Catalá desata la ira de jueces y fiscales por criticar al juez que pidió la absolución

sevilla/El ministro de Justicia, Rafael Catalá, volvió ayer a lograr algo que no siempre resulta fácil: poner de acuerdo y en su contra a las cuatro asociaciones profesionales de jueces y fiscales que hay en ambas carreras. Catalá desató la ira de estas asociaciones con sus declaraciones en las que criticó al juez Ricardo Javier González González, el magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra que emitió el polémico voto particular pidiendo la absolución de los cincos jóvenes sevillanos de la Manada y que sólo apreció un "ambiente de jolgorio y regocijo" en las imágenes grabadas por los acusados manteniendo las relaciones sexuales con la víctima. Catalá aseguró en la Cope que "cuando todos saben" que este juez "tiene algún problema singular", el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "debería haber actuado preventivamente" contra el magistrado.

El titular de Justicia añadió que el máximo órgano de gobierno de los jueces es el encargado de "ver si está en plenas facultades para ejercer su labor". "Cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe", aseveró el ministro, que añadió que Ricardo Javier González tiene "algunos expedientes abiertos". Catalá también sostuvo que el voto particular que emitió este magistrado recoge "expresiones y consideraciones impropias de un voto particular" y reconoció que la línea entre violencia e intimidación "es muy sutil y provoca resultados como los que hemos visto estos días".

El ministro de Justicia se mostró partidario de que las leyes "se adapten a la realidad" y consideró que "si hay desajustes, como se ha visto en este caso, hay que legislar", por lo que ha pedido a los expertos del Ministerio que estudien y valoren si es necesaria una modificación del Código Penal y que los grupos políticos decidan si esa reforma en materia de delitos sexuales es necesaria.

Las declaraciones de Catalá provocaron una rápida y contundente reacción de las asociaciones de jueces y fiscales, que no dudaron en "exigir una vez más la dimisión del ministro de Jjusticia, cuya reprobación ya fue demandada por otro de los poderes del Estado, el Legislativo", según pone de manifiesto el comunicación que hicieron público conjunto elaborado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación Francisco de Vitoria, Jueces por la Democraci (Jpd), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales, y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

Las siete asociaciones profesionales criticaron que el ministro había "sembrado públicamente dudas sobre la capacidad y condición" del magistrado, al haber asegurado que el CGPJ debería haber actuado de forma preventiva. En el comunicado, las asociaciones advierten de que "el verdadero peligro" está en la utilización de las resoluciones judiciales por parte del Ejecutivo y la "confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un poder del Estado, esto es, respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones". En este sentido, las asociaciones afirman que la "intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia".

Las declaraciones de Catalá también motivaron un pronunciamiento por parte de la Comisión Permanente del CGPJ, que hizo un llamamiento a la "moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial y que trabajan para lograr una Justicia de calidad".

En un comunicado, la Comisión Permanente insiste en apelar a la prudencia. "Parece evidente que los acontecimientos vividos en las últimas jornadas nos deben hacer reflexionar e incrementar los esfuerzos para trabajar por una sociedad más igualitaria, pero esos mismos acontecimientos hacen igualmente evidente que es necesario dirigir ese esfuerzo por los cauces de reflexión prudente de los que se ha dotado la sociedad española, por cuyo respeto deben velar los responsables públicos".

El Poder Judicial recuerda el comunicado que emitió tras hacerse pública la sentencia, en el que ponía de manifiesto que el fallo "se había dictado dentro del marco de garantías y de sumisión a la ley que recoge nuestro Estado de Derecho, que incluye el debido sistema de recursos que permite asegurar el acierto de las resoluciones judiciales".

Al mismo tiempo que afirmaba y reconocía la legitimidad de la crítica a las sentencias judiciales, se hacía un "llamamiento a la prudencia de los responsables públicos para que, con sus manifestaciones, no pusiesen en entredicho la credibilidad del sistema judicial ante los ciudadanos", concluye la Comisión Permanente.

Por su parte, los jueces de la Audiencia de Navarra y las secciones territoriales de las asociaciones de jueces también hicieron público un comunicado conjunto en el que el piden la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al considerar "especialmente escandalosa" su actitud en relación con las declaraciones realizadas sobre la sentencia que ha condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales con prevalimiento a los cinco jóvenes sevillanos que integran la Manada.

El comunicado critica que Rafael Catalá, "único ministro reprobado en nuestra democracia", sabiendo que el Consejo General del Poder Judicial no puede actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional, "con una clara intención de confundir a la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos ha solicitado que se exijan responsabilidades disciplinarias e incluso ha insinuado abiertamente que el magistrado firmante del voto particular 'tiene algún problema singular que todo el mundo conoce'".

Para los jueces y las asociaciones profesionales de jueces de Navarra, estas manifestaciones, "que no tienen cabida en el desempeño responsable de su función como Ministro de Justicia", deberían "provocar su inmediata dimisión". Las palabras del ministro también provocaron reacciones a favor y en contra entre los dirigentes políticos.