Carmen Calvo acepta continuar en el consejo consultivo del Real Alcázar de Sevilla

Carmen Calvo, ex vicepresidenta del Gobierno con Pedro Sánchez y consejera de Cultura en la Junta de Andalucía con Manuel Chaves, se mantiene como miembro del consejo consultivo del Real Alcázar de Sevilla. El alcalde, José Luis Sanz, ha designado a los miembros de este órgano cuya misión es asesorar y dar un impulso estratégico a los asuntos que afecten a la conservación, gestión, y difusión del Alcázar y la Casa Consistorial como bienes integrantes del patrimonio cultural de la ciudad. Calvo fue una apuesta del anterior equipo socialista que ha aceptado continuar en este cargo.

El alcalde ha designado a 11 miembros para el consejo consultivo a los que hay que sumar su propia figura, como presidente, la del Juan Bueno, responsable del área de Hacienda y Turismo, como vicepresidente; y el alcaide, el historiador del arte Andrés Luque Teruel. En este órgano se mantienen figuras de reconocido prestigio y expertos, como Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional; Carlos Fitz-James Stuart, duque de Alba; Pilar León-Castro, arqueóloga de gran trayectoria; Benito Navarrete, historiador del Arte; Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol; la americanista Enriqueta Vila; Isabel de León, e marquesa de Méritos.

Se incorporan al consejo consultivo el arquitecto Francisco Granero; el abogado Luis Miguel Martín Rubio; y Macario Valpuesta, profesor de Derecho; y salen del mismo Gregorio Marañón, Bertrán de Lis, Braulio Medel y Eduardo Mosquera.

Un órgano con voz pero sin voto

El Pleno del Ayuntamiento aprobó en diciembre de 2021 la modificación de los estatutos del Real Alcázar para adecuarlo a la actual normativa estatal sobre representación institucional en los organismos autónomos locales, reforzar la gestión adaptándola a un monumento que ha incrementado sus visitas un 170 por ciento –de 780.000 a 2,1 millones– desde 1995, año de la última reforma, al tiempo que aumentaba sustancialmente su agenda cultural, y garantizar la participación de los consejeros independientes.

La modificación venía impuesta por la necesidad de adecuar el Real Alcázar al régimen jurídico aplicable a los Organismos Autónomos Locales determinados por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que denomina a estos organismos autónomos como Agencias Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Teniendo en cuenta este marco jurídico, los órganos de gobierno del Real Alcázar de Sevilla (consejo rector y comisión ejecutiva) deben asumir el principio de representatividad de la propia Corporación municipal –es decir, representantes elegidos democráticamente en las elecciones al Ayuntamiento de Sevilla–.

El consejo rector del Patronato quedaba conformado por los representantes de la corporación municipal más cuatro de los miembros de la comisión permanente del consejo consultivo (compuesto por 12 independientes), que tendrán voz pero sin voto. Además, a la comisión ejecutiva, junto con la representación política, asistirá la presidencia de la comisión permanente del consejo consultivo, con voz pero sin voto. Se contempla, asimismo, una sesión solemne y conjunta del consejo rector y el consejo consultivo para la presentación del informe y la memoria anual.

Los informes consejo consultivo, aunque preceptivos, no podrán ser vinculantes, a tenor de la interpretación de la aecretaría general del Ayuntamiento con respecto a la legislación actual de órganos autónomos locales. Eso sí, cuando el consejo rector se aparte del dictamen, deberá motivar expresamente su decisión. Y el consultivo habrá de pronunciarse sobre cuestiones de capital importancia dentro de la gestión del recinto palaciego, entre ellas el anteproyecto de Presupuestos, las estrategias de gestión, uso y conservación, los planes para conservación y restauración, el Plan Director o la programación cultural. Se trata, por tanto, de un consejo consultivo que se le atribuye el máximo de facultades que permite la ley en cuanto a este tipo de órganos, al determinar las políticas cultura, presupuestaria y de conservación del monumento.