Educación gasta 90 euros por alumno en libros gratuitos de texto

Es, sin duda, una de las mayores apuestas que ha realizado la Junta en materia educativa desde que tiene las competencias en dicho ámbito. Se trata del programa de gratuidad de libros de texto, de los que se benefician casi 230.000 alumnos sevillanos. Este plan supone para las arcas de la administración regional un desembolso anual que supera los 20 millones de euros en la provincia. Esto significa que cada curso la Consejería de Educación se gasta una media de 90 euros por estudiante. La principal novedad para el próximo curso será la implantación de la gratuidad en el material que se usa para impartir la segunda lengua extranjera en cuarto y sexto de Primaria.

Este programa cumple 12 años de su puesta en funcionamiento. Fue en el otoño de 2005 cuando, por primera vez en Andalucía, las familias no tuvieron que hacer frente a ningún gasto para comprar los libros de texto. Una medida de la que se benefician tanto los centros públicos como los concertados. El plan se diseñó para las etapas educativas obligatorias, es decir, desde el primer curso de Primaria (a partir de los seis años) al último de la ESO (16 años). En este periodo se han beneficiado de él en toda la comunidad autónoma 10,6 millones de alumnos, una prestación que ha supuesto un gasto para la Junta de Andalucía superior a los 700 millones de euros.

Con el paso de los años, este programa se ha convertido en un derecho reconocido por el Estatuto de Autonomía, aprobado en 2007. Todos los andaluces que estén cursando enseñanzas obligatorias, por tanto, han de beneficiarse de él, con independencia de la renta de sus hogares. Es una prestación global, muy distinta de la que se obtienen en otros ámbitos educativos, como, por ejemplo, las bonificaciones en las plazas de guarderías, en las que sí se atiende a los ingresos familiares. El procedimiento consiste en un régimen de préstamo. Los libros son propiedad de la Junta. Cuando acaba el curso han de ser devueltos por los usuarios a su centro docente para que puedan ser utilizados por otros alumnos a partir de septiembre.

Éste es precisamente uno de los objetivos que persigue la Consejería de Educación a través de este sistema de préstamos: inculcar en los menores la importancia de cuidar el material de propiedad pública. Para ello, las familias reciben en junio un cheque libro con la relación del material didáctico necesario para el siguiente curso. Estos cheques han de ser canjeados en una librería.

El pasado curso se beneficiaron 229.531 alumnos sevillanos de dicho programa. Esta cantidad engloba a los estudiantes de Primaria, Secundaria, FP Básica y de los cursos de formación básica de Necesidades Educativas Especiales. Para el próximo curso se renovarán por completo los libros de segundo y cuarto de la ESO, y también los del primer ciclo de Primaria, que se cambian todos los años debido al desgaste que tienen entre los alumnos de esas edades (seis y siete años). En los otros niveles se garantiza un 10% de renovación para el material que se encuentre en mal estado. Como novedad, la gratuidad llegará a los ejemplares de la segunda lengua extranjera que se usen en cuarto y sexto de Primaria, cursos en los que se implanta por primera vez esta asignatura, una de las incorporaciones que proceden de la la polémica Lomce. Precisamente, la reforma educativa provocó que durante unos años no se renovara el material didáctico debido a la incertidumbre de la Junta sobre la posibilidad de que finalmente no se llevara a cabo. Esta paralización generó grandes críticas de las asociaciones de padres, ante el gran deterioro que tenían los libros cuando llegaban a sus hijos.

Hasta el pasado curso, Andalucía era la única comunidad española con un sistema de gratuidad en los libros de texto para todos los alumnos. En el resto de las autonomías se han usado otros modelos. En algunas, como Valencia, Navarra y País Vasco, se ofrece una serie de ayudas económicas para esta compra de la que se beneficia el 100% del alumnado. En el resto, se trata de becas que en la mayoría de los casos sólo alcanza al 20% de los estudiantes.

La implantación de este programa, no obstante, ha venido acompañada de varios perjuicios para el sector de los libreros. Por un lado, en bastantes ocasiones los titulares de estos negocios se quejan del retraso con el que la Junta abona las cantidades económicas correspondientes a los cheques libro. En segundo lugar, este sistema de pago ha facilitado que sean muchas asociaciones de padres (AMPA) las que se hagan cargo directamente de la venta de los libros al llegar a acuerdos con las editoriales. Esta comercialización supone una dura competencia -incluso desleal- para las librerías, que reclaman al Gobierno andaluz que frene esta actividad que el sector considera "ilícita".