“Las 'setas' (de la Encarnación) han devuelto a la ciudad lo que costaron”

El exdirector del Plan Estratégico de Sevilla 2010, el doctor en geografía Enrique Hernández Martínez (Sevilla 1965), recoge en el libro Sevilla y los cambios. Transformaciones urbanas en la primera década del siglo XXI las innovaciones que experimentó la ciudad entre 2000-2010, coincidiendo con la Alcaldía de Alfredo Sánchez Monteseirín. Es un extracto de su tesis doctoral, el primer libro de la colección de Geografía editado por la Universidad de Sevilla y se ha presentado en la Feria del Libro.

“Este libro no es un intento de reivindicar, sino de documentar y ahora se puede analizar aquella época con la tranquilidad que merece. Es una mirada tranquila hacia ese periodo con datos sobre la mesa. Proyectos que generaron polémica como las setas (Metropol Parasol) no se han caído y ahora son asumidos por todo el mundo”, afirma. Hernández mantiene que el volumen de obras e inversiones que se hicieron en esta década es comparable al de la Exposición Universal de 1992, sin contar el AVE.

Precisamente a las setas, cómo se gestó el proyecto y su resultado, dedica el libro una veintena de páginas. En relación al derroche de dinero público que se criticó a este mandato, Hernández admite que en las setas se duplicó la aportación municipal prevista y señala que ese dinero se ha recuperado. “Estoy convencido de que las setas ya han devuelto a la ciudad lo que costaron y como espacio público han demostrado sobradamente su éxito, ningún espacio de la ciudad tiene tanta diversidad de usos y es el sitio para ver las cofradías desde su grada”, asegura.

Sobre su coste, nos cuenta que la Universidad prepara un estudio al respecto que se conocerá en breve. Cree que las setas son el icono de que Sevilla ya está en el siglo XXI y que esta construcción no hubiera sido posible en la ciudad en el siglo XX.

Según el libro, el coste de las setas pasó de 29 a 68,8 millones (aun cuando un informe en el mandato de Zoido arrojó que el coste final superó los 90 millones, un 75% más de lo presupuestado) y no se ha hecho nueva encuesta ciudadana sobre las setas tras la última en 2011 que da un suspenso al proyecto.

La asignatura pendiente de las setas, según Hernández, es el Antiquarium, por la necesidad de inversión permanente para mantenerlo. En su opinión, Sevilla debería cobrar una tasa turística para pagar el mantenimiento de los recursos turísticos que atraen a los visitantes, como hacen otras ciudades.

De esta década Hernández destaca que fue “un acierto canalizar los rendimientos del urbanismo y de la expansión económica en el crecimiento de la ciudad” con las peatonalizaciones (de la Avenida, Plaza Nueva, Alfalfa, Alameda, etc.) y el cambio en la movilidad que trajo el carril bici, entre los más relevantes. Destaca las 7.000 viviendas protegidas que Emvisesa entregó en cuatro años, lo que triplicaba la gestión realizada en las décadas anteriores. Señala el plan de regeneración de cauces con 100 millones, tras un convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con fondos europeos, y el Ayuntamiento, por el que se construyó un anillo verde entorno a la ciudad (parques Guadaíra, Vega de Triana, etc.). Otros cambios importantes fueron el tranvía del centro (del Ayuntamiento) y la primera línea del Metro (competencia de la Junta).

Para Hernández, el impulso de estos cambios radicó en basarlos en un plan urbanístico (PGOU de 2006 más Plan Estratégico), lo que demuestra “el triunfo de la planificación”.

Improvisaciones

Sin embargo, no dice que hubo importantes improvisaciones, como el tranvía de Plaza Nueva al Prado. Admite que este transporte no estaba planificado en el plan urbanístico, y se incorporó después. “Es verdad que en las primeras versiones del PGOU no figura el tranvía, sino un ramal del Metro a Plaza Nueva. Hubiera sido más barato y coherente con el sistema de transporte, pero hubo una incapacidad para asumir un riesgo político, la Junta se negó a hacer ese ramal. Para no dejar sin transporte público al centro se añade al PGOU una red de tranvías para la ciudad que no se ha hecho”.

