La Fiscalía pide a Bolaños que procese a 20 personas en la causa del delito societario de Mercasevilla
Inculpa a los ex directivos del mercado, al conseguidor de los ERE Juan Lanzas, y a ocho trabajadores que cobraron un premio extraordinario de jubilación.
Sevilla/La Fiscalía de Sevilla considera finalizada la instrucción de la causa abierta por el delito societario investigado en la empresa Mercasevilla y ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que procese a 20 personas, entre ellas los ex directivos del Mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce, así como a la responsable del departamento de Contabilidad Pilar Giraldo, y el conseguidor de los ERE Juan Lanzas.
En un escrito que tiene fecha del pasado 4 de octubre, el fiscal Juan Enrique Egocheaga exponía que la instrucción de la causa está finalizada y solicitaba a la juez que elevara al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la exposición razonada para que se investigue al parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez por los supuestos "contratos simulados".
La Fiscalía entiende que existen indicios, "sin perjuicio de la acreditación de conductas en la dirección de la empresa que pueden ser corregidas en el ámbito societario y contable, de la comisión de unos hechos con real relevancia penal cometidos en la administración de los fondos de la entidad Mercasevilla", por lo que ha pedido a la instructora que dicte un acto de incoación de un procedimiento abreviado contra 20 personas.
El Ministerio Público considera que los hechos pueden ser constitutivos de hasta tres delitos. Uno de prevaricación, "derivado de la firma de contratos con las empresas Hermes Consulting y Maginae Solutions" con Mercasevilla; otro de malversación de caudales públicos, por los "diversos actos de disposición de fondos de Mercasevilla realizados sin control ni causa lícita alguna"; y un tercero de falsificación de documento mercantil, derivado de la "confección, presentación y final pago por Mercasevilla de facturas por servicios ficticios".
La Fiscalía pedía que se enviara al TSJA sólo la parte de la investigación que afecta a Carmelo Gómez, pero la juez ha decidido finalmente incluir en la exposición razonada a otras seis personas no aforadas: el ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García; el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; el conseguidor de los ERE Juan Lanzas; el cuñado de éste, Ismael Sierra; María del Carmen Rodríguez, nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; y el gestor José Rodríguez López.
En el escrito la Fiscalía pide que se procese a los ex responsables del Mercado Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo, así como a los administradores de Hermes Consulting –Francisco José González y Francisco Limón Romero-, al conseguidor de los ERE Juan Lanzas y su cuñado Ismael Sierra, así como al gestor José Rodríguez López, al ex edil del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García y a María del Carmen Rodríguez López, nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
La Fiscalía también incluye al ex presidente de la asociación de mayoristas de pescado Antonio Vela –por el cobro de unos palets- y su hija Carmen Vela, beneficaria de una supuesta beca, así como a ocho trabajadores de Mercasevilla que se acogieron al ERE de 2007 y que "pactaron con Fernando Mellet recibir de manera ilícita más dinero del debido bajo la cobertura de un premio extraordinario de jubilación y/o gratificación".
Archivo para otros cuatro investigados
De otro lado, la Fiscalía ha pedido que se archive la causa contra otros cuatro investigados, al estimar que no ha quedado acreditada la existencia de “mínimos indicios de su participación dolosa en los hechos”. Estas cuatro personas son el actual jefe de Caja y Contabilidad de Mercasevilla José Manuel Pulido, la ex directora de Estructuras Regla Pereira, el economista José Antonio Ripollés Muñoz –que prestaba asesoramiento contable al mercado-, y el testaferro Francisco Algarín Lamela, en este último caso al considera que los hechos están relacionados exclusivamente con el presunto cobro, mediante la elaboración y cobro de "facturas falsas" de comisiones ilícitas derivadas únicamente de la intermediación en la consecución de la ayuda pública de la Junta para el ERE de Mercasevilla de 2003, hechos que se investigan en la causa matriz de los ERE fraudulentos.