Chamizo ve "lamentable" la lucha del Ayuntamiento contra la 'botellona'
El Defensor del Pueblo critica al anterior gobierno local y pide al nuevo que se pronuncie cuanto antes sobre el 'botellódromo'
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, cree que la aplicación que el Ayuntamiento de Sevilla ha hecho de la ley antibotellón durante los últimos cinco años ha sido "lamentable". Fruto de "la indefinición municipal" a la hora de tomar una postura para combatir el fenómeno de la movida, se ha producido un "progresivo deterioro de la situación" y en los últimos tiempos han surgido nuevas formas de botellonas, como las after-hours, que se celebran a primera hora de la mañana, y las minibotellonas que se realizan en calles poco transitadas del centro.
Así consta en el informe especial del Defensor sobre la aplicación de la ley antibotellón, que acaba de cumplir cinco años de vigencia, y que ayer fue presentado por Chamizo en el Parlamento andaluz. El Defensor se muestra muy crítico con el Ayuntamiento de Sevilla, especialmente con el gobierno anterior, si bien también urge al ejecutivo actual a que defina claramente y cuanto antes su postura sobre la botellona.
Chamizo parte de una intepretación errónea que el Ayuntamiento de Sevilla hizo de la ley. La resolución que publicó el gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín en la que se prohibían las botellonas en determinados puntos del casco histórico y en las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) hacía justo lo contrario a lo que marca la ley, que sólo permitía a los ayuntamientos que crearan zonas en las que se permitiera beber y no al revés.
Así, Sevilla ha sido el único de los municipios examinados por el Defensor en su informe que no ha optado por una de las dos posturas -la prohibición total o la creación de botellódromos-, sino que ha ido dando bandazos que sólo han provocado que actualmente haya miles de jóvenes realizando botellonas cada fin de semana con un escaso control de la administración.
El Defensor relata los continuos problemas sufridos por este proyecto desde que se planteó en la isla de la Cartuja, primero porque la titularidad de los terrenos era de la Junta y después porque el concurso para adjudicarlo a una empresa privada quedó desierto. Por último, ya en 2010, cuando se había alcanzado un cierto acuerdo entre el Ayuntamiento y los inversores, los robos de material eléctrico provocaron que fuera necesario renovar totalmente la instalación eléctrica del recinto, "lo que implicaba un elevado coste que ni el Consistorio ni los inversores parecían dispuestos a asumir, por lo que el proyecto se paralizó nuevamente".
Chamizo explica que, tras las elecciones municipales, "la situación se mantiene jurídicamente en impasse al no haberse pronunciado formalmente el nuevo Consistorio sobre sus intenciones en este tema". El Defensor revela un encuentro mantenido con los actuales responsables municipales en los que éstos se han mostrado a favor de prohibir por completo la botellona, "exponiendo gráficamente sus intenciones al utilizar de manera enfática y reiterada el término erradicación".
Chamizo no duda en calificar de "lamentable" la situación actual, que "no es sino el correlato lógico de la inadecuada gestión que de este problema se ha realizado en los años precedentes". El Defensor sí considera "meritorias" las intervenciones de la Policía Local, "que tuvo un gran éxito en su labor, ya que prácticamente se disolvieron las concentraciones sin incidentes y sin necesidad de imponer sanciones". "El principal error del Consistorio fue que no se optó por establecer formalmente un lugar provisional al que la Policía pudiese dirigir a los jóvenes", continúa el informe.
Chamizo también dedica un capítulo a las macrobotellonas, con las que los jóvenes celebran el inicio del curso universitario o la llegada de la primavera, que "deben ser abordadas de manera distinta a las botellonas habituales de fin de semana". El informe recuerda que en estos eventos se han dado "comas etílicos, accidentes de tráficio, lesiones, robos, agresiones sexuales y hasta asesinatos", en referencia al crimen ocurrido hace casi un año en el Charco de la Pava. Por ello, el Defensor pide que en vez de prohibirse, se opte por aumentar los mecanismos de control para reducir los riesgos.
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