Divorcios: De luchar por el piso a repartir deudas

El pasado año, más de 4.200 parejas pusieron fin a su matrimonio, lo que equivale a unas 11 rupturas al día. Son más de un 30% menos que hace una década, cuando la boyante situación económica del país y los nutridos patrimonios matrimoniales a repartir hacían del divorcio una actividad "muy jugosa para la abogacía", recuerda el letrado Francisco Gordillo. "Se ha pasado de repartir pisos a repartir deudas. Ahora la lucha está en salir lo menos endeudado posible", dice.

Según explica el abogado, entre el año 2000 y 2009 era común tratar con parejas con hasta dos viviendas hipotecadas. Entonces las hipotecas no se veían como una carga. "Con la crisis, el concepto de patrimonio ha cambiado. Ahora se dice: 'Tú te quedas con el piso y tú lo pagas".

La crisis económica ha influido mucho en las relaciones personales, según opina Francisco Gordillo. Antes, la principal causa de divorcio era la infidelidad y ahora los problemas económicos. "Dicen que las penas con pan son menos. Conozco matrimonios cansados de la vida que tienen y de la situación económica por la que atraviesan, y ponen fin a su matrimonio más por cansancio y por romper con toda esa situación que por alguna infidelidad".

Esta misma situación económica, sin embargo, ha impedido a otras parejas separarse definitivamente. "Conozco parejas en proceso de divorcio que conviven bajo el mismo techo por cuestiones económicas", apunta la letrada Julia Sánchez-Miranda. Varios expertos señalan que, en estos casos, la convivencia es muy complicada porque no existe una ruptura real de la pareja y uno no puede avanzar en su nueva vida.

El boom experimentado en 2006, con más de 6.100 disoluciones matrimoniales, se debió a la puesta en marcha un año antes del llamado Divorcio Exprés, que no hacía necesario estar separados previamente ni presentar una mínima causa. Además, los costes y la duración del proceso se redujeron notablemente. A partir de la crisis y, sobre todo, desde 2012, las rupturas oficiales han descendido, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La caída más drástica se produjo en 2013, cuando las disoluciones pasaron en la provincia de Sevilla de 4.808 a 4.061 en un año.

En los últimos tres años esta cifra se ha mantenido sin grandes cambios en torno a los 4.200, pero los letrados aseguran no apreciar "una menor carga de trabajo, sino todo lo contrario", como admite Julia Sánchez-Miranda.

El número de matrimonios en los últimos diez años ha descendido un 28%. El pasado año contrajeron matrimonio en la provincia unas 8.000 parejas, 3.300 de ellas por la Iglesia, según datos del Arzobispado de Sevilla. Esta caída de las bodas puede explicar el hecho de que no aumenten los divorcios y separaciones, pero hay un dato que no refleja el último informe del INE sobre disoluciones matrimoniales, las rupturas de las parejas de hecho.

"Cada vez hay menos matrimonios y más relaciones de hecho y parejas que no se registran como tal, que no tienen ningún papel, pero que conviven y tienen hijos y un patrimonio en común", indica el letrado Francisco Gordillo. "Estos casos también entran dentro del Derecho de Familia", añade.

La sevillana María Pérez Galván, abogada de Familia con más de 30 años de experiencia, coincide con Gordillo al afirmar que cada vez son más los casos de parejas de hecho, que "no están computados en los datos que ha sacado recientemente el INE y de ahí que parezca que no han crecido los divorcios". "Tres de cada diez casos son de parejas no casadas y, habiendo hijos, la regulación de los efectos y medidas sobre hijos menores, el uso de la vivienda y la pensión de alimentos son los mismos que en los procesos de divorcio", explica.

Según los datos provinciales del INE, los matrimonios disueltos por divorcio en 2016, que representan el 95% del total, tuvieron una duración media de 16 años, aunque el 31% de estas rupturas se produjeron entre los cinco y nueve años de casado. Con respecto al perfil medio, María Pérez habla de parejas de entre "40 y 48 años de edad, dos hijos, vivienda familiar con hipoteca y ambos con trabajo".

