Visto y Oído
Francisco Andrés Gallardo
Abogados
LA GESTIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
Sevilla/Un millón de euros. Se trata de la cantidad que la Hacienda local ha dejado de percibir del Palacio de Congresos y Exposiciones en concepto del IBI. La comisión ejecutiva de la Agencia Tributaria de Sevilla ha declarado prescritos los recibos correspondientes a 2011 y 2012 al haber transcurrido cuatro años -el tiempo máximo permitido- desde que le fue notificada la última reclamación (en 2013). Esta fecha coincide con el proceso de disolución del Consorcio creado para la ampliación de Fibes y la constitución de Contursa, la sociedad que desde el mandato de Zoido se encarga de gestionar dicho recinto.
La cantidad concreta que dejará de ingresar el Fisco local alcanza los 973.162,19 euros. Así se dio a conocer en la última sesión de la comisión ejecutiva de la Agencia Tributaria, celebrada el pasado 17 de julio. En ella, la gerente Eva María Vidal informa del acuerdo adoptado para aprobar la prescripción de seis recibos por esta cantidad, con lo que se da cumplimiento al informe propuesto tres días antes por el departamento de recaudación de la Hacienda municipal. En él se detalla que ya ha transcurrido el tiempo señalado para que opere la prescripción "sin que se haya realizado actuación alguna con eficacia interruptiva".
Fuentes de la Agencia Tributaria aclararon a este periódico que el periodo para que se proceda a la prescripción de una deuda es de cuatro años y se contabiliza a partir de notificarse el último requerimiento, en este caso, octubre de 2013.
Como refiere el informe de la Agencia, se trata de seis recibos correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una de las principales vías de financiación de las administraciones locales, especialmente en estos años en los que se ha paralizado la actividad inmobiliaria. Cuatro de ellos cumplieron el plazo de pago voluntario en 2011. Las cantidades que deberían haberse abonado entonces eran: dos de 258.691,03 euros, una de 41.874,49 y otra de 129.345,51. Los otros dos recibos eran de 2012, ambos por la misma cantidad: 142.280,06 euros.
Se trata en todo caso de los últimos ejercicios en los que estuvo vigente el Consorcio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, "contribuyente" al que se le reclamó en su día el abono del IBI. Esta entidad expiró precisamente en 2013, cuando se le reclamó por última vez la deuda. A patir de ese ejercicio, el gobierno de Zoido decidió constituir una única sociedad de capital municipal que se encargara de Fibes, donde actuaban hasta entonces dos entidades. Por un lado, el referido Consorcio, constituido para la construcción del nuevo palacio y su auditorio. Estaba participado por el Ayuntamiento hispalense y la Diputación Provincial. Ambos eran propietarios al 50% del primitivo edificio, de ahí que sea al Consorcio al que se le reclamara la deuda. La segunda sociedad -Fibes- era la encargada de gestionar el Palacio de Sevilla Este. Estaba participada por el Consistorio, la Diputación (que ya había anunciado su intención de abandonarlo) y la Cámara de Comercio.
Fuentes de la Agencia explican que el requerimiento cayó en una especie de "limbo" al coincidir con la época en la que se disolvieron ambas sociedades y se constituyó Contursa. "La ley fiscal obliga a que pasado el tiempo máximo desde la última reclamación se prescriban las deudas, por tanto, la Agencia Tributaria de Sevilla no ha tenido otra opción que renunciar a ese dinero", explican estas fuentes.
Una cantidad -cercana al millón de euros- que nunca más se reclamó desde 2013. Entonces gobernaba Zoido y después lo hizo Espadas hasta agotar el plazo máximo de cuatro años. Fuentes consultadas por este periódico explican que en este periodo se podría haber realizado un nuevo requerimiento a Contursa, al ser la continuadora del Consorcio y, por tanto, de sus derechos y obligaciones, entre los que se incluyen los recibos del IBI.
Recientemente la Agencia Tributaria de Sevilla fue también noticia al aprobar el fraccionamiento del pago de 4,7 millones por impuestos y tasas que adeuda la Agencia la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), perteneciente a la Junta. Como adelantó este periódico, dicho aplazamiento se efectuará en seis pagos hasta 2020, a dos por año, comenzado el próximo otoño. Según especificó la Consejería de Fomento y Vivienda, este fraccionamiento obedece al proceso de negociación de la AVRA con la Gerencia de Urbanismo y el Fisco local para compensar la deuda que el organismo autonómico tiene con la Hacienda sevillana y la Gerencia con la AVRA, a raíz de la actuación de esta última en el desarrollo del Polígono Aeropuerto. Dicho débito alcanza los 4,2 millones de euros. No obstante, en su petición de aplazamiento, los responsables de la AVRA hacían hincapié en las dificultades de financiación que atraviesa la agencia.
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