Bolaños pide al TSJA que investigue a Carmelo Gómez por los "contratos simulados" pagados por Mercasevilla

sevilla/La juez María Núñez Bolaños, que investiga el delito societario en la empresa Mercasevilla, ha remitido una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que este órgano superior investigue al parlamentario andaluz del PSOE y vicesecretario general del PSOE de Sevilla Carmelo Gómez, en relación con los supuestos "contratos simulados" con las empresas del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, cuyas nóminas habrían sido abonadas por Mercasevilla mediante cuatro facturas falsas.

En la exposición razonada elevada al Alto Tribunal andaluz, la juez pide que se investigue además en relación con estos hechos a otras seis personas no aforadas: el ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García; el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; el conseguidor de los ERE Juan Lanzas; el cuñado de éste, Ismael Sierra; María del Carmen Rodríguez, nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; y el gestor José Rodríguez López.

La juez considera que el TSJA debe asumir la investigación también con respecto a las personas no aforadas porque "no parece que sea posible tramitar separadamente la causa para la persona aforada con separación de los segundos por órganos distintos, imponiéndose por el principio de continencia de la causa, la vis atractiva a favor de la competencia de esa Sala con el fin de evitar que pudieran dictarse resoluciones contradictorias".

La magistrada considera que los hechos que se les atribuyen tanto al al parlamentario andaluz como a los otros investigados podrían ser constitutivos de tres delitos. Un delito de prevaricación, derivado de la firma de los contratos. Otro de malversación de caudales públicos, en relación con los distintos actos de disposición realizados "sin control ni causa legítima". Y un tercer delito de falsificación de documento mercantil, derivado de la "confección, presentación y pago de las facturas".

En la exposición razonada, Bolaños considera que existen indicios "racionales de criminalidad" respecto a que las nóminas de Carmelo Gómez, José Antonio García y María del Carmen Rodríguez fueron abonadas por Mercasevilla "aprovechando el entramado empresarial" de Juan Lanzas. La juez cita un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que puso de manifiesto la existencia de indicios suficientes para considerar que el ex director general del Mercado mayorista Fernando Mellet, "en connivencia" con Juan Lanzas e Ismael Sierra, abonó 70.024 euros (33.024 y 37.000 euros) para el pago de esas nóminas, dado que esta cantidad "prácticamente coincidiría con el importe total de las retribuciones percibidas en concepto de rendimientos del trabajo y dietas exceptuadas de gravamen, más los costes de Seguridad Social", que ascendía a 69.751,41 euros por los tres trabajadores.

Carmelo Gómez estuvo contratado por la sociedad Maginae Solutions, vinculada a Lanzas, entre el 22 de marzo de 2007 y el 1 de agosto de ese mismo año, es decir, figuró dado de alta durante 133 días, y el importe de las retribuciones que percibió ascendió a 8.390,55 euros, cantidad que "coincidiría prácticamente con el importe de los pagos en concepto de abono de nóminas detectados a favor de Carmel Gómez, 7.846,19 euros".

Para Bolaños, existen indicios "razonables" para considerar que Juan Lanzas, "en connivencia" con Fernando Mellet, "habrían instrumentalizado el pago de los servicios presuntamente prestados, mediante la emisión de cuatro facturas, amparadas en los dos contratos firmados por Maginae Solutions y Mercasevilla". De esta forma, se obtendrían los fondos necesarios para luego realizar los pagos a los trabajadores contratados indiciariamente "de forma simuladas en las empresas dirigidas por Juan Lanzas e Ismael Sierra”.

La juez recoge en la exposición razonada las declaraciones de varios testigos que corroborarían las sospechas, como María A. F., empleada de Consulting Social Siemur, quien declaró que elaboró los contratos de trabajo y dio de alta en la Seguridad Social como empleados a Carmelo Gómez, José Antonio García y María del Carmen Rodríguez, "siguiendo las indicaciones de Ismael Sierra, quien únicamente le dijo respecto a éstos que uno de estos hombres era un comercial que iba a realizar su trabajo en Sevilla al igual que la mujer". Esta trabajadora indicó que desconocía las funciones de estos empleados y "nunca les había visto ni hablado con ellos", y añadió que la presunta labor comercial desarrollado por estas personas "no se vio reflejada en un aumento de facturación que ella elaboró o tuvo conocimiento".

El único investigado que sí declaró ante la juez, el ex concejal José Antonio García, aseguró que Fernando Mellet "le propuso contratarlo" y firmó el contrato “no recuerda si en el despacho de Mellet o en otro que había antes allí" en Mercasevilla.

La magistrada concluye que existen indicios racionales de criminalidad de que tanto el contrato de Carmelo Gómez como de los otros dos investigados "pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna y abonados con fondos procedentes de la entidad Mercasevilla mediante el pago de facturas por trabajos no realizados". Estos indicios que se desprenden de las actuaciones, prosigue la juez, han sido “refrendados por la documentación aportada, la actividad objeto de la contratación y pago del salario, habiendo guardado silencio los investigados en sus declaraciones en sede judicial, en especial los responsables de las empresas en las que se supone estuvo trabajando”.

La juez insiste en que Juan Lanzas e Ismael Sierra, en connivencia con Fernando Mellet y la colaboración del gestor José Rodríguez, habría "instrumentalizado mediante la expedición de cuatro facturas", dos de ellas por Maginae Solutions y la otras por dos empresarios cuyos datos fueron utilizados por el gestor imputados dado que eran clientes suyos.

Carmelo Gómez rechazó que el TSJA lo investigue

En noviembre de 2015, Carmelo Gómez ya pidió a la juez María Núñez Bolaños que no elevara la exposición razonada al TSJA, como pidió en su día la Fiscalía de Sevilla, en relación con el "supuesto pago" por parte de Mercasevilla de las nóminas que percibió cuando trabajó para sociedades vinculadas al conseguidor de los ERE Juan Lanzas. Carmelo Gómez negó que cobrara de Mercasevilla y subrayó que, en todo caso, el delito de simulación de contrato habría prescrito al haber transcurrido más de cinco años desde que fue contratado.

La defensa del parlamentario andaluz considera que las actuaciones realizadas en torno al delito societario de Mercasevilla que se investiga en esta empresa pública acreditan que no tiene "ninguna relación con los múltiples, variados, diversos y hasta variopintos hechos incluidos en el difuso y amplísimo ámbito de lo investigado en esa causa penal".

En el escrito remitido a la juez Bolaños, el letrado lamenta la "forzada aparición" de Carmelo Gómez "en uno de los últimos autos dictados por la anterior titular", en alusión a Mercedes Alaya, quien actúa con "premura" para establecer "alguna vinculación" entre Carmelo Gómez y el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, a pesar de que la misma "esta desmentida por lo investigado" por la Guardia Civil.

También reprochaba la "artificiosa vinculación" del parlamentario socialista con Mercasevilla, empresa de la que "nunca" fue empleado. "En ese caso, ¿por qué razón en esta postrera resolución de la anterior titular del juzgado, dictada cuando estaba a punto de perder el control del mismo, apuntó la idea de que sus nóminas fueron presuntamente abonadas por Mercasevilla?", se pregunta la defensa. Esa insinuación del supuesto pago, prosigue, aparece en el atestado que "llegó a estas actuaciones por iniciativa exclusiva de la anterior titular del juzgado", y añade que aquella insinuación le debió parecer "débil o insuficiente y precisamente para reforzar esa conjetura o insinuación la magistrada ordenó que urgentemente se elaborara un informe con el mayor detalle".

Tras esa orden de Alaya, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "se esfuerza en fabricar o construir la idea del supuesto pago por Mercasevilla de las nóminas" de Carmelo Gómez y para ello se establece el "falso silogismo siguiente: si Carmelo Gómez fue empleado de Maginae Solutions y esta mercantil recibió fondos de Mercasevilla, ergo, Maginae Solutions le pagó sus nóminas con fondos de Mercasevilla". Según la defensa, la UCO para conseguir ese "objetivo imposible, se esfuerza en una argumentación alambicada, utiliza correos electrónicos con palabras clave y cuadra cifras de manera aproximada. Pero lo cierto es que ni las fechas, ni las cifras, ni la posición de Carmelo Gómez encuentran encaje".

El vicesecretario de organización del PSOE reconoce que mantuvo una "escueta relación laboral que no llegó a consolidarse y apenas llegó a durar cuatro meses". El propósito, explica, era el aprovechamiento de su especialidad como técnico superior en dietética en el objeto social general de la empresa, en el asesoramiento a empresas de todo tipo sobre todo en el sector agroalimentario, y las nóminas fueron abonadas con "fondos privados en el seno de relaciones entre particulares", y todo ello "con independencia de la mayor o menor concreción de sus cometidos", precisa la defensa, que entiende que esa relación laboral fue "temporalmente brevísima, marginal e irrelevante en su trayectoria personal y laboral", y "ajena al derecho penal".