Bolaños procesa a Mellet y a otras 13 personas en la causa del delito societario de Mercasevilla

Sevilla/Otra macrocausa que abrió la juez Mercedes Alaya que se cierra después de siete años de instrucción. La magistrada María Núñez Bolaños, que investiga la causa del denominado delito societario en la empresa pública Mercasevilla, ha procesado al ex director general del mercado Fernando Mellet y a otras 13 personas a las que atribuye delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil, en relación con un supuesto perjuicio causado a la sociedad que ascendería a un total de 460.666,57 euros.

Tras siete años de instrucción, esta macrocausa que se inició tras las querellas presentadas por la propia Mercasevilla y por el Partido Popular por supuestos delitos societarios ha quedado reducida a cuatro hechos puntuales: un contrato con la empresa Hermes Consulting, el pago de unos palets, una beca que la Fundación Mercasevilla abonó a la hija del presidente de la asociación de mayoristas de Pescado y el cobro por parte de nueve trabajadores prejubilados en el ERE de 2007 de un premio extraordinario de jubilación.

En un auto notificado hoy, la juez María Núñez Bolaños ha dado por finalizada la instrucción y ha dirigido la causa contra 14 personas: el ex director general Fernando Mellet, Francisco Limón Romero –administrador único de Grupo Hermes Consulting-, Francisco José González García –administrador de Hermes Consulting-, Carmen Vela Maldonado –que cobró la beca-, Antonio Vela Adame –ex presidente de los mayoristas de pescado-, y los trabajadores prejubilados Pilar Giraldo –que fue responsable del departamento de Contabilidad de Mercasevilla-, Cristóbal C. R., Antonio P. L., José C. G., Eduardo C. L., Salvador O. B., José P. S., Fernando R. T., y José Manuel G. N.

Por el contrario, la juez considera que “no ha quedado acreditada” la existencia de mínimos indicios de su participación dolosa en los hechos del ex subdirector de Mercasevilla Daniel Ponce Verdugo, del actual responsable de caja y contabilidad José Manuel Pulido, de la ex directora de Estructuras Regla Pereira, y del economista José Antonio Ripollés Muñoz, y también archiva la causa contra el testaferro Francisco Algarín Lamela, porque está imputado en la investigación de los ERE fraudulentos.

En el auto, la juez considera que de las diligencias practicadas se desprende la existencia de “indicios de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal en que nos encontramos, determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos delictivos” que la juez ciñe a cuatro aspectos concretos.

Sobre el contrato de Mercasevilla con Hermes Consulting, la juez recuerda que el 25 de diciembre de 2005 Fernando Mellet firmó un contrato con Francisco Limón, cuyo objeto era la “obtención de subvenciones y/o financiación necesaria, a través de organismos privados y/o públicos para acometer una mejora en la plantilla de Mercasevilla, mediante jubilaciones anticipadas por edad y/o salud”, para lo cual se abonará el 5% del coste total de la prima que garantice las rentas que se pactan en el ERE.

Sin embargo, precisa la instructora, no consta “ninguna referencia” a este contrato en las actas de la comisión ejecutiva de Mercasevilla, del consejo de administración y de la junta general de accionistas, como “tampoco hay ninguna referencia al otro contrato o a factura alguna emitida por el grupo Hermes Consulting”.

El administrador de la empresa alegó en su declaración que se realizó un informe en cumplimiento de este contrato, pero en el documento –que fue aportado a la causa- no consta entrada o presentación en Mercasevilla, y por el contrario, la dirección de la lonja ha certificado que no ha encontrado “ningún informe realizado” por dicha sociedad, que además según la auditoría de Mercasevilla no tenía personal propio ni pagó servicios profesionales externos para la elaboración de informes o la prestación de servicios.

La juez llega a la conclusión de que, al menos indiciariamente, Francisco José González, “en connivencia con su cuñado Francisco Limón y con Fernando Mellet, facturaron a Mercasevilla en los años 2003, 2004 y 2008 diversas cantidades en virtud de un contrato simulado de prestación de servicios y con ocasión de supuestos informes relativos a los ERE, lo cual generó el pago por parte de Mercasevilla de 111.630,45 euros”.

En cuanto a la beca que percibió Carmen Vela Maldonado, hija del presidente de la asociación de Mayoristas de Pescado, el auto precisa que ésta había solicitado una beca a la Consejería de Innovación, a través de la agencia IDEA, para la realización de estudios de postgrado en Londres. Esa beca no le fue concedida por la Junta y la solicitud se planteó ante la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, que le otorgó 24.000 euros, aunque la joven cobró sólo 16.412,12 euros.

Bolaños sostiene que “no parece que la concesión de una beca para estudiar diseño gráfico en Londres encaje entre las actividades” que constituyen la finalidad de la Fundación, que en su artículo 6 se concretan en “la mejora de la prestación del servicio público del mercado mayorista alimentario, y asimismo contribuir a la mejora de la empleabilidad de los colectivos y minorías sociales más desfavorecidos en este campo de actividad, mediante promoción de la calidad y seguridad alimentarias, el fomento de mejoras en la formación profesional, y de medidas de inserción laboral, en los sistemas de trabajo, en la manipulación de los productos y en la calidad de los servicios complementarios en la Unidad Alimentaria de Mercasevilla, así como mediante la promoción y el fomento de l economía social de las empresas sevillanas del sector agroalimentario perecedero”.

Para la juez, podría inducirse que la entrega de la beca por Mercasevilla “respondió a un ánimo de liberalidad”, según el informe pericial.

A la misma conclusión llega la juez con respecto a los 76.000 euros que recibió Antonio Vela Adama –padre de la anterior-, como presidente de la asociación de mayoristas de Pescado, que recibió de la empresa “como mera liberalidad” por el