Escritos al IMD y facturas revelan ingresos sin control en La Ranilla

Ex miembros de la junta rectora alertan de cobros a niños por usar las instalaciones o por la colocación de vallas publicitarias

María José Guzmán

29 de noviembre 2013 - 05:03

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) asegura que el cambio de modelo en la gestión de los centros deportivos que ha motivado la protesta de algunas juntas rectoras es necesario para acabar con una situación irregular, que no permite un uso democrático de las instalaciones ni una transparencia en las cuentas de las entidades que las dirigen. Y, como ejemplo, esgrime casos como el de La Ranilla, cuya junta rectora protagonizó el miércoles un escrache al alcalde, Juan Ignacio Zoido, que derivó en una agresión por parte del presidente de dicha junta, Francisco Javier Jiménez, al director del Parque Amate, Humberto Lago.

En los últimos años han llegado quejas y denuncias tanto al IMD como al distrito alertando de irregularidades en las cuentas y en la gestión de las instalaciones, que recae en una única entidad, el club Barrios Unidos. Ya de entrada esto es una irregularidad que se repite en la mayoría de los centros, pues va contra los estatutos del IMD aprobados en 2005, que contemplan que deben ser de tres a cinco entidades la que conformen la junta rectora. Ya en 2006, el entonces delegado de Deportes, el concejal de IU Lolo Silva, advirtió por carta a los presidentes que estaban incumpliendo estas normas; una situación irregular que, no obstante, se mantuvo durante los mandatos en los que dicho partido controló el IMD.

Ex miembros de la junta rectora de la Ranilla advirtieron algunos años después de el club, con menos de 40 socios, tenía ingresos por la explotación del ambigú, la contratación de vallas publicitarias por 300 euros y el cobro a familias de 10 euros al mes para que los menores puedan usar las instalaciones, según recibos que ha podido comprobar este periódico. Y que no había constancia alguna de estas cuentas. Esta falta de transparencia y la prepotencia de los directivos hizo que algunos de los miembros decidieran dimitir y desvincularse de la junta y del club que, sin embargo, mantiene que las cuentas se aprobaban en las reuniones periódicas.

Dicha entidad, como todas las presentes en las juntas rectoras de estas instalaciones de la ciudad, no pagan nada por los gastos de mantenimiento, esto es, las facturas del agua y la luz son asumidas por el Ayuntamiento de Sevilla. El club que gestiona La Ranilla ha recibido incluso del IMD, en los anteriores mandatos, equipos informáticos, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. La firma del recibí corresponde a Francisco Javier Jiménez.

El gobierno local está inmerso desde hace casi dos años en un proceso de cambio de la gestión de las instalaciones que tiene repartidas por la ciudad. El IMD ya había rescatado casi una decena de centros cuando el pasado mes anunció su apuesta por sacar a concursos estas instalaciones. hasta treinta y entregarlas en concesión administrativa. Un modelo que la oposición y algunos clubes consideran una privatización, algo que el gobierno local niega argumentando que se entregan por pocos años y que la titularidad seguirá siendo municipal. Según el IMD, no habrá gestión directa, sino contratos de servicio público breves por un máximo de cinco años; y la intención de que sean los propios clubes y asociaciones de los barrios quienes se encarguen de ello.

El club que ha estado al frente de La Ranilla puede por tanto concurrir a este concurso, pero alega que no podrá hacer frente a las condiciones que se piden. Según Jiménez, los costes de electricidad, suministro de agua, pólizas de seguro, telefonía, vigilancia o equipamiento sujetos al adjudicatario según los pliegos, y que ya deberían costear estas juntas rectoras por estatutos, se suman a un canon anual de 671 euros, dispararían los gastos de explotación hasta los 72.000 ó "117.000 euros anuales", lo que resultaría "inasumible" . El Ayuntamiento hace frente cada año a un gasto de 1,5 millones de euros por gastos que deberían abonar los clubes que dirigen las juntas rectoras.

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