así como -en caso de existir- la documentación relativa a los avales presentados por la UTE Befesa-Alpi para garantizar el importe de las distintas certificaciones.

Por último, la Fiscalía ha solicitado al juez que declare esta causa como de "especial complejidad" y se amplíe la instrucción a 18 meses, dado que la misma no se podrá completar antes de junio del próximo año.