CSIF exige a las administraciones que obliguen a Mersant a pagar su deuda con 300 vigilantes de Sevilla

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha concentrado este lunes a las puertas del Parlamento de Andalucía para exigir a las administraciones que intervengan ante Mersant Vigilancia y consigan que esta empresa abone la deuda que mantiene desde hace meses con su plantilla de trabajadores, la mayoría de los cuales opera en Sevilla. Según el Área de Seguridad Privada de CSIF-A, en toda España hay afectados unos 750 empleados y 300 de ellos están en Sevilla.

CSIF y el resto de organizaciones participantes en la protesta, a la que han asistido unas 300 personas, han reclamado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento que “no miren para otro lado mientras una empresa contratada con dinero público incumple el convenio y los derechos laborales de la plantilla”, de ahí que hayan exigido el cumplimiento estricto del convenio o la “anulación inmediata” de todas las adjudicaciones que tiene la empresa. También han lamentado la “dramática situación de muchos trabajadores que no tienen dinero para mantener a sus familias”, según ha recalcado Felipe Caro, responsable de Seguridad Privada de CSIF Sevilla.

Mersant debe las nóminas de diciembre y enero, así como la paga extra de Navidad en el caso de decenas de profesionales. La empresa, que es andaluza, trabaja para el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Entre otras instalaciones, su personal custodia el Museo de Bellas Artes, oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), juzgados, el parque de Arte Sacro, la Fábrica de Artillería, las dependencias de la Gerencia de Urbanismo, varios centros de servicios sociales, centros cívicos y colegios públicos.

Según CSIF, los trabajadores sufren una situación “extrema e insostenible” no sólo por el impago de sus salarios, sino también por “el retraso en las resoluciones sobre la infinidad de denuncias cursadas contra la empresa”. En este sentido, los seis sindicatos profesionales del sector ya firmaron una notificación conjunta dirigida a los departamentos de contratación de las administraciones públicas para “que actuasen ipso facto y conminasen a la empresa fraudulenta a saldar su deuda con los vigilantes de seguridad y restablecer de inmediato la regularidad en el abono de sus nóminas”.

Los representantes de los trabajadores también exigen un cambio en el sistema de licitación pública para que no se adjudiquen a la baja, lo que antiguamente se llamaban “bajas temerarias”, ni primen el capítulo económico. “Con este sistema, que premia la oferta más barata, no entran empresas solventes, lo que inevitablemente genera impagos. La prioridad debería centrarse en la solvencia de la empresa y el estudio y la técnica”, ha reclamado Caro.