El Defensor, Cáritas y Cruz Roja se oponen a que se multe a indigentes

Sevilla/Era de esperar. La ordenanza sobre recogida de residuos y limpieza que entró el martes en vigor en la capital hispalense se coló en los informativos nacionales. El hecho de que las cadenas estatales se hicieran eco de ella obedece a la sanción que se les impondrá -de hasta 750 euros- a aquellas personas que hurguen en los contenedores de basura, una multa que ha provocado las críticas del Defensor del Pueblo Andaluz, de partidos, sindicatos y de ONG, como Cáritas y Cruz Roja, que trabajan diariamente con personas que se ven obligadas a rebuscar material y comida en los contenedores.

A Zoido se le abre un nuevo frente social, esta vez con repercusión a nivel nacional. Los artículos 11.19, 120 y 121 de la nueva ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos municipales incluyen como infracción leve (por lo que puede recibir una sanción de entre 90 y 750 euros) "extraer o rebuscar residuos una vez depositados en los contenedores", imagen que se ha hecho bastante habitual con la crisis y no sólo por parte de inmigrantes extranjeros, sino por sevillanos cuyos recursos económicos han mermado drásticamente los últimos años.

Las reacciones por esta nueva multa no se han hecho esperar.El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, considera que dicha medida no es "afortunada ni eficaz" al ir "contra la población con menos recursos, que busca entre la basura para su subsistencia". Maeztu responsabiliza al Ayuntamiento hispalense, al que exige "el control de la salud pública" y que arbitre medidas para que no se saque la basura de los contenedores sin tener que sancionar "al más débil". "Mejor que informen sobre reinserción y lo que pueden hacer para alimentarse con comida sana sin necesidad de hurgar entre productos ya caducados", subrayó el Defensor.

El presidente de Cáritas Diocesana de Sevilla, Mariano Pérez de Ayala, incidió en la línea expuesta por Maeztu al señalar en declaraciones a este periódico que "hay que optar por poner medios para que no se llegue a la situación de tener que buscar comida en un contenedor". Pérez de Ayala recuerda que las personas que extraen residuos de los contenedores "no tienen otra opción", situación que ya es "suficientemente triste, como para que encima se les penalice".

La presidenta de Cruz Roja en Sevilla, Amalia Gómez, pide al gobierno local que se "modifiquen" los artículos que establecen la infracción y la sanción correspondiente a los indigentes que buscan en los contenedores y apuesta por que el caso de estas personas se traslade a los servicios sociales municipales y de ahí a las entidades benéficas que colaboran con ellos.

"La Policía Local, en lugar de poner multas, ha de derivar a quienes sacan comida o materiales de los contenedores a los servicios sociales y que estos se pongan en contacto con las ONG que tenemos convenios con el Ayuntamiento, que somos los que les podemos ofrecer un catálogo de posibilidades para que salgan de esa situación", explicó la presidenta sevillana de Cruz Roja, quien insiste en que multar es lo último que debe hacerse, "pues etiqueta aún más la pobreza". "Esas personas no pueden cambiar de mentalidad de la noche a la mañana porque les multen, requieren de un sistema integral de atención", recalca Gómez.

Cruz Roja desarrolla varios programas de asistencia social con personas que están sumidas no ya sólo en la pobreza, sino en la marginación. "Son ciudadanos con una autoestima muy baja, que viven en una pobreza estructural, sacarlos de ahí es una labor a largo plazo y para ello Cáritas, el Banco de Alimentos, Educo, Iglesia Evangélica y Cruz Roja tienen convenios con el Ayuntamiento", recuerda la presidenta de la citada ONG. "No se puede sancionar igual al vecino que no abre el contenedor y deposita la basura fuera que a personas sin recursos que buscan sobrevivir con los residuos y no tienen para pagar una multa".

La polémica por la nueva ordenanza ha llegado al terreno político. El portavoz municipal de IU, José Manuel García, ya anunció ayer que en el Pleno de mañana exigirá la retirada de la citada sanción, pues "criminaliza a las personas que sufren en sus carnes el drama de la pobreza". Esta expresión también fue usada por el secretario de Políticas Sociales de CCOO en Sevilla, Sergio Santos, para quien esta ordenanza convierte a la capital andaluza "en una ciudad de auténticas desigualdades".

Frente al aluvión de críticas, el alcalde Juan Ignacio Zoido ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con servicios sociales propios que han incrementado sus fondos para atender a personas sin recursos. También ha alertado del peligro de extraer ciertos materiales y comida de los contenedores. Por su parte, la delegada de Asuntos Sociales, Dolores de Pablo-Blanco, recordó que la "manipulación de la basura" está prohibida desde 2003 y que las multas por esta infracción se adecuan a la ley de 2011 aprobada por la Junta sobre residuos y suelos contaminados.

La entrada en vigor de la ordenanza no impidió que ayer se volvieran a ver a personas hurgando en los contenedores de Sevilla, una estampa cuya desaparición se antoja bastante difícil.