Según el libro, el tranvía Prado-Plaza Nueva se encareció de 27,8 millones adjudicados a los 68 millones, y la ampliación a San Bernardo costó otros 14,16 millones. Recoge las críticas de la oposición respecto a su elevado coste con tan corto recorrido, la improvisación con que se hizo y que duplica buena parte del trazado del Metro, pero no es realista en la cifra de demanda, ya que hace tiempo que no es la segunda línea en viajeros (en 2019 era la séptima, con 3.68 millones de viajeros/año).

Otra improvisación fue gastar el dinero aportado por los promotores de suelo (al patrimonio municipal de suelo) en el carril bici, las 'setas' y otras obras dejando sin construir infraestructuras para urbanizar esos suelos. Hernández ve bien ese gasto. “Fue una medida acertada y progresista y así se aplicó por más que protestaron los empresarios. Un cambio en la ley del suelo, coincidiendo con la elaboración del PGOU, permitía que ese dinero se dedicara a proyectos de la ciudad. Yo creo que acertadamente porque los beneficios de la ciudad son para la ciudad”, afirma. Sobre gastar el dinero de los promotores alega: “No es su dinero; aportan a la ciudad porque están obteniendo unos beneficios enormes a cambio de un suelo y eso va a la bolsa común”.

En 2009-2010, ante la presión de empresarios y patronal Gaesco contra esta práctica municipal (vía denuncias en los tribunales), el Ayuntamiento rectificó y los fondos que se obtenían del patrimonio municipal de suelo irían a las obras de donde provenían. Luego llegó la crisis económica.

Otro capítulo negro del mandato fue pagar 42.000 euros en bolsas de plástico a cada familia chabolista de Bermejales (cuando el gerente de Urbanismo era Manuel Marchena) para que abandonaran el suelo donde se habían proyectado miles de viviendas, un error con consecuencias muy negativas en el Polígono Sur. “Es una forma de actuar totalmente errónea, pero se trató de un error puntual. Por supuesto que hubo errores en este mandato, y cosas que se debían de hacer de otra forma. Cuando se hacen muchas cosas tienes el riesgo de equivocarte, pero el peor error es no actuar. Prefiero a las administraciones y a los gobernantes que arriesgan para hacer cosas, que el quietismo político. El riesgo político es un valor escaso hoy”.

Que el mandato municipal de Monteseirín trajo indudables cambios a la ciudad es cierto, como también lo es que acabó ensombrecido por los escándalos políticos (facturas falsas, venta de los suelos de Mercasevilla y otros) de los que no se habla en el libro. Hernández opina que el origen de todo estuvo en “un ambiente político de crispación, en polémicas políticas y mediáticas, pero después salen las sentencias y todo se va quedando en nada”. Sin embargo, el caso de las Facturas falsas sí acabó con dos responsables en prisión: el empresario José Pardo y el exsecretario del distrito Macarena, José Marín. Es meritorio, concluye, que en esa tormenta política casi permanente la ciudad fuera transformándose y los proyectos fueran saliendo.

La urgencia de una gestión metropolitana para Sevilla

El exdirector del Plan Estratégico 2020 lamenta la falta una gestión metropolitana de la ciudad y su entorno, pese a la vocación metropolitana del PGOU. “No se consigue que las administraciones local, provincial y la Junta asuman compromisos para la gestión metropolitana. En el transporte es aún endeble. Lo coherente sería empezar por coordinar políticas concretas: las sociales, las de vivienda y suelo, etc.”, señala Enrique Hernández.

Del PGOU de Sevilla, que no está cumplido todavía, admite que tiene aspectos que corregir, como la regulación que afecta a La Palmera, pero en su globalidad valora su visión sostenible, progresista y social de la ciudad y opina que la prioridad debe ser intentar cumplirlo ahora que vienen fondos europeos.

