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Fraude en las oposiciones
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, decidió a principios de septiembre, una vez que el juez de Instrucción número 9 procesó a 45 personas por el fraude en las oposiciones, apartar de sus funciones al superintendente de la Policía Local Juan José García, pero no acordó la suspensión de empleo y sueldo de este mando.
Fuentes municipales confirmaron este lunes a este periódico que el hecho de que la Fiscalía de Sevilla haya presentado su escrito de conclusiones provisionales, en el que reclama una multa de 5.400 euros y 13 años de inhabilitación para el superintendente de la Policía Local Juan José García, no varía la decisión que se adoptó tras conocerse el auto de procesamiento, que es el que marca el punto de inflexión en este caso.
Las mismas fuentes explicaron este lunes que Juan José García, tras el escrito de acusación del fiscal, seguirá "apartado de sus funciones", lo que no implica su suspensión de empleo y sueldo. El hecho de que el superintendente haya sido apartado de sus funciones implica que desde ese momento "no tiene capacidad de mando operativo", por lo que, según precisaron las mismas fuentes, "no puede dar órdenes directas ni tomar decisiones".
Éste es el planteamiento que adoptó en su día el Ayuntamiento de Sevilla, del que se dio traslado al superintendente y que éste asumió. Tras ser apartado, este mando de la Policía Local participó tan sólo unos días después en una reunión con todos los mandos de escala técnica, en la que García apareció junto al intendente mayor, Gabriel Nevado, y el delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera.
En esa reunión, el delegado anunció la supresión del Grupo Especial de Policía Local (Gepol), la unidad de Asuntos Internos del Cuerpo que investigó, entre otros asuntos, las presuntas irregularidades en la convocatoria de las oposiciones a la Policía Local. La Gepol ha sido objeto en los últimos meses de diversas críticas y reproches por parte del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme), que había solicitado la disolución del grupo por considerar que no era legal puesto que no aparecía en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento. La Audiencia avaló con rotundidad la actuación de este grupo policial, al poner de manifiesto que está plenamente capacitada para auxiliar a jueces y fiscales. El alcalde se plegó finalmente a los intereses sindicales, anunciando la eliminación de la Gepol y la creación de una unidad de Asuntos Internos.
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