Detectives para pillar las estafas

De ser un quebradero de cabeza para la Junta a convertirse en una cifra más. Los fraudes han perdido protagonismo en la escolarización. Atrás quedaron aquellos años en los que los padres contrataban los servicios de las agencias de detectives para demostrar que otras familias habían aportado datos falsos para lograr una plaza en el colegio en el que sus hijos se habían quedado sin ella. Esta situación se mantuvo hasta finales de la década pasada, pero la nueva baremación establecida por la Junta y el "castigo" a quienes falsean los datos ha logrado reducir los fraudes durante estos años. A ello se suma también la bajada de la natalidad a consecuencia de la crisis, que ha provocado una menor demanda en la escolarización.

Fue en marzo de 2010 cuando el entonces Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, pidió a la Consejería de Educación que actuase contra los fraudes en la escolarización. La llamada de atención se producía después de la avalancha de denuncias ante esta institución vinculada al parlamento por parte de plataformas de padres y familias particulares que se quedaban sin poder matricular a sus hijos en el colegio deseado debido a los fraudes cometidos por otros. No era para menos, según las agencias de detectives que contrataban los denunciantes, el 25% de los niños que lograban plaza en los centros con mayor demanda lo conseguían con datos falsos.

Los mayores fraudes se cometían en la domiciliación, tanto en la familiar como en la laboral, que era la situación que hasta hace poco aportaba mayor puntuación a la hora de baremar, en caso de que en un colegio no hubiera puestos suficientes para las solicitudes recibidas. Para ello, no eran pocas las familias que se empadronaban en la casa de los padres o de los amigos por cercanía al centro elegido. Los detectives, para comprobar la estafa, permanecían apostados en las inmediaciones de la vivienda de la que se había aportado los datos falsos para comprobar si la familia realmente vivía en ella. Incluso hubo inmigrantes que empadronaron a sus hijos en la casa en la que trabajaban para así poderlos escolarizar en el colegio que deseaban.

Sin embargo, este tipo de fraudes comenzó a disminuir cuando en 2009 desde la Consejería de Educación se decidió que la mayor puntuación (13 puntos), en caso de tener que baremar un listado de solicitudes, la recibieran los niños que ya contaban con un hermano en el colegio o que varios hermanos decidieran escolarizarse en un mismo centro. Una realidad que resulta casi imposible falsear. El domicilio pasaba a ser un factor secundario para conseguir plaza.

Pese a ello, el Defensor del Pueblo insistió en la necesidad de que la Junta interviniera para detener el fraude en dicho proceso -uno de los más complicados que lleva a cabo la Administración regional- para lo que exigió que se endurecieran las sanciones contra quienes mentían. Hasta entonces demostrar que se había engañado sólo suponía la retirada de los puntos relativos a la informacion falsa. Por tal motivo, Chamizo exigió que la familia que cometiera fraude perdiera todos los derechos de prioridad para lograr plaza e, incluso, que se diera conocimiento al Ministerio Fiscal para que interviniese.

A partir de 2012 se dio respuesta a esta solicitud y ahora ya se retiran todos los puntos al menor cuyos padres hayan aportado datos falsos, algo que ha hecho pensárselo más de dos veces a las familias, lo que ha bajado de manera destacada las cifras del fraude.

También en esta merma ha influido el descenso de la natalidad a consecuencia de la crisis que padece el país los últimos siete años. Al haber menos niños, también son menos las solicitudes que se presentan en los colegios, por lo que hay más posibilidades de conseguir plaza en el centro elegido por los padres. Todas estas circunstancias han propiciado que de las 700 reclamaciones que se presentaron en la Delegación de Educación de Sevilla en 2008, actualmente ni alcancen las 300.