El Defensor del Pueblo investigará la situación de las residencias de mayores en Andalucía

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha anunciado este viernes que abrirá una investigación de oficio para analizar el cumplimiento de las obligaciones que tiene la administración pública andaluza en las residencias de mayores para conocer las medidas adoptadas para salvaguardar la salud de los residentes, en esta crisis sanitaria.

"La envergadura de este problema y su dimensión humanitaria hacen necesaria una investigación de oficio", según el Defensor del Pueblo Andaluz, que ha recibido numerosas denuncias, además de la información pública que se ha conocido estos días, ha informado en un comunicado.

Se ha dirigido a la Consejería de Salud y Familias y a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para conocer las medidas específicas adoptadas para la salvaguarda de la salud de las personas mayores residentes en los centros de Andalucía, cualquiera que sea su titularidad, frente al riesgo de contagio por COVID-19, la previsión para realizar las pruebas de detección diagnósticas específicas, además de las actuaciones de coordinación realizadas para garantizar su atención y protección.

Al Defensor le han llegado muchas denuncias públicas por la falta de los equipos de protección a los profesionales para atender a estas personas, con riesgo de contagio mutuo; el desconocimiento de a quién deben instar su aprovisionamiento; la omisión de la práctica de la prueba de coronavirus a residentes mayores que en estos días han sido ingresados en hospitales por neumonía o pudieran padecer la enfermedad por sus síntomas; la carencia de espacios para el aislamiento de los contagiados o residentes con sospecha de afectación vírica; la falta de personal por las bajas sobrevenidas, entre otras.

También ha prestado especial atención a las declaraciones de la Administración sanitaria, alusivas a la cuantificación en 700 las residencias, públicas y privadas, existentes en Andalucía, a sus 45.000 residentes, a los intentos de aislamiento de los casos positivos detectados, a la revisión de las condiciones higiénicas y sanitarias de los inmuebles y al contacto con fines de coordinación con la Consejería de Igualdad, señala el comunicado de esta institución pública.

El Defensor ha hecho un llamamiento humanitario ante la grave situación que atraviesan las personas mayores residentes en centros privados, públicos o concertados en Andalucía y pide respuesta a esta emergencia social "ante los casos de infección y fallecimientos de mayores en estas residencias".

También considera prioritario que las administraciones se coordinen para resolver las dificultades de organización y de respuesta para afrontar las situaciones de riesgo generadas por la falta de equipos de protección y abordar las pruebas de detección de la enfermedad.