En más de la mitad de los casos de matrimonios heterosexuales, la demanda de divorcio se presenta de mutuo acuerdo, pero cuando no es así es ella la que decide dar el paso. En 2016, 1.148 sevillanas presentaron una demanda de divorcio frente a 589 hombres. Hace 20 años, prácticamente no había diferencia entre ambos géneros. "Tradicionalmente hemos sido las mujeres las que hemos dado el primer paso, surgida la crisis, para regular el divorcio y los efectos y medidas", indica María Pérez Galván. Los letrados Julia Sánchez-Miranda y Francisco Gordillo también opinan que "ellas son más decididas" y "suelen tener las cosas más claras".

La vivienda siempre es un problema para llegar a un acuerdo. Pérez Galván afirma que "falta conciencia social" sobre el problema que supone distribuir el patrimonio común", y por eso aconseja que las parejas se asesoren antes de adquirir alguna propiedad, estén o no casados legalmente. "En ocasiones se cree que, porque la vivienda está comprada de soltero con hipoteca, si te casas en gananciales y abonas tú sólo la hipoteca, la vivienda será sólo tuya, y no es así", aclara Pérez Galván. "La vivienda familiar tiene un tratamiento especial que muchos ciudadanos ignoran y ven cómo, con el divorcio, pueden verse sin ella".

En el 70% de los casos, el divorcio se resuelve por el cauce del mutuo acuerdo. "Hay una tendencia alcista en la utilización de la vía negocial y transaccional para resolver las medidas que deben regir las relaciones personales y económicas de las crisis matrimoniales. Este dato puede valorarse favorablemente en tanto que revela la utilización de fórmulas que reducen la litigiosidad en la resolución de los conflictos de familia", apunta la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), a la que pertenece la sevillana María Pérez Galván.

Otro dato significativo es el incremento de las resoluciones judiciales en las que se establece un modelo de custodia compartida de los progenitores sobre sus hijos menores de edad. Aunque en el 45% de los divorcios la madre es la que consigue la custodia de los hijos, en 2016 se concedieron 415 custodias compartidas en la provincia, un 87% más que las fijadas sólo tres años antes, en 2013.

Este incremento se debe, entre otras razones, a que en los últimos años el Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias en las que señala que la guardia y custodia compartida es "deseable" en los casos de la falta de convivencia de los progenitores, según explica la Aeafa. "Lo que dice ahora la Justicia es que la custodia compartida ya no tiene que ser una medida excepcional, sino que es la aconsejable. La situación se ha invertido. Antes, el juez tenía que justificar y explicar bien por qué concedía la custodia compartida y ahora se tiene que preguntar por qué no debe darla", añade el abogado Francisco Gordillo. "En Sevilla, se está apostando mucho por este nuevo modelo".

Desde la Aeafa señalan también, como motivo de este aumento, los cambios sociales y la necesidad de contar con apoyo para cuidar de los hijos y conciliar la vida familiar y laboral. El pasado año, además, se produjo un aumento de custodias a cargo de los padres, pasando en la provincia de 76 a 100 en un año.

Francisco Gordillo advierte, por otro lado, de un repunte de las modificaciones de las medidas económicas establecidas en un primer momento, especialmente en la demanda por parte de ellos de la guarda y custodia.

La tramitación de un divorcio cuesta entre 900 y 3.000 euros, dependiendo del trasfondo del caso y los intereses en juego. A esto hay que sumar las minutas de los abogados y el procurador. Si la ruptura es de mutuo acuerdo, el proceso será más corto y económico que si es contencioso. Los primeros se resuelven en una media de tres meses, mientras que los segundos se prolongan durante 10 meses. La Aeafa considera necesario reducir los tiempos de duración de los procedimientos, especialmente los que se tramitan por la vía del mutuo acuerdo, "dada su simplicidad".

"Es necesario crear más juzgados especializados, más equipos técnicos, fiscales especializados, puntos de encuentro. En definitiva, más medios materiales y humanos para agilizar y mejorar la resolución de estos conflictos, tan especiales por la materia de la que se trata", concluye la abogada de familia María Pérez Galván.