La aldaba
Carlos Navarro Antolín
El rey brilla al defender lo obvio
El ex asesor del anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y ex director del área municipal de Vía Pública Domingo Enrique Castaño ha solicitado a la Audiencia de Sevilla su puesta en libertad y que se aparte de la instrucción del caso de la supuesta financiación ilegal del PSOE a la juez Mercedes Alaya. En el recurso de apelación presentado ante la Audiencia de Sevilla, su defensa alega que en esta causa se han vulnerado las normas de reparto de asuntos de los juzgados y el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley, según confirmaron fuentes del caso. El abogado José Manuel García-Quílez, que representa a Castaño, argumenta que en la nueva investigación que ha derivado en el encarcelamiento provisional del ex asesor municipal se investigan unos hechos completamente distintos a la causa de la adjudicación de los terrenos de Mercasevilla, en la que también está imputado el ex director del área de Vía Pública.
En la nueva causa, Alaya investiga un posible enriquecimiento "injustificado" de Castaño y su mujer de más de 303.458 euros, después de que el presidente de Fitonovo, Rafael González Palomo, revelara en su declaración que realizó regalos al entonces responsable municipal y que incluso le entregó a finales de 2005 ó 2006 un sobre con 30.000 euros.
El ex director del área de Vía Pública argumenta que la juez no ha considerado los ingresos que el matrimonio recibe por el trabajo de la mujer de Castaño, la abogada Ana María Vaquero, así como las rentas que haya podido obtener el propio Castaño por intermediaciones inmobiliarias y señala que si estas cantidades no han sido declaradas, eso sólo sería constitutivo de una irregularidad administrativa pero en ningún caso de un delito. La defensa ha solicitado, por tanto, a la Audiencia de Sevilla que declare la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas hasta el momento en esta nueva pieza, que está declarada secreta, al entender que no se han respetado las normas de reparto y haberse vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley.
Castaño, que se acogió a su derecho a no declarar tanto ante la Guardia Civil como ante la juez Alaya, rechaza en el recurso las imputaciones realizadas por los empresarios y niega que haya recibido regalos, dádivas y comisiones ilícitas a cambio de la adjudicación de contratos públicos a las empresas Fitonovo y Fiverde. El ex director de área alega, en todo caso, que durante su etapa en este departamento no tenía competencias para adjudicar dichas obras, ya que sus funciones eran sólo de asesoramiento, y se pregunta por qué la juez le envió a prisión mientras dejó en libertad sin fianza a los dos empresarios que le atribuyen esos delitos.
Por último, la defensa niega que exista riesgo de fuga o que Castaño tenga posibilidad de destruir pruebas, por lo que solicita a la Audiencia su libertad sin fianza o que, en todo caso, se fije una cantidad razonable.
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