Coronavirus en Sevilla: “Los trabajadores de las residencias se han visto en un infierno”

La pandemia del coronavirus ha provocado una auténtica escabechina en las residencias de mayores, donde se han concentrado muchos casos positivos y fallecimientos. La gravedad de la situación ha motivado la intervención de la Fiscalía, bien para realizar un seguimiento de la situación, o para la apertura de diligencias de investigación penal. En el caso de Sevilla, el fiscal delegado de Personas Mayores y de Personas con discapacidad, Norberto Sotomayor, es quien está realizando este seguimiento, aunque por el momento no ha detectado ninguna conducta delictiva.

La sección de Mayores de la Fiscalía hispalense ha comprobado que hay 16 residencias en la provincia de Sevilla donde se han producido muertes de ancianos por el Covid-19: ocho de ellas están en la capital, otras dos residencias en Dos Hermanas, y una en cada una de las localidades de Arahal, Lebrija, El cuervo, El Viso del Alcor, Paradas y Herrera.

Según los datos recopilados por el Ministerio Público, hasta el pasado viernes, 1 de mayo, han fallecido en los geriátricos de la provincia 139 ancianos y otros 164 han dado positivo en Covid-19, lo que supone que la cifra ha bajado considerablemente con respecto a los 341 contagiados que había sólo unos días antes, el 23 de abril pasado.

Pero junto a los mayores que han fallecido o se han contagiado en estos centros, la Fiscalía cuenta con una estadística preocupante: Un total de 158 trabajadores de las residencias han dado positivo en coronavirus, una cifra que, aún siendo importante, también se ha reducido considerablemente desde ese 23 de abril, cuando había 263 contagios entre los empleados de estos centros, cuya labor ha destacado el fiscal. “Los trabajadores de las residencias se han jugado el tipo y se han visto en un infierno. Los trabajadores y los médicos se han partido la espalda, me he quedado impresionado de la labor desarrollada por los médicos y de los sanitarios”, ha aseverado el delegado de la Sección de Personas Mayores de la Fiscalía.

Hasta ahora, el fiscal sigue sin apreciar la existencia de delitos relacionados con las numerosas muertes de ancianos que se han registrado en las residencias de mayores de Sevilla. “En términos generales no se detectan por ahora delitos”, precisa Norberto Sotomayor, quien no obstante señala que todavía tendrá que hablar con los médicos que han estado en estos centros, para que le informen directamente de los hechos que han acaecido en cada uno de estas 16 residencias de la provincia de Sevilla donde se han producido contagios y muertes de ancianos.

En cuanto a la información que ha ido recopilando en las diligencias informativas abiertas, el fiscal concluye que estos centros “cerraron cuando les dijeron que cerraran; los test para detectar los positivos llegaron cuando llegaron” y “en general han cumplido las directrices que se les dieron” desde la Administración autonómica.

Las residencias, apunta el fiscal, han “cumplido con los requisitos legales que tienen, pero no hay que olvidar que las residencias no son hospitales; son como una vivienda con una serie de requisitos”. En cualquier caso, el fiscal considera que a la vista de lo que ha ocurrido habrá evidentemente que cambiar “los requisitos” que se exigen a estos centros y “reforzar el sistema de inspecciones” en los geriátricos y establecer “unas normas”, además de pensar que en las residencias, aunque no son centros médicos, tendrán que contar con más personal sanitario, con algunos profesionales especialistas, porque actualmente “gerontólogos hay pocos”, y quizás con zonas específicas “destinadas a aislamiento” para el caso en el que se produzca algún tipo de contagio como el del coronavirus.

También considera el fiscal que estos centros deberán contar, en adelante, de determinados stocks de medidas de protección, al menos para poder aguantar 15 días, y los profesionales que trabajan en estos centros deberán recibir la formación adecuada para, por ejemplo, saber colocarse un Equipo de Protección Individual (EPI).

Y el distrito sanitario al que corresponda dicha residencia de mayores tendrá que estar “atento” a la situación sanitaria del mismo. “Hay que buscar ya una respuesta a este tipo de cuestiones por si se vuelve a reproducir el coronavirus”.

Ya no hay problemas de falta de material

Cuando se cumplen 50 días de la declaración del estado de alarma, las residencias de mayores ya no tienen problemas de falta de material, apunta Norberto Sotomayor, quien comenta que además de las residencias la Fiscalía también analiza la situación que hay en otros centros donde residen personas con alguna discapacidad, como por ejemplo personas con autismo. En estos centros se han contabilizado hasta ahora 74 casos entre positivos y sospechosos de coronavirus, pero afortunadamente no se ha producido ningún fallecimiento.

En estos centros hay además 41 trabajadores que han dado positivo o son sospechosos de haber contraído el Covid-19, lo que muestra la virulencia con la que el coronavirus se está cebando con este tipo de centros.ÿÿk,