Elogia que el plan urbanístico apuesta por mantener los suelos industriales y productivos sin sustituirlos por terciarios, lo que originó el conflicto con Altadis, y que el deber de la administración es mantener el sector productivo industrial (como se hizo con Heineken y con el proyecto del A-400M), pese al interés de los inversores en el sector terciario. Lamenta la pérdida de suelo productivo tecnológico de altísimo nivel como el de Abengoa, donde va la Ciudad de la Justicia y reclama que las administraciones velen por que “el mercado no decida todo en la ciudad”, lo que se llama el derecho a la ciudad.

Sobre la proliferación de inversión en turismo, opina que “es fácil de conseguir inversiones en hoteles y apartamentos en Sevilla, si bien el interés de la ciudad está en compatibilizarlo con una diversidad productiva”. Apuesta por aprovechar el ciclo expansivo que se está dando tras la pandemia para transformar la ciudad gestionando el gran volumen de fondos que llegarán de Europa.

Las asignaturas pendientes de la ciudad en urbanismo son el soterramiento de las vías del tren que separan el Polígono Sur de Bami (pendiente desde el plan de 1987) para acabar con el aislamiento social de estos barrios con pobreza y marginalidad.

También solucionar el desarrollo de Tablada, “que tiene que ser verde y pública” y solventar la propiedad de estos suelos (es miembro de la Mesa por Tablada ciudadana).

En lo social, tener varios de los barrios más pobres de las grandes ciudades del país también es un problema que solucionar. Lamenta que la posición de la sociedad “no es tan clara” a la hora de apoyar que se destine mucha inversión a las zonas más necesitadas. “Eso hace que los políticos tampoco quieran hacer de eso el leit motiv de su mandato y sienten que por estas iniciativas no les van a aplaudir por las calles”, opina. Para solucionar esto hace falta un impulso económico y de gobernanza.

Es partidario de aplicar el modelo del Comisionado del Polígono Sur a otras zonas con necesidades. “La Junta de Andalucía tiene que aprobar y aplicar una Ley de Barrios para zonas con dificultades que funciona en otras ciudades. El Comisionado del Polígono Sur ha hecho avances interesantes, pero debería recuperar la relevancia que ha perdido a lo largo del tiempo y aplicar el modelo a otros barrios”.

El libro habla de las iniciativas de movilidad valientes que causaron enorme polémica (Plan de restricción de tráfico en el centro, sentido único en la ronda histórica), aunque pasa de puntillas por el fiasco del plan de aparcamientos subterráneos para residentes que se proyectó en los barrios al ser los suelos privados su mayor parte. Tampoco dice nada de la deficiente construcción de los pasos subterráneos (Bueno Monreal y Ronda del Tamarguillo).

Una historia familia de cine

Enrique Hernández Martínez (Sevilla 1965), el autor del libro, es doctor en Geografía y fue director del Plan Estratégico de Sevilla 2020. Presidió el Colegio de Geógrafos de Andalucía de 2005 a 2017. En la actualidad es autónomo consultor que asesora en temas de agenda urbana (planificación estratégica y territorial, desarrollo sostenible y Agenda 2030 Local). En su tiempo libre es hortelano en el Alamillo, donde cultiva sus productos, y ciclista convencido. Nació en la calle Bailén y se crió en el centro de Sevilla (hoy vive en Coca de la Piñera), fue al colegio en el Patio de San Laureano (que de noche se abría como discoteca), y jugaba en la Plaza del Museo con los hijos de trabajadores. Su familia paterna, de Granada, y la materna de la Sevilla Macarena. Sus ancestros dan para otro libro. Su padre Enrique Hernández Alemany era sacristán y músico -barítono- en la parroquia de la Magdalena junto con Antonio Domínguez Valverde. Su abuelo, carpintero para la Exposición de 1929. Y su bisabuelo, Francisco Martínez, cruz de guía de la Macarena, fue el que tiró la cruz de guía de la Macarena para evitar que el Gran Poder cruzara por delante. Este fue el escándalo que propició la concordia entre las dos Hermandades.