El CGPJ reconoce los riesgos de estrés de los jueces ante la avalancha de las macrocausas

Sevilla/El servicio de prevención de riesgos laborales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reconocido los riesgos de estrés y de violencia que sufren los magistrados de la Audiencia de Sevilla, ante la avalancha de 90 macrocausas que está previsto que lleguen a estos tribunales en los próximos años.

En un informe de 16 folios, al que ha tenido acceso este periódico, la comisión recomienda una serie de medidas, entre ellas que se mantenga “sin solución de continuidad“ un refuerzo de tres magistrados en cada una de las cuatro secciones penales.

El informe recoge los riesgos de fatiga física, visual y mental que sufren los magistrados como consecuencia del exceso de trabajo, y añade que los programas informáticos “no son fáciles de usar, produciéndose en ocasiones des configuraciones en los documentos dada la existencia de problemas de compatibilidad”.

Sus riesgos de salud psicosocial son definidos como “estrés laboral moderado: elevado ritmo de trabajo y nivel de atención requerido, con dificultad para alternar tareas o efectuar pausas, presión de tiempo excesiva al realizar el trabajo y mantenimiento de posturas estáticas durante tiempo prolongado” por las largas sesiones de los juicios.

También sufren “violencia moderada en el trabajo“ con “faltas de respeto ocasionales o situaciones puntuales de agresividad verbal” por parte de usuarios y público.

Fuentes judiciales informan de que esta es la primera ocasión en España en que el órgano de gobierno de los jueces reconoce estos riesgos de salud laboral de los magistrados, que en el caso de Sevilla presentaron una denuncia formal el pasado mes de febrero.

El servicio de prevención de riesgos laborales inspeccionó las salas afectadas y propone, entre las medidas paliativas, que las bajas laborales por enfermedad se suplan “a la mayor brevedad posible” y que “se mantenga sin solución de continuidad“ el actual refuerzo de dos magistrados en la Sección Primera, otro en la Tercera y se estudien "medidas semejantes" para el resto de las secciones penales.

También recomienda que se reitere a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta que garantice los recursos necesarios para la realización del trabajo en lo concerniente a la dotación de "equipos de trabajo, mobiliario, condiciones termohigrométricas y de iluminación y programas informáticos adecuados al trabajo desarrollado".

El Servicio de Inspección del Consejo realizó otro informe sobre la evolución de las cuatro secciones penales -Primera, Tercera, Cuarta y Séptima- entre los años 2015, 2016 y 2017, y concluye sobre la carga de trabajo que soportan los 21 magistrados de la Audiencia de Sevilla que se supera el indicador fijado por el CGPJ y presenta una "tendencia al alza", además de que en los dos últimos años la carga de trabajo ha sido "superior a la media nacional y autonómica". Así, en el año 2007 la pendencia de asuntos entre las cuatro secciones ascendía a 1.826 asuntos, lo que supone una media de 456,5, mientras que la pendencia media de la comunidad autónoma se situaba en 204,4 asuntos y la nacional en 252,1.

Los magistrados superan los "objetivos de cumplimiento previstos"

Según los datos de estadística del servicio de inspección, el indicador de resolución de los magistrados de la Audiencia provincial evidencia que la dedicación alcanzada por estos magistrados "supera los objetivos de cumplimiento previstos, en especial el rendimiento obtenido por Luis Gonzaga del Oro-Pulido", magistrado de la Sección Tercera, por la asunción de una "carga de trabajo que excede de la reconocida a efectos de la adaptación del puesto de trabajo".

En cuanto a las denominadas macrocausas o causas de especial complejidad -las que superan los 3.000 folios o cuentan con ocho o más partes-, el informe destaca en el que momento actual hay 32 causas de especial complejidad tramitándose en la distintas secciones, y en este sentido, señala que por el número de intervinientes o por su volumen pueden dificultar la labor jurisdiccional, "pues algunos de estos asuntos, al margen de la dificultad y especial dedicación que exige su resolución, se traducen en numerosas sesiones de juicio". Así, por ejemplo, en el caso del juicio del "procedimiento específico" de los ERE, que se inició en diciembre del año pasado, ya se han celebrado hasta ahora un total de 66 sesiones y aún quedan por celebrar muchas más hasta finales de año, tiempo en el que los tres magistrados que componen el tribunal están exentos del resto del enjuiciamiento de otros asuntos.

Y para responder ante esta avalancha de macrocausas, la Audiencia sólo cuenta con dos jueces en comisión de servicio con elevación de funciones "por un plazo de seis meses", como refuerzo para todas las secciones penales de la Audiencia, si bien por acuerdo del presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, ambos magistrados están adscritos a la Sección Primera para reforzar esta Sala que está celebrando el juicio de los ERE.

Tras este análisis de la situación, el servicio de Prevención de Riesgos Laborales del CGPJ ha concluido que el ingreso del número de asuntos permanece en ascenso desde el año 2015, situándose por encima de la media nacional y autonómica, por lo que todos los magistrados "superan el indicador de resolución previsto", siendo esta tasa de resolución superior al ingreso computable de cada año. Destaca el informe que la pendencia también es superior a la media autonómica y a la nacional, y además las actuales causas de especial complejidad "implican un importante nivel de exigencia para los magistrados, tanto por el elevado número de sesiones de juicio que se precisa dedica en las causas como por el tiempo extraordinario y especial dedicación empleado en su resolución".

Con los actuales planes de urgencia vigentes, prosigue el servicio, se atiende a la situación de la Sección Primera y se equilibra la Tercera, al completar el porcentaje de la reducción de carga de trabajo por adaptación de uno de los magistrados, pero advierte de que en caso de "concurrir circunstancias de salud que originaran situaciones de incapacidad transitoria, pudiera conllevar un incremento en la carga de trabajo para los magistrados restantes, haciéndoles más vulnerables al riesgo de estrés laboral, pudiendo repercutir negativamente en la salud de los mismos".