Caso Mari Luz, el error que puede repetirse

El escándalo de los errores judiciales del caso Mari Luz reveló hace tres años la fragilidad de un sistema judicial en el que los jueces están saturados por la sobrecarga de trabajo y dónde era imposible, a pesar de los avances tecnológicos, que un juzgado que buscaba al pederasta Santiago del Valle para encarcelarlo tuviera conocimiento de que este mismo acusado se presentaba regularmente en otro órgano judicial que le investigaba por unos hechos similares. Tres años después y una histórica huelga de jueces de por medio, la situación de los juzgados de lo Penal de Sevilla y del resto del país no sólo no ha mejorado, sino que está incluso peor, según han comentado a este periódico varios jueces de lo Penal. La conclusión que se desprende es que estos errores, lejos de haberse superado, pueden volver a repetirse en la actualidad.

El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, considera que las circunstancias que rodean en estos momentos a los juzgados de lo Penal "no son mejores que las que disfrutaban" cuando se produjeron aquellos errores que "hoy pueden volverse a repetir al no haber mejorado la situación, aunque difícilmente se dan todas la conjunciones de aspectos que se dieron en aquel caso".

El decano explica que la situación se ha agravado por la reciente reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 23 de diciembre -que introdujo cambios en la sanción de delitos contra la seguridad vial, el narcotráfico y el 'top manta'- y que obliga a revisar más de 4.000 sentencias "sin que se hayan reforzado los juzgados".

Por su parte, la juez de lo Penal número 10, Encarnación Gómez, coincide con el decano en que la situación es "igual o peor" que hace tres años, porque continúan "los mismos defectos". En su juzgado tramitan las causas ejecutorias de unas 400 sentencias dictadas por los juzgados de Instrucción que ahora han tenido que revisar con la última reforma. "No sé que arreglo tiene esto", añade la magistrada, que se queja de la actual organización del edificio Noga -con los funcionarios y los jueces en plantas distintas del inmueble-, lo que obliga a un continuo trasiego cada vez que hay que revisar una causa o analizar un expediente.

El juez de lo Penal número 2, Álvaro Martín, insiste en que la nueva sede del Noga "no responde a las necesidades, porque se ha quedado pequeño desde el primer momento". El magistrado comparte la expresión que hace tres años acuñó un juez de lo Penal que afirmó que estaban "sentados sobre un polvorín" que podía estallar en cualquier momento. "Tenemos el mismo volumen de trabajo y la carga de ejecutorias sigue siendo excesiva", asevera Álvaro Martín, que lamenta que a pesar de que trabaja más que antes no puede hacer nada por evitar la situación. El juez pone como ejemplo que antes los asuntos que entraban en su juzgado eran enjuiciados en un tiempo de unos dos meses y medio, mientras que ahora ya está señalando los juicios a siete meses vista desde que el asunto entra en su juzgado. La demora es incluso mayor en otros órganos penales de Sevilla, donde las vistas se retrasan a más de un año desde que el asunto es repartido en el juzgado.

El magistrado Álvaro Martín cree que entre las posibles soluciones se encuentra una revisión de la legislación penal, con la finalidad de "evitar la inflación de conductas delictivas porque el Código Penal es la última respuesta y debería hacerse una reducción" de lo que debe judicializarse, en alusión a las últimas reformas que castigan, por ejemplo, con penas de cárcel conductas como conducir sin carné.

En estos tres años, la sobrecarga de los juzgados se ha hecho patente en el número de causas ejecutorias que, como la de Santiago del Valle en el juzgado de lo Penal número 1 -a cuyo frente estaba el juez Rafael Tirado, hoy destinado en la jurisdicción Contenciosa-, deben controlar los jueces de lo Penal. A principios de 2008 había 6.946 sentencias firmes en trámite de ejecución en Sevilla, pero en la actualidad este número prácticamente se ha duplicado y se ha situado en la cifra récord de 12.826.

El portavoz de Justicia del sindicato CSIF, Miguel Ángel Ramos, señala que actualmente hay unas 1.400 sentencias firmes que están a la espera de que se ejecuten en Sevilla, lo que implica que hay "personas que han sido condenadas a prisión y que está de momento en la calle y mientras pueden estar cometiendo otros delitos nuevos, como ocurrió en el caso de Mari Luz".

De hecho, de las 100 sentencias firmes pendientes de ejecutar por cada juzgado, unas 30 o 40 son condenas que implican el encarcelamiento del acusado, que puede continuar en libertad unos "dos o tres meses" hasta que se ejecuta la orden para su ingreso en prisión, según comenta un funcionario de un juzgado de lo Penal.

El representante sindical coincide en que la situación de los juzgados de lo Penal de Sevilla es, tres años después, "peor" y lo único que ha cambiado es que la sede de estos órganos se ha trasladado desde la vieja sede del Prado de San Sebastián a las nuevas instalaciones del edificio Noga. "Se ha hecho un lavado de fachada, pero los papeles siguen siendo los mismos", garantizó Miguel Ángel Ramos. La Junta ya ha anunciado una reorganización de los espacios en el edificio Noga, en el que no se ha podido ubicar el juzgado Penal número 15, creado en diciembre pasado.

Un secretario judicial asegura que cada juzgado tendrá finalmente que revisar unas 1.000 sentencias, de las cuales más del 50% son condenas por delitos contra la seguridad vial que han dictado los juzgados de Instrucción con la conformidad del acusado.

Pero el colapso de los órganos judiciales no sólo deriva de las reformas legales que han sobrecargado de asuntos a los jueces, sino que también influyen otros factores como el mantenimiento de las actuales plantillas de funcionarios -que no han variado desde hace muchos años- y el hecho de que las vacantes se cubran con personal interino que en muchos casos carece de formación y requiere un período de aprendizaje. "Se trabaja el doble o triple de ejecutorias más pero con funcionarios que no tienen experiencia", señala otro trabajador, que tiene claro que en el próximo concurso de traslados pedirá marcharse a otro órgano judicial porque en los juzgados de lo Penal hay "mucha responsabilidad y mucho trabajo, y no se ve una solución" al problema.

El juez Álvaro Martín considera que los funcionarios tienen que acceder a los juzgados "con la formación adecuada, ya que hay interinos que carecen de esa formación", y también es necesario por parte de la Junta una "mínima seriedad en la provisión de las vacantes y bajas laborales" de los funcionarios.

Los jueces lamentan que siga sin resolverse el problema de la Ciudad de la Justicia, cuyo proyecto de construcción en el terreno de Los Gordales está todavía paralizado por un recurso que planteó el Estado ante el Tribunal Supremo.