Cae en Sevilla una red que utilizaba empresas de seguridad privada para blanquear dinero

La Policía Nacional ha desmantelado en Sevilla y otras provincias españolas, como Almería y Barcelona, una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y al fraude a la Seguridad Social. La investigación se ha saldado con 23 detenidos, entre los que están los responsables de varias empresas de seguridad que habían obtenido numerosos contratos públicos y que habían sido denunciados en numerosas ocasiones por impago a los trabajadores. Entre ellas destacan las sociedades Mersant Vigilancia y Urcon Security, entre otras.

Además, se han realizado nueve registros, en los que se han intervenido 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo, y se han incautado siete vehículos, tres pistolas -una de ellas detonadora-, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales, además de munición para arma corta.

Entre los delitos esclarecidos destaca un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6.576.558,31 euros, y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros. Precisamente, la empresa Mersant tenía el contrato de vigilancia de los edificios de la SeguridadSocial. O lo que es lo mismo, la Seguridad Social tenía contratada a una empresa que le defraudaba. También tenía contratos con la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla.

Según ha informado la Policía este lunes, las investigaciones se iniciaron a finales de marzo de 2022, cuando los agentes recibieron una denuncia contra una empresa de seguridad privada que no pagaba la nómina a 600 trabajadores desde diciembre de 2021. Esta empresa era Mersant Vigilancia, contra la que numerosos empleados protagonizaron protestas en Sevilla y pidieron a administraciones públicas que suspendiera sus contratos con ellos. Además, la empresa cobraba la facturación de sus clientes y traspasaba clientes y contratos a otras empresas, pretendiendo descapitalizar a la aludida mercantil al tiempo que eludía los obligados pagos a sus acreedores.

Por otro lado, los denunciantes indicaron que los actuales gestores de la empresa de seguridad eran testaferros de uno de los líderes de la organización, que estaba siendo investigado desde 2019 y que ahora ha sido igualmente arrestado junto a su mujer. Este hombre habría prestado a los antiguos dueños de la mercantil más de un millón de euros para intentar reflotar la empresa.

Los propietarios de Mersant eran un empresario sevillano y su esposa, que constaba oficialmente como responsable de la compañía al estar él inhabilitado para administrar empresas después de que quebrara otra sociedad anterior, Kappa Vigilancia, mientras que él quedaba como director de seguridad. Antes de estas empresas estuvo vinculado a otras como Seproalert, Odessa, Travel Proyect, Keeper, Thor Seguridad o Cartuja servicios, entre otras. Se investiga también si obtuvo este título de manera fraudulenta en un país del Caribe y la legalidad del arma que tenía, que es una de las intervenidas en la operación. También ha sido detenido su suegro, administrador de varias empresas y guardia civil en la reserva.

Al no poder devolver el millón de euros prestado, los propietarios de Mersant le entregaron la compañía al presunto cabecilla de la organización, un empresario residente en Carmona, para que se cobrara la deuda con la facturación de sus clientes. Por ese motivo, los nuevos propietarios dejaron de pagar, entre otros conceptos, las nóminas de los empleados. Además, según la Policía, estarían cediendo de forma ilegal sus servicios y su facturación a otra empresa de seguridad, Urcon, administrada por el citado prestamista a través de un testaferro.

80 sociedades y 30 testaferros

La organización investigada estaba, según la Policía, fuertemente jerarquizada y especializada en la comisión de delitos económicos como fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida. Además de esto, se dedicaban al blanqueode los beneficios obtenidos con esta actividad y de capitales procedentes del tráfico de drogas de, al menos, otros dos grupos a los que prestaban sus servicios.

Para ello, simulaban transacciones comerciales entre sociedades vinculadas, y así justificaban entradas y salidas de fondos de sus cuentas bancarias por un importe que, entre 2016 y 2021, superó los 27 millones de euros.

Para llevar a cabo estas actividades, la organización disponía de una extensa red de colaboradores y una estructura societaria integrada por más de 80 sociedades y 30 testaferros, a través de la cual simulaba transacciones comerciales que le permitían introducir y mover el dinero en el circuito financiero legal y ostentar la titularidad de unos 70 inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama.

Fraudes de más de seis millones y medio

Realizadas las investigaciones pertinentes, los agentes confirmaron la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, apropiación indebida y cohecho, cometidos por los anteriores gestores de la empresa de seguridad en connivencia con el líder de la organización. Entre los delitos esclarecidos cabe destacar fraudes a la Seguridad Social acreditados por importe de 6.576.558,31 euros y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros.

En la investigación se ha constatado la participación de 26 personas, siendo detenidas hasta el momento 23 de ellas en la ciudad de Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital. Se han realizado nueve registros, en los que han participado unos 100 agentes, tanto en domicilios particulares de los detenidos como en diferentes despachos y empresas.

En estos lugares se han incautado 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo, siete vehículos, trespistolas, una de ellas detonadora, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales, además de munición para arma corta. También se han intervenido varios ordenadores portátiles, tabletas, memorias USB, teléfonos móviles y numerosa documentación relacionada con la investigación.

A ello hay que añadir el bloqueo de 169 cuentas bancarias (39 de personas físicas y 130 de sociedades), en las que, hasta el momento, se ha constatado la existencia de más de 300.000 euros. También se han realizado anotaciones preventivas de embargo de 67 bienes inmuebles. La investigación sigue abierta y no se descarta una segunda fase de la misma con nuevas detenciones.

Tráfico de influencias

Como ya adelantó este periódico, la Fiscalía de Sevilla abrió una investigación contra el presunto responsable en la sombra de Mersant por un supuesto caso de tráfico de influencias. El empresario llegó a ser condecorado por la Policía Nacional en Madrid, en el curso del Día de la Seguridad Privada. Recibió una mención honorífica a pesar de la inhabilitación que pesaba sobre él para ejercer como administrador de empresas, impuesta por el juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla.

En noviembre de 2020, La Fiscalía recibió una denuncia de una persona del sector que exponía una serie de supuestas irregularidades en torno a la actividad de dos empresas de seguridad privada, Kappa y Mersant. En ella, el denunciante aseguraba que la segunda empresa era una sucesión de la primera, que entró en concurso y cerró, y que lo único que había cambiado de una a otra era la persona que ejercía de administradora, que era la esposa del empresario inhabilitado. En esta segunda sociedad, el denunciado trabajaba como director de seguridad.

Este periódico ha contactado con la representación legal de este empresario para ofrecer su versión de los hechos, que por el momento ha declinado.