Los últimos de la Corrala rechazaron pisos de Ibercaja en pueblos cercanos

Las familias desalojadas de la Corrala Utopía pasaron ayer su primera noche durmiendo a la intemperie en la Plaza Nueva, justo enfrente del Ayuntamiento de Sevilla y ataviados únicamente con sacos, cartones y colchonetas. Sus hijos menores durmieron en casa de amigos o familiares.

Necesitan un techo de urgencia para los siete meses que quedan desde ahora hasta octubre, ya que para ese mes de otoño la Junta de Andalucía ha prometido alojar a las 22 familias en sus pisos públicos del barrio de San Bernardo, en la capital.

El Consistorio guardó silencio durante todo el día sobre el desalojo hasta última hora de la tarde, cuando el alcalde, Juan Ignacio Zoido, convocó una reunión de urgencia con los responsables de Urbanismo, Emvisesa y Asuntos Sociales. La delegada municipal de Asuntos Sociales y Familia, Dolores de Pablo-Blanco (PP), compareció a las 20:30 para negar que el Ayuntamiento sea responsable del desalojo y afirmar que lo lamenta y que se ha trabajado desde el primer momento con las familias ofreciéndoles el centro de acogida municipal y hostales.

Según De Pablo-Blanco, el desalojo lo ordenó "la propiedad privada (Ibercaja) y la Policía debía ejecutarlo". Con todo, añadió que no entiende por qué las 22 familias de la Corrala han rechazado las viviendas gratis que les ofreció Ibercaja, dueña del edificio que ocuparon, en pueblos del área metropolitana (Camas, Alcalá de Guadaíra, Sanlúcar, Burguillos, Pilas y Salteras) y Bami (sólo una en la capital) hasta octubre. "Ha sido un rechazo sistemático de las familias de la Corrala y de Izquierda Unida a todas las soluciones" de la entidad bancaria, declaró la delegada para explicar lo que a su juicio ha provocado el desalojo del domingo "que no ha sido el procedimiento deseado". Y consideró que "no tiene sentido si tienen pretensiones meramente políticas".

En respuesta al órdago que le lanzó la Junta horas antes al Ayuntamiento para que ofrezca 16 de sus supuestas 528 viviendas vacías, la delegada municipal aclaró que no puede ofrecerles esas 16 viviendas municipales a estas familias porque sería saltarse los requisitos legales para su adjudicación que están recogidos en la norma andaluza. "El Ayuntamiento tiene que garantizar la igualdad de trato. No se pueden coger atajos. Sólo podría hacerlo si la Junta decreta una orden de excepción al procedimiento fijado para los demandantes de vivienda", advirtió.

De Pablo-Blanco recalcó que ninguna de esas 22 familias figura en el Baremo Social de las 388 familias con extrema necesidad social y que sólo estuvieron en este baremo tres familias de la Corrala que no son ninguna de las 22 actuales: una con vivienda adjudicada y otras dos que no están en los primeros puestos de ese baremo.

Por la mañana, la administración andaluza convocó a la prensa para anunciar que ofrecía seis viviendas públicas de su propiedad, en la capital, a los desalojados y pedía al Ayuntamiento que hiciera lo mismo con otras 16. La petición partió del viceconsejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, José Antonio García Cebrián (IU), quien dio el listado de esas 528 viviendas vacías y dijo que hay necesidad de 22 viviendas para cubrir la demanda de la Corrala.

El Ayuntamiento negó tal cifra de pisos vacíos y explicó que el listado no está actualizado ni puede estarlo porque los pisos están en proceso de adjudicación a familias, un trámite lento porque no siempre prospera la operación con los candidatos de la lista. Y añadió que ha solicitado a la Junta transformar los pisos que tiene en venta en régimen de alquiler.

El viceconsejero de Fomento y Vivienda de la Junta acusó directamente al Ayuntamiento de conocer que se iba a producir el desalojo y de no comunicarlo ni a la Junta ni al Defensor del Pueblo Andaluz y lo calificó de "sorprendente". Y dijo que en el alojamiento provisional de las familias de la Corrala en sus seis pisos públicos hasta octubre se aplicará la normativa en materia de vivienda protegida.