Ecologistas denuncian que la Junta habilita a Minera Los Frailes para "envenenar" el Guadalquivir durante 18 años y medio

Ecologistas en Acción ha denunciado este martes que la Junta de Andalucía ha habilitado a Minera Los Frailes para "envenenar" el Guadalquivir durante 18 años y medio a su paso por Sevilla y ha considerado que el Gobierno del PP "se hace cómplice de la posible corrupción de la adjudicación en 2015 de los derechos mineros" de la zona de Azncóllar.

En un comunicado, la organización ecologista señala que la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha elaborado un Dictamen Ambiental favorable al proyecto de la empresa Minera Los Frailes (MLF), de reapertura de la explotación minera de Aznalcóllar. Explotación minera cerrada tras la catástrofe ambiental de abril de 1998, que se produjo como consecuencia de la "negligente rotura" de la balsa de Boliden, lo que provocó el vertido de 6,5 Hm3 de lodos tóxicos al Guadiamar.

El Dictamen Ambiental se otorga a Minera Los Frailes, participada mayoritariamente por la multinacional Grupo México, a pesar del juicio oral que se va celebrar entre marzo y julio de 2025 en la Audiencia Provincial de Sevilla contra 14 personas funcionarias y autoridades de la Junta de Andalucía acusadas de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos, fraude, negociaciones prohibidas y prevaricación ambiental.

Allí se juzgará la sospechosa adjudicación de los derechos mineros de la Zona Aznalcóllar, que acabaron en 2015 en manos de Minera Los Frailes (MLF). También se juzgará a los hermanos López Magdaleno, socios minoritarios de MLF que actuaron como conseguidores de esos derechos, y la propia MLF consta como posible responsable civil subsidiaria en ese juicio, recuerda el comunicado de los ecologistas

Los principios de precaución y de seguridad jurídica aconsejarían la suspensión de los procedimientos de autorización hasta que se celebre ese juicio oral en 2025, y así lo sigue instando Ecologistas en Acción ante la Audiencia Provincial de Sevilla. "Las prácticas posiblemente corruptas que se enjuiciarán en 2025 se asemejan bastante a las que han desembocado en la reciente dimisión del Primer Ministro de Portugal, en relación a la adjudicación de permisos para minas de litio", ha añadido.

El Dictamen Ambiental firmado el pasado 27 de octubre, propone autorizar, durante la fase preoperacional previa al reinicio de la actividad minera, el vaciado completo de las aguas contaminadas con metales pesados de la Corta de Los Frailes (CLF) y el vaciado parcial de la Corta de Aznalcóllar (CAZ). Esta última alberga gran cantidad de los lodos tóxicos que se recogieron tras el vertido de 1998.

El vaciado inicial se realizaría durante 18 meses, mediante una tubería de 30 kilómetros que conduciría el vertido desde una Planta de Tratamiento de Aguas (PTA) situada en el recinto minero hasta el Estuario del Guadalquivir a su paso por Sevilla, enfrente del estadio olímpico. En total se verterían 15 Hm3 de la CLF y 2,52 Hm3 de la CAZ. Posteriormente, durante la operación de la nueva mina subterránea (fase operacional) se pretende autorizar un vertido tóxico continuo de 4 Hm3/año durante 17 años.

En total la Junta de Andalucía propone autorizar un vertido tóxico global de 85,52 Hm3 en Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, que contaminará todo el Guadalquivir desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, afectando igualmente al Parque Nacional de Doñana.

A pesar del proceso de depuración, la carga contaminante máxima acumulada en los 18 años y medio que se propone autorizar tiene un alto contenido en metales como Arsénico (2.709,12 kg), Cadmio (677,28 Kg), Cobre (5.577,60 Kg), Cromo (717,12 kg) Mercurio (23,90 kg), Níquel (5.577,60 Kg), Plomo (796,80 kg), Selenio (796,80 kg) y Zinc (26.294,40 kg), entre otros contaminantes.

En ese tramo del río se localizan las tomas de riego de las 36.000 has de arrozales que pondrán en cuestión su seguridad alimentaria y donde se crían los alevines del caladero del golfo de Cádiz, con lo que la contaminación por bioacumulación de metales pesados del pescado y mariscos capturados en esa zona estará asegurada.

El vertido propuesto ha contado con el visto bueno de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, anteponiendo los intereses de Minera Los Frailes a los intereses de los arroceros, agricultores, pescadores y mariscadores del Estuario del Guadalquivir, y poniendo en riesgo además la seguridad alimentaria de sus productos y la salud general de sus consumidores.

Hay que tener en cuenta que este vertido se acumulará con el que ya tiene autorizado la empresa minera Cobre Las Cruces para su proyecto polimetalúrgico PMR, cuyo punto de vertido se sitúa también en el Estuario del Guadalquivir, unos 4 km aguas arriba, junto al puente viejo de La Algaba, con un volumen total autorizado de 2,34 Hm3 durante un periodo aproximado de 14 años, es decir, un total de 32,76 Hm3 de vertido igualmente tóxico y altamente contaminante de los mismos metales pesados.

Ecologistas en Acción, como parte personada en el procedimiento, ha anunciado que presentará alegaciones y recurrirá ante los tribunales este "atentado ambiental", y seguirá atento contra las "habituales prácticas corruptas de las grandes multinacionales mineras, como las que han llevado en Portugal a la dimisión del Presidente del Gobierno luso".