La Comisión de Patrimonio validó el proyecto hasta en dos ocasiones

La discusión sobre la adecuación del proyecto del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra para recuperar las Atarazanas a la normativa patrimonial española, que ahora parece querer reabrir de forma artificial el gobierno municipal, se cerró formalmente hace ya ocho meses. En febrero de este año. Fue entonces cuando la Comisión Provincial de Patrimonio, organismo asesor dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta, dio luz verde de forma definitiva a la propuesta de La Caixa para transformar parte de las antiguas Atarazanas -esencialmente los cuerpos construidos en el siglo XVIII como almacenes de artillería- en el futuro CaixaFórum, respetando en su integridad el resto de la estructura de los seculares astilleros sevillanos, cuyo origen data del siglo XIII, para dedicarla a acoger nuevos espacios expositivos públicos y abiertos a la calle.

Fue precisamente esta decisión -no tocar apenas la asombrosa arcada procedente de la antigua fábrica de barcos- la que permitió a Vázquez Consuegra ganar el concurso arquitectónico convocado en su día. Otros arquitectos que acudieron a dicha convocatoria intervenían en mayor medida sobre el hipnótico cuerpo de arcos. Motivo por el que fueron descartados.

Patrimonio conocía las líneas maestras de la intervención desde casi un año antes. El concurso de ideas se celebró en el mes de octubre de 2009 -hace ya tres años- y desde entonces la discusión sobre el proyecto arquitectónico ha discurrido por los cauces previstos en la legislación. El estudio arquitectónico de Vázquez Consuegra presentó primero un proyecto básico que fue objeto de informe por parte de la Comisión Provincial. Se emitió en marzo de 2011. Literalmente dice: "La Comisión valora positivamente el proyecto básico". No fue fácil pasar este examen. Prueba de ello es que, a pesar de esta luz verde inicial, Cultura reclamó al arquitecto que junto al proyecto de ejecución -el documento más completo que puede existir de una intervención arquitectónica, ya que concreta todos los aspectos de la realización de la obra- aportara más información sobre "la incidencia que las soluciones constructivas que se adopten, así como las terminaciones y los acabados, tendrán en el mantenimiento de los valores patrimoniales del monumento". También exigió un estudio de "volumetría del edificio en relación a la iglesia de la Caridad y el entorno próximo, en el que quedara patente que no se percibien las nuevas cubiertas que se proyectan desde el espacio público e, igualmente, que se mantiene la predominancia visual de la iglesia".

El proyecto de ejecución cumplió todos estos requisitos. Patriminio aprobó los materiales elegidos -madera, acero, zinc- y certificó que las cubiertas no tienen impacto visual desde la calle. Una vez comprobados estos extremos, la Junta decidió en febrero avalar la intervención. Su resolución hace innecesaria la redacción del Plan Especial previsto en el PGOU, puesto que este requisito -que el propio Consistorio no ha aplicado en proyectos patrimoniales similares por considerar que cualquier BIC, al tener el máximo nivel de protección, no requiere plan especial alguno- queda cumplido desde el momento que la administración responsable -Patrimonio- autoriza su rehabilitación.