La Comisión Europea pide a España que revise el impacto del dragado en Doñana

La Comisión Europea dio ayer un paso más en el proceso de infracción abierto en 2013 contra España por el proyecto del dragado del Guadalquivir para mejorar el acceso al Puerto de Sevilla y ha dado dos meses a la autoridades españolas para evaluar en profundidad el impacto que esta obra en el estuario del río podría tener sobre espacios protegidos como Doñana. Europa abrió en septiembre de 2013 un procedimiento de infracción contra España tras la denuncia de WWF-España contra el dragado.

"España no ha estudiado detalladamente las repercusiones del proyecto ni las soluciones alternativas, lo que es un requisito básico a tenor de la directiva (de protección de hábitats), por lo que se le envía un dictamen motivado", destaca ahora la comisión. Y "pide a España que sea prudente al mejorar el acceso marítimo al Puerto de Sevilla y que evalúe las posibles repercusiones negativas en espacios de la red Natura 2000, tales como el Parque Nacional de Doñana", explicó la institución en un comunicado.

La Comisión recuerda que la legislación permite que se lleve a cabo un proyecto, incluso si recibe una evaluación negativa, "por razones imperiosas de interés público", pero advierte de que en ese caso se necesitan "medidas compensatorias para garantizar que la coherencia global de la red Natura 2000 quede protegida".

La noticia cogió ayer por sorpresa a la dirección del Puerto de Sevilla, quien declaró a este periódico que valorarán el dictamen cuando lo reciban oficialmente y que en los últimos meses han enviado a Europa toda la documentación sobre el dragado que se le ha requerido a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La Comisión recalca que un reciente estudio científico encargado por las autoridades españolas indica que el dragado del canal de navegación "tendría graves consecuencias para la forma y la biodiversidad del estuario, que repercutirían en los cercanos espacios naturales protegidos". Por ello, el Ejecutivo comunitario indica que la directiva comunitaria sobre la protección de hábitats establece que "cualquier plan o programa que pueda afectar de manera significativa a un espacio protegido debe ser objeto de una 'evaluación apropiada' de sus repercusiones".

El dictamen motivado es la segunda llamada de atención que Europa da a España para cumplir la normativa ambiental comunitaria. Es, pues, el segundo paso en el proceso de infracción abierto. Si la respuesta de las autoridades españolas no es satisfactoria, el gobierno europeo puede presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia con la imposición de una multa o sanción contra España por el dragado.

Este dictamen se suma al reciente fallo del Tribunal Supremo que anuló la tramitación del dragado en el Plan Hidrológico del Guadalquivir por no estar justificado ni explicado adecuadamente el proyecto y rechazar que se conciba como una medida complementaria del plan.

La sentencia del Supremo también fue en respuesta a una denuncia presentada por la organización ecologista WWF-España. El Puerto de Sevilla y los empresarios sevillanos recalcan que la declaración de impacto ambiental de 2003 concedida para el dragado sigue vigente y así lo recalcó en octubre de 2014 una sentencia de la Audiencia Nacional.

El portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, dijo ayer que este dictamen es "el varapalo final" al dragado. "Celebramos la decisión de la Comisión Europea; ya no quedan más excusas para retirar el proyecto del dragado", recalcó Carmona a Efe.