La Catedral y el Real Alcázar de Sevilla, sin planes especiales de protección tras 25 años

Tras 25 años de redacción, los sectores más comprometidos y sensibles de la ciudad, Catedral y Alcázar, carecen de planes especiales. Con los dos más importantes por tramitar, la protección del conjunto histórico de Sevilla presenta una enorme disparidad y crea desigualdades entre unas zonas y otras. El primero en ser aprobado, en 1994, fue el del sector 22, Huerta de la Salud. Desde entonces, la Gerencia de Urbanismo fue dando salida a la mayoría de los sectores, comenzando por los más sencillos.

La Justicia dio la razón a Adepa, que advertía de la arbitrariedad de los documentos y cómo contravenían la Ley de Patrimonio Histórico en varios de sus artículos. Después de varias sentencias, la redacción ha quedado paralizada, sin que se hayan adaptado los sectores que no estaban aprobados definitivamente, como dictaba el fallo del Tribunal; y dejándose sin tramitar los dos últimos: el de la Catedral, que fue aprobado inicialmente en abril de 2012 y abandonado en 2016; y el del Real Alcázar y su zona de influencia. Los expertos en Urbanismo urgen al Ayuntamiento a retomar una tarea vital para la ciudad y acabar con los agravios que se dan en la actualidad. Y advierten: la situación es desastrosa.

Un ejemplo que explica a la perfección cuál es la caótica situación de la protección del conjuntos histórico es que un vecino de la calle Alfonso XII que viva en la acera de los pares podría aumentar la edificación de su vivienda acogiéndose a la excepcionalidad recogida en el plan de San Vicente y San Lorenzo; mientras que uno que resida en la de los impares, no podría hacerlo al no estar adaptado su plan a lo dictaminado por el TSJA, por lo que cualquier reforma deberá pasar necesariamente por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Este hecho, además de dilatar terriblemente los plazos, supone una arbitrariedad y desigualdad manifiesta.

El litigio sobre los planes de protección comenzaron tras las aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006. La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), denunció al TSJA que los planes de protección contravenían los artículos 20 y 21 y de la Ley de Patrimonio y que, incluyendo la coletilla de la excepcionalidad, permitía decidir con suma arbitrariedad lo que se podía o no hacer en cada edificio catalogado. "Esa excepción se había convertido en la regla general, y no podía ser. La ley dice que no se puede aumentar la edificabilidad salvo justificaciones muy excepcionales, ni las alineaciones", explica Joaquín Egea, presidente de Adepa.

En la primera sentencia de octubre de 2009, el TSJA anuló 12 artículos del PGOU que afectaban a cuatro sectores del Conjunto Histórico: Santa Catalina-Santiago, Catedral, Encarnación-Magdalena, y La Calzada-Fábrica de Artillería. "A pesar de ello, los planes se siguieron redactando en contra de lo dicho. Fuimos al Tribunal Supremo que le dio un rapapolvo tremendo al TSJA", añade Egea.

En un segundo fallo en 2014, el TSJA reiteró la nulidad de la docena de artículos del PGOU de los sectores Santa Catalina-Santiago, Encarnación, y El Duque-El Salvador. En un auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal estimó parcialmente el incidente de ejecución planteado por Adepa. El fallo del Tribunal dictó que los sectores que ya estaban aprobados debían considerarse como consolidados y, por tanto, no debían adaptarse, generando así una desigualdad tremenda entre unas zonas y otras del conjunto histórico. "Resulta de una ilegalidad manifiesta. Ni el TSJA ni el Ayuntamiento han querido arreglarlo. Así, asistimos a la construcción de un edificio de tres plantas más ático frente a la Torre de Don Fadrique en San Lorenzo, mientras que sería imposible algo así frente a la Magdalena. Ahí decide la Comisión de Patrimonio, que lo hace lentamente y de manera arbitraria. La ciudad y los constructores están locos".

Adepa estima que el Ayuntamiento no quiere modificar los documento afectados por la sentencia para no tener dos tipos de planes distintos y reclama la implicación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. "El Ayuntamiento debería llevar a Pleno una modificación sencilla de los planes para adaptarlos a las sentencias, e ir incorporando posteriormente eso en los ya aprobados. Y sobre todo, debe tramitar ya los sectores Catedral y Alcázar".

Por su parte, la decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Cristina Murillo, denuncia los "graves perjuicios" que la situación actual conlleva para los ciudadanos. "Hay una muy mala gestión del patrimonio en la ciudad. Es un problema de la Gerencia de Urbanismo y de todo el Ayuntamiento y los grandes perjudicados son los ciudadanos, que realizan un esfuerzo económico muy importante para comprar una vivienda o un local y para hacer una reforma parcial tienen que esperar más de un año y medio. Eso es insostenible". La decana de los arquitectos se refiere al necesario paso de los expedientes por la Comisión Provincial de Patrimonio, cuya misión principal no es esa y se encuentra completamente colapsada.

Murillo también pone la lupa en la "nefasta" redacción del catálogo periférico. "Cuando se comenzó a hacer en 2006 ya era muy deficiente. Como se ha parado el Casco Histórico, esto también". La decana considera que Nervión o el Barrio de León, por ejemplo, necesitan su propio plan de protección: "Hay sectores que son necesarios para preservar la identidad de la ciudad".

El profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y experto en patrimonio, Julián Sobrino, califica la protección del conjunto histórico "de un despropósito que habría que corregir". Advierte de que los planes actuales han quedado obsoletos por la propia evolución que ha experimentado la ciudad desde que comenzaron a elaborarse: "Entonces el modelo de patrimonio era distinto. Ese paradigma ha quedado caduco por el avance de las buenas prácticas en las ciudades patrimonio de la humanidad. Trocear no es el camino más adecuado".

Este experto en patrimonio y urbanismo tiene muy claro cuál debe ser el camino a seguir y plantea la pregunta clave: ¿hasta dónde se puede intervenir desde el punto de vista de la volumetría, la distribución interior, urbanísticamente...?

Sobrino señala otro de los problemas graves que existen en la ciudad: que en pleno siglo XXI los tres monumentos que son patrimonio de la humanidad (Catedral, Alcázar y Archivo de Indias) caminen cada uno por su lado. "Deberían insertarse en una membrana patrimonial más amplia. Que no exista un plan integral que afecte a los tres lama la atención. Parece que se producen disonancias", incide.

Con respecto a cómo debería afrontarse la protección del conjunto histórico, Sobrino ofrece las claves que se deberían seguir. Por un lado, habría que incorporar la gestión digital de la ciudad histórica y sus monumentos. "Nos encontramos en una situación inigualable para pensar la ciudad de nuevo. El IAPH elaboró en 2011 la Guía del Paisaje de Sevilla, un documento extraordinario que deberíamos tener en cuenta".

En segundo lugar, el profesor de la US incide en que no hay trocear el centro: "El conjunto histórico de Sevilla es muy amplio y no todas las partes son iguales. Sí hay que distinguir algunas zonas, áreas, espacios o monumentos, pero la división de los planes especiales es obsoleta".

Por otra parte, cree que hay elementos en el segundo anillo de la ciudad, como en Nervión, la Ronda de Capuchinos o Miraflores, que es necesario proteger. Por ello cree vital que la ciudad tenga pronto su plan director de patrimonio y un plan estratégico: "De no ser así nos vamos a encontrar con una ciudad entregada a la hostelería en su casco histórico". Por último, reclama a todos los partidos políticos, asociaciones y colegios profesiones un esfuerzo para acabar con este "despropósito" y pide también la participación de los ciudadanos en el proceso.