Condenan a Rivas por su “interés desmedido” en la subvención

El jurado popular ha condenado este miércoles al ex delegado de Empleo Antonio Rivas por las declaraciones de los otros dos acusados, los ex directivos de Fernando Mellet y Daniel Ponce, y del jefe de la Policía Judicial que instruyó el atestado inicial remitido a la juez Mercedes Alaya, así como por las grabaciones realizadas por los hosteleros de La Raza, y porque los miembros del tribunal han considerado que el ex alto cargo tenía un “interés desmedido” en la concesión de la subvención de 900.000 euros.

A la hora de argumentar su decisión de declarar culpable a Antonio Rivas, el jurado ha tenido en cuenta principalmente las declaraciones que prestó en el juicio el jefe de la Policía Judicial de Sevilla, quien ratificó que Fernando Mellet -que se acogió a su derecho a no declarar en la fase de instrucción y en el juicio- manifestó en su comparecencia policial que la petición de la comisión de 300.000 euros fue una “idea” de Antonio Rivas, quien según el testigo señaló que el ex delegado le telefoneó diciéndole: “Nos ha tocado la lotería, nos han dado la subvención”. El jurado también ha valorado las manifestaciones de Daniel Ponce, quien sí declaró en el juicio, y que corroboró que Mellet le había comentado que la petición de la colaboración para la Junta se solicitaba por “encargo” de Antonio Rivas.

Estos extremos corroboran, para el jurado, que entre Rivas y Mellet existía una relación “antigua”, y además la grabación de los empresarios “demostró” que los directivos dijeron a los hosteleros que a cambio de ese dinero recibirían los cursos de formación subvencionados para la escuela de hostelería, unas ayudas que sí quedaban dentro de las competencias del delegado de Emplo. Estos aspectos corroboran, según los miembros del jurado, la “participación y concertación” de Antonio Rivas con Fernando Mellet y el “interés desmedido” que el jurado aprecia en el ex delegado de Empleo para que se concediera la subvención de 900.000 euros. El tribunal ciudadano también ha valorado las declaraciones testificales del ex consejero de Empleo Antonio Fernández y del supuesto conseguidor de los ERE Juan Laznas, quienes confirmaron la asistencia de Antonio Rivas en varias reuniones relacionadas con la concesión de la ayuda a pesar de que él no era competente para su concesión.

Todas estas cuestiones llevan al jurado a concluir que Antonio Rivas y Fernando Mellet estuvieron “siempre en contacto y existió un concierto para solicitar la subvención”.

De otro lado, el jurado llega a la conclusión de que la cuantía de la comisión ilícita que se exigió a los hosteleros era de 450.000 euros, por cuanto entiende como una “excusa” que se pidieran 150.000 euros para la acometida eléctrica, cuando “nada se había hablado con anterioridad” ni se había comprometido a pagarla La Raza, por lo que ambas cantidades, según el veredicto, eran “injustificables” y no tenían por qué afrontarlo los hosteleros.

En cuanto a la acreditación de la exigencia del dinero en las dos reuniones que los empresarios tuvieron con los directivos del Mercado Central, el jurado ha fundado su decisión principalmente ne las declaraciones de los hosteleros Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, quienes manifestaron que los directivos les expusieron que habían “dos gastos no previstos”, en alusión a la petición de “colaboración” de 300.000 euros y los otros 150.000 euros para la acometida eléctrica.

El jurado ha argumentado que respecto a que el dinero debía dejarse olvidado en un maletín es un aspecto corroborado igualmente por las declaraciones de Pedro Sánchez Cuerda y del ex jefe de gabinete de Presidencia Juan Gallo, que contó como los empresarios le indicaron que les habían indicado la posibilidad de dejar el dinero en un maletín.

Sobre la falta de conocimiento de la ex directora de Proyectos de la Fundación Regla Pereira, el veredicto señala que “ninguna persona ha declarado que fuera conocedora y cómplice” de la petición de la comisión.