Empresarios amagan con irse de la isla por falta de parking

Empresas que plantean marcharse ante la dificultad que tienen sus trabajadores de aparcar. Esta situación es la que se vive actualmente en el Parque Tecnológico de la Cartuja y a la que, por ahora, no se le ve solución inmediata, entre otros motivos, porque el problema ha derivado ya en una confrontación política entre la Junta y el Ayuntamiento hispalense.

El Círculo de Empresarios de Cartuja expuso este martes las consecuencias que ha tenido el cierre por parte de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) -organismo dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda- de las 2.300 plazas de aparcamiento en la banda oeste del parque, junto a la avenida Carlos III. Esta zona se blindó en febrero, y ello pese a estar en vigor un convenio con la endidad de conservación del parque -formada por todas las empresas instaladas en él- por el cual a cambio de ese uso dicha entidad se encargaba de su conservación y mantenimiento.

A partir de ahí se agravó la situación, por lo que se intentó llegar a un acuerdo para darle solución. Reuniones entre tres interlocutores: EPSA, Ayuntamiento y empresarios. Cuando, según el círculo empresarial, parecía que se había alcanzado un acuerdo con la Delegación Municipal de Movilidad en una reunión del 17 de julio, la empresa dependiente de la Junta les informó en septiembre que se había elaborado otro documento con el gobierno local que nada tenía que ver con el pactado meses antes.

Este acuerdo, según los empresarios, resulta de "difícil" cumplimiento por varios requisitos. Uno de ellos es la obligación de que cada empresa elabore un plan de movilidad propio (algo aceptado por todos) que ha de ser aprobado por un ente formado por EPSA y el Ayuntamiento (dirigidos por IU y PP, respectivamente) y supervisado periódicamente para comprobar su cumplimiento. Estas condiciones son las exigidas para hacer uso de las bolsas de aparcamiento ahora cerradas.

Los empresarios se niegan a aceptar este acuerdo ya que piensan que seguirían gastando anualmente casi 40.000 euros en mantener una zona que tendría un uso "restringido y condicionado", sin contar con el desembolso necesrio para rehabilitar estos terrenos, "bastante degradados desde su cierre". Por tal motivo, el círculo empresarial ya ha denunciado el convenio vigente por incumplimiento de EPSA al impedir su utilización.

Sin embargo, la empresa de la Junta apoprta una versión muy distinta de los hechos. Pocas horas después de la comparecencia de los empresarios, la Consejería de Fomento y Vivienda, mediante un comunicado, informaba que ha denunciado a la entidad de conservación por el incumplimiento del convenio y que el cierre de los aparcamientos se debió a la falta de mantenimiento de la zona.

Los empresarios insisten en que detrás de estos "obstáculos" subyace una confrontación política entre administraciones y el deseo de IU de extender sus "postulados" de movilidad (con el uso prioritario del transporte público y la bicicleta) al parque tecnológico, algo que según ellos es bastante difícil de aplicar, ya que las reducidas conexiones públicas (con sólo dos líneas de Tussam y un tren de cercanías que no llega a la parada de Metro en Blas Infante) obligan a la mayoría de los trabajadores a desplazarse en vehículo privado. Ésta es la razón por la que se oponen a la propuesta de EPSA de que se habiliten 3.355 plazas de zona azul, una cifra que los empresarios quieren limitar a 200 en la calle Leonardo Da Vinci para "la visita de los profesionales". Varias empresas plantean su traslado si antes de 2014 no se soluciona el problema de movilidad, debido a las dificultades de los trabajadores para aparcar. Entre ellas se encuentran Epyme y Konecta.