Condena de 17 años de prisión para el ex agente Lars Sepúlveda por el robo de la droga

La Audiencia de Sevilla ha condenado este jueves a 17 años de prisión al ex agente de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Lars Sepúlveda Madsen, como autor del robo de los 154 kilos de cocaína y heroína sustraídos de la jefatura de Blas Infante, en una sentencia que también ha condenado a su cómplice Manuel Alonso Núñez a 15 años y medio de cárcel, mientras que las esposas de ambos han sido condenados a cinco y dos años y medio de prisión, respectivamente.

El fallo de la Sección Séptima de la Audiencia, que tiene una extensión de 95 folios, condena a Lars Sepúlveda por tres delitos –robo continuado, tráfico de drogas y blanqueo de capitales- a 17 años de prisión y al pago de una multa de 6,6 millones de euros. Su cómplice, Manuel Alonso, es hallado culpable de los mismos delitos, pero es condenado a 15 años y medio de cárcel y al pago de 6,5 millones de euros. La sentencia impone a Violeta Sánchez otros cinco años de cárcel y el pago de 1,5 millones por un delito de blanqueo.

La sentencia considera probado que el ex agente se hizo con una copia de la llave de los calabozos donde se guardaba la droga aprehendida en las distintas operaciones policiales y sitúa los robos en el periodo comprendido entre finales de 2006 y septiembre de 2009, cuando fue detenido. El tribunal ha llegado a la convicción de que los acusados elaboraron unos paquetes con "azúcar, yeso y/o cacao" que el entonces policía se encargó de sustituir por los estupefacientes. Así, el fallo declara como hechos probados que a finales de 2006 Lars Sepúlveda Madsen y Manuel Alonso Núñez "planearon apoderarse de la mayor cantidad que pudieran de la droga que se almacenaba en el calabozo número 6", ubicado en los sótanos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla.

Como Lars Sepúlveda estaba destinado en la Udyco, "tenía acceso" a dicho calabozo mediante el juego de llaves que tenía en exclusiva el jefe de la unidad, Francisco T. P. y que era entregado a los policías que necesitaban acceder a dichas dependencias. El juego de llaves, explica la sentencia, era necesario para acceder a la zona donde se encontraban los calabozos y para entrar en el identificado con el número 6, por lo que el tribunal concluye que el ex agente "en una de las ocasiones que tuvo en su poder ese juego de llaves logró hacerse con una copia de las mismas, de manera que podía entrar en el citado calabozo, que carecía de cualquier otra medida de seguridad".

Lars Sepúlveda y su cómplice, apodado Lolo, también "acordaron hacer paquetes de similares características (forma, color y peso)" para dar el cambiazo a la droga y en la elaboración de esos paquetes participó en una ocasión Violeta Sánchez, la esposa de Lolo, en el domicilio de la pareja en Alcalá del Río, mientras que otros paquetes fueron confeccionados por los dos principales implicados en la vivienda de Manuel Alonso en Tomares. Dice el tribunal que Lars Sepúlveda recibió los paquetes falsos en al menos "tres ocasiones" en las proximidades de la Jefatura Superior de Blas Infante, mientras que los otro los recibió en el domicilio de Tomares. En los paquetes fueron halladas huellas dactilares y ADN de matrimonio y cuatro ADN anónimos, que no se corresponden con los perfiles genéticos de los acusados ni de los policías que manipularon los envoltorios durante la investigación de los robos.

Toda la droga sustraída fue vendida a terceras personas, lo que propició que los procesados experimentaran un "notable incremento" de sus patrimonios, que el tribunal cifra en 720.278 en el caso de Alonso Núñez, mientras que en el caso de Lars Sepúlveda su patrimonio creció en 280.080 euros gracias a "esas ganancias ilícitas". Con ese dinero, los acusados adquirieron inmuebles y vehículos de alta gama y hasta una embarcación, en el caso del propio Lars Sepúlveda, y realizaron algunas inversiones.

En el caso de la mujer del ex policía, los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia consideran que esta acusada "colaboró a ocultar el incremento patrimonial de Lars, al firmar y suscribir" una inversión de 210.000 euros y consentir que un vehículo Mercedes fuese puesto a su nombre, "con conocimiento de que el dinero empleado para ello procedía de los beneficios obtenidos por la comisión de un delito", concluye la resolución.

En el juicio, el fiscal Antidroga Alfonso Sánchez defendió que el ex agente de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Lars Sepúlveda era el "autor directo y material" de la sustracción de los 154 kilos de cocaína y heroína de la Jefatura, porque como agente de esta unidad tenía la "facilidad máxima" para acceder al calabozo número 6 donde se guardaban los estupefacientes. El fiscal dijo que el ex policía conocía la Jefatura por dentro, el destino que se daba a la droga, tenía acceso a las llaves, y conocía los horarios de entrada y salida al almacén de la droga, por lo que podría encontrar el horario más propicio para sustraer los estupefacientes y cambiarlos por los paquetes falsos que contenían yeso, cacao o azúcar, llegando incluso a afirmar que pudo haber entrado en las dependencias policiales hasta después de haber solicitado su excedencia en la Policía.

De la misma forma, el fiscal recordó que en septiembre de 2009, cuando fue detenido el ex agente, éste declaró en el juzgado que fue el otro acusado, Manuel Alonso Núñez, quien le propuso el robo y que había conseguido unas llaves, si bien unos meses después, en junio de 2010, Lars Sepúlveda cambió su testimonio y culpó al jefe de la Udyco, Francisco T. P., de haberle encargado la realización de los paquetes falsos, un testimonio que mantuvo en el acto de la vista oral. Para el Ministerio Público, esta versión exculpatoria es "absolutamente inverosímil y absurda" y además era necesario un "acuerdo previo" con el matrimonio compuesto por Manuel Alonso y su mujer, María Violeta Sánchez, para sustituir la droga por los paquetes falsos y proceder a la venta de la droga de forma rápida.

Respecto al presunto cómplice, Manuel Alonso, el fiscal precisó que era una persona que tenía "contactos" con el mundo del tráfico de drogas y podía "facilitar" la venta de la droga, por cuanto había estado casado anteriormente con una mujer procesada en una operación contra el narcotráfico y conocía ese modo de vida. El fiscal también consideró "clara" la participación de la mujer de Lolo en el robo de la droga en la Jefatura, que se produjo en al menos tres ocasiones, por cuanto la propia María Violeta Sánchez reconoció inicialmente ante la Policía que participó en la elaboración de los paquetes porque se lo pidió su marido.

La acusación pública también destacó el "notable" incremento patrimonial que experimentaron ambos matrimonios, que aumentaron su nivel de vida de forma desproporcionada, cifrando el crecimiento de sus patrimonios en 302.000 euros, en el caso de la primera pareja, y 775.000 euros, la segunda. El fiscal señaló que los coches que adquirieron y el nivel de vida que llevaban no era suficiente con los sueldos que tenían, sobre todo teniendo en cuenta los gastos que genera un matrimonio con dos hijas, y destacó que la cuenta de la mujer de ex policía pasó de tener en 2005 un saldo de 9.000 euros a 90.000 euros en el año 2008, lo que pone de manifiesto "una capacidad de ahorro algo más que sospechosa y que coincide con el período en que se produjo el robo de la droga". En el caso de Manuel Alonso y María Violeta, pasaron "de la noche a la mañana" a llevar un ritmo de vida superior, y no hay salarios que, a juicio del fiscal, justifiquen ese crecimiento "desorbitado" de su patrimonio. Estos incrementos patrimoniales, concluyó el fiscal, "sólo se justifica porque tuvieron a su disposición la droga y la vendieron de forma rápida".

La Fiscalía Antidroga de Sevilla había solicitado una condena de 18 años y medio de cárcel para el ex agente por un delito continuado de robo con fuerza, otro contra la salud pública y un tercero de blanqueo de capitales, mientras que para el matrimonio imputado pidió 17 años de cárcel por los mismos delitos, y para la cuarta procesada, la esposa de Lars Sepúlveda, cinco años de prisión por un delito de blanqueo de capitales.