Ciudad de la Justicia: 11 años, 4 consejeras, 7 ubicaciones...

La iniciativa acusa el paso del tiempo. Once años han pasado ya desde que el Ayuntamiento y la Junta asumieran las carencias de espacio y medios que afectaban -y lo siguen haciendo- al trabajo diario de la judicatura en Sevilla, un retraso en la puesta en marcha de la construcción de la Ciudad de la Justicia. Además, este proyecto ha visto pasar a dos presidentes de la Administración autonómica -Manuel Chaves y ahora José Antonio Griñán-, cuatro consejeras de Justicia -las socialistas Carmen Hermosín, María José López, Evangelina Naranjo y la actual, Begoña Álvarez- y hasta siete localizaciones posibles del campus judicial sin que, hasta la fecha, se cuente siquiera con el plan básico de obra ni con el correspondiente compromiso presupuestario para que arranquen de una vez por todas los trabajos de la Ciudad de la Justicia.

De ahí la moción que el portavoz del grupo municipal del PP en Sevilla, Juan Ignacio Zoido, elevará este viernes al Pleno por la vía de urgencia para comprometer a la Junta de Andalucía a presentar un cronograma de fechas que recoja los plazos administrativos a los que está sujeta la iniciativa y la consignación presupuestaria plurianual para llevarla a cabo.

Zoido dijo ayer que su formación planteará alegaciones al anteproyecto de los Presupuestos de la Junta para 2010 que el Parlamento andaluz debate la próxima semana y en los que aparece una partida de un millón de euros para la Ciudad de la Justicia que, en palabras del portavoz del PP, "no dan ni para poner la primera piedra". Así, consideró imprescindible que las cuentas de la Junta para el próximo año reserven una partida de hasta 9 millones de euros, cifra que cubriría los estudios y trabajos preeliminares para la ordenación del suelo de la parcela en la que se levantaría la sede judicial y la elaboración del proyecto básico de obra.

"Si no se cubren estos gastos, la primera piedra de la Ciudad de la Justicia no llegará en 2010, 2011 ni 2012", espetó Zoido aludiendo a los propios plazos avanzados por la consejera del ramo, Begoña Álvarez, que amplió el horizonte de inicio de la construcción de la Ciudad de la Justicia a los próximos tres años, en 2013. El primero de los edificios del campus judicial, como pronto, estaría listo en 2015, según los cálculos que maneja la Junta de Andalucía.

Los cambios de localización del proyecto en suelo municipal han sido una constante durante los años de demora que arrastra el complejo. De la idea inicial de complementar las sedes actuales con nuevas construcciones en el entorno del Prado se pasó a su ubicación junto al cuartel de Alfonso XII, Villanueva del Pítamo, la Cartuja, Los Gordales, el Muelle del Batán en terrenos portuarios y nuevamente en Los Gordales.

El plan parcial de Los Gordales que el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado como requisito previo para la cesión a la Junta del solar con fines judiciales no se podrá concretar hasta la próxima primavera, cuando reciba el visto bueno de la corporación municipal en pleno, a lo que se suma la inconcreción que el Gobierno central mantiene con respecto a la edificabilidad máxima en Los Gordales -pendiente de un litigio judicial- y el posible uso del solar como parte del pago de la deuda histórica que mantiene con Andalucía.

"Es triste, penoso y lamentable todo lo que está ocurriendo con la Ciudad de la Justicia", dijo ayer Zoido, quien solicitó a los socios del gobierno local que respaldaran la moción en el Pleno para desatascar el proyecto. Una iniciativa similar elevada por el PP en septiembre de 2007 motivó que PSOE e IU rompieran la unidad de voto: el primero apoyó la elaboración de un cronograma, pero no la cesión gratuita del suelo estatal a la ciudad, que sí contó con los votos de IU.

La Consejería de Justicia prevé edificar un campus con capacidad para 423 órganos judiciales con una edificabilidad total de 220.000 metros cuadrados. El presupuesto para la redacción del proyecto de ordenación y el proyecto ejecutivo básico supera los 9 millones de euros, IVA incluido, y el plazo para su redacción desde el momento de la adjudicación son 22 meses, según los últimos cálculos hechos públicos por la Junta.

9