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El Consistorio considera "no democrática" la campaña de Icomos contra la Torre Cajasol

Montaño censura su "protagonismo" · Sevilla respalda un protocolo de las Ciudades Patrimonio para neutralizar al organismo y negociar directamente con Cultura y la Unesco

C. J. C.

03 de julio 2009 - 05:03

El gobierno local de Sevilla arremetió ayer contra el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) que realiza funciones consultivas para la Unesco por su posición contraria a la edificación de la Torre Cajasol y le acusó, por boca de la portavoz municipal, Maribel Montaño (PSOE), de desarrollar "una estrategia agresiva, mediática y no democrática" al margen de los procedimientos habilitados por las administraciones públicas para formular alegaciones antes de que se materialicen las iniciativas.

Maribel Montaño censuró la "campaña de protagonismo" de Icomos contradictoria con los "procedimientos administrativos" y le acusó de erigirse en "último tribunal" en los casos de supuesta afección a conjuntos declarados Patrimonio Mundial, como sucede en Sevilla en la construcción de rascacielos de 178 metros de altura promovido por Cajasol y diseñado por César Pelli, cuyas obras pide la Unesco que sean paralizadas en base a un informe de Icomos.

La también edil de Cultura advirtió ayer de la "deriva constante" protagonizada por el comité español de Icomos y aludió al acuerdo alcanzado en junio entre las 13 capitales españolas que integran el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad -entre las que se cuenta Sevilla- para crear un protocolo con el fin de evitar a Icomos España, al que tildan de "lobby desleal" encargado de generar duras polémicas. Las difíciles relaciones entre Icomos y las administraciones locales de ciudades como Toledo, Santiago de Compostela y Sevilla han motivado que las Ciudades Patrimonio creen un comité asesor en el que estarán integrados técnicos de los ayuntamientos y un representante del Ministerio de Cultura, Unesco e Icomos Internacional, un foro encargado de arbitrar soluciones en caso de colisión entre proyectos urbanísticos y conjuntos protegidos. Icomos España quedaría fuera, neutralizado, y los ayuntamientos se reservarían la potestad de tramar los temas espinosos directamente con el Ministerio de Cultura y la Unesco.

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