Un CaixaFórum sin fecha cierta

El gobierno de Juan Ignacio Zoido ha hecho encallar el CaixaFórum de Sevilla, cuyo calendario de obras es mucho más incierto que nunca. De forma sorprendente e inesperada, el gobierno local que proclama que hay que dar todas las facilidades posibles a los inversores privados que quieran invertir en Sevilla, y que ha hecho de esta cuestión una de sus banderas políticas, mudó hace sólo unas semanas de criterio (si es que en algún momento tuvo alguno) y exigió a La Caixa, la entidad que promueve la conversión de los antiguos astilleros en un centro cultural, un requisito administrativo (un Plan Especial) que hasta ese momento estimaba innecesario.

Los efectos de este cambio de posición, que quiebra por completo la seguridad jurídica existente para el avance del proyecto, no se han hecho esperar. El calendario de obras previsto ha saltado por los aires. La solución a este nuevo bloqueo generado por la Gerencia de Urbanismo no parece fácil. Ni será rápida. Motivo por el cual ya no podrán cumplirse los planes de La Caixa de abrir el complejo cultural dentro de tres años. En 2015. Lo llamativo es que no es la primera vez que el CaixaFórum no cuenta con la simpatía municipal. Los trabajos debieron comenzar el pasado verano toda vez que el expediente de la licencia de obras lleva abierto desde 2010, un año después de que el estudio del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra ganase el concurso de ideas convocado para la rehabilitación integral del edificio.

Desde entonces, el Consistorio ha estado deshojando la margarita de la licencia hasta virar de posición a última hora y a pesar del riesgo real de poner en peligro la única iniciativa de inversión privada que tiene la ciudad en el horizonte inmediato. Algo inaudito, ya que el gobierno del PP se ha tomado en los casi dos años de mandato muchas más molestias -aunque con éxitos más bien escasos- en tratar de sacar adelante otros proyectos urbanísticos privados (de perfil inmobiliario o comercial, nunca cultural) que de dejar al CaixaFórum recorrer sin trabas el sendero administrativo establecido. Proyectos más problemáticos, como Ikea o la recalificación de la comisaría de la Gavidia, cuyo impacto urbano es bastante más discutible que la rehabilitación integral de la Atarazanas, han formado parte nuclear de la propia agenda del gobierno. El CaixaFórum no. ¿Por qué?

La Alcaldía tiene en hibernación la petición de licencia urbanística de La Caixa al menos desde el mes de febrero. A partir de ese momento (hace ocho meses) el proyecto de Vázquez Consuegra superó todos los requisitos de índole patrimonial previstos por la Junta de Andalucía. Un proceso que le obligó a hacer ajustes en su propuesta original para garantizar su viabilidad legal, que sólo requiere ya el permiso municipal. Desde ese momento, sin embargo, todo han sido excusas. Primero la tardanza inicial en conceder la licencia (un acto administrativo reglado; no graciable) impidió que las obras comenzasen en verano. El arranque de los trabajos se trasladó a finales de este año. Entrados en el mes noviembre, parece evidente que este plazo no va a poder cumplirse. El equipo de Zoido, que en su día confirmó por escrito a la Junta y al Colegio de Arquitectos -que visó el proyecto por considerarlo también acorde a las directrices urbanísticas de Sevilla- que la intervención resultaba acorde al Plan General, sostiene de pronto todo lo contrario a lo que dijo y, en consecuencia, se niega a dar la licencia de obras. Una situación enconada cuya única solución pasa por una modificación puntual del PGOU. Un trámite que volverá a retrasar el proyecto todavía más.

La complejidad de la normativa urbanística es un terreno abonado para fomentar la confusión. Pero los motivos de la paradójica nueva posición municipal parecen tener mucho más que ver con una cuestión de ámbito político (su enfrentamiento con la Junta de Andalucía por otras cuestiones urbanísticas) que con un supuesto conflicto por interés patrimonial, aunque éste sea el banderín que parece agitar en defensa de la posición del PP el concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, que ha llegado incluso a expresar en público sus dudas sobre si el proyecto de Vázquez Consuegra tendrá algún tipo de impacto en el paisaje del centro de la ciudad o sobre la propia Catedral.

El argumento de Vílchez es interesado porque implica un juicio de valor sobre una cuestión en la que el Ayuntamiento no es legalmente competente. Y que quedó jurídicamente más que saldada hace tiempo. La explicación oficial del gobierno de Zoido es que no puede dar la licencia porque el Plan General obliga a hacer un Plan Especial en el caso de las intervenciones en edificios considerados BIC. Es cierto: el máximo documento urbanístico de Sevilla introduce este mecanismo de control para que las intervenciones en los edificios más importantes de la ciudad estén siempre avaladas por la Junta de Andalucía, que es omnipotente en este campo. La Caixa no presentó en su día un Plan Especial de las Atarazanas porque el Ayuntamiento le dijo que aplicaría en este caso el mismo criterio que en otros monumentos: si la Junta avalaba antes su proyecto de rehabilitación resultaba de todo punto innecesario cumplir tal trámite. Así ha ocurrido en intervenciones en otros monumentos con similar calificación que las Atararazanas: el convento de Las Teresas (convertido en hotel), el parque infantil del Parque de María Luisa (obras de Emasesa), la Posada del Lucero (hotel), el Castillo de San Jorge (ahora mercado de Triana) o la ampliación del convento de Santa Paula para usos privados religiosos. También en iniciativas como la reforma del Palacio del Pumarejo, el convento de los Capuchinos (garaje y hotel), el monasterio de San Agustín o la reforma de la finca situada en la calle Fabiola 1.

Urbanismo sencillamente busca una excusa. Obvia estos precedentes e insiste ahora en que se redacte un Plan Especial, que es un documento de planeamiento y, por tanto, más inconcreto que un proyecto de ejecución arquitectónica, que es la propuesta sobre la que ya ha opinado Patrimonio. La discusión que pretende reabrir el Ayuntamiento, en realidad, es totalmente bizantina. El PGOU pide que se redacte un Plan Especial con un único fin: que la licencia municipal esté, en todo momento, respaldada por Cultura, que es la única administración competente. Patrimonio ya emitió un dictamen favorable hace meses. Por tanto, no hay dudas de cuál es su opinión, que es lo que trata de garantizar el Plan General. Zoido, sin embargo, hace ahora del Plan Especial un fin en sí mismo. Su argumento es que estamos en el punto de mira de la Unesco por la Torre Pelli. La realidad, sin embargo, parece tener mucho más que ver con la notable frustración cosechada por su singular política urbanística que con el patrimonio de Sevilla.