Cae una red que exportaba residuos tóxicos a África desde Sevilla

La Policía Autonómica detuvo el pasado 9 de junio a cinco personas que formaban una red criminal dedicada a exportar a África residuos altamente contaminantes. La organización operaba desde Sevilla y tenía su base en dos naves industriales de Alcalá de Guadaíra, donde se han intervenido más de 33 toneladas de residuos tóxicos y varios vehículos dados de baja.

La investigación la ha desarrollado la Unidad Regional Operativa Medioambiental (UROM), un grupo de reciente creación que pertenece a la llamada Policía Autonómica andaluza (cuyo nombre oficial es unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía). En ella ha colaborado también el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

La actividad de la red era exportar los residuos altamente contaminantes procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos a países de África, donde el control sobre estos desechos tóxicos es nulo. Los cinco detenidos son de mediana edad y de origen africano. Todos ellos tienen su residencia legal en España. Se les han imputado los delitos de receptación, contrabando, pertenencia a organización criminal y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La investigación se inició en marzo, según detalló este miércoles en rueda de prensa el viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que estuvo acompañado por el comisario jefe de la unidad adscrita, Antonio Manuel Burgos, y el jefe provincial del Servicio de Vigilancia Aduanera en Sevilla, Francisco Javier Fernández.

Por el momento se han intervenido más de 33 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, considerados muy peligrosos; otros 3.775 kilos de pequeños aparatos eléctricos contaminantes; se han recuperado 3.000 bombonas de butano valoradas en 100.000 euros y que contenían restos de gas licuado derivado del petróleo y se han decomisado 12 vehículos. Éstos estaban en su mayoría dados de baja, pero no habían sido objeto del preceptivo tratamiento de descontaminación de sus materiales.

Los sospechosos carecían de cualquier tipo de permiso o habilitación para la producción, gestión o tratamiento de este tipo de residuos. Según la Policía, habían creado un complejo entramado dedicado a la localización, adquisición, almacenamiento, transporte y exportación de los desechos tóxicos. En el transcurso de la investigación, los agentes comprobaron cómo la organización utilizaba dos naves industriales de Alcalá de Guadaíra para almacenar los residuos, que adquirían de diversas formas.

Desde ahí los mandaban de forma clandestina a diversos países africanos. Para ello contrataban los servicios de empresas dedicadas al transporte internacional de grandes contenedores, que regularmente embarcaban en el puerto de Algeciras. La Policía y Vigilancia Aduanera interceptaron cuatro contenedores que tenían prevista su salida inminente con destino a países del Sur de África, y que iban cargados con todo tipo de residuos peligrosos.

De esta forma se producía un delito de contrabando por la exportación ilegal, ya que lo que declaraban que transportaban eran enseres personales, ropa, calzado, juguetes, menaje del hogar, herramientas, electrodomésticos y mobiliario en general. En realidad, los contenedores ocultaban una cantidad importante de compresores de motores refrigerantes, pantallas planas no equipadas con luces led, bombonas de butano, pequeños aparatos eléctricos y vehículos no aptos para circular con ellos, ya que estaban muy deteriorados.

Una vez en África, este material era despiezado para acceder a los materiales de cierto valor que contenían, como el cobre, principalmente. Este proceso de desmontaje grosero de las piezas se conoce con el nombre de canibalización. Esto supone que, además de hacer inviable la reutilización del producto, se produce la rotura de componentes que dan lugar a la emisión de vertidos y gases altamente contaminantes.

Este tipo de residuos son calificados como "muy peligrosos" por la Unión Europea. Habitualmente contienen aceites y gases clorofluorocarbonados que perjudican seriamente la capa de ozono y redundan en el calentamiento global del planeta. Su depósito, almacenamiento y descontaminación sólo puede ser llevado a cabo por empresas autorizadas, en un proceso con el que se persigue la reutilización de parte de los materiales.

Los cinco detenidos quedaron en libertad con cargos después de que fueran puestos a disposición judicial. El juez les ha retirado sus pasaportes y les ha impuesto la obligación de comparecer periódicamente en los juzgados. Según Interpol, en España tan sólo un 35% de los residuos procedentes de aparatos eléctricos son reciclados.

El viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz, destacó que ésta es una operación policial "pionera e histórica", ya que es la primera que se realiza en España de esta magnitud y características. Sanz quiso felicitar a la Unidad Regional Operativa Medioambiental, cuya primera gran investigación es este éxito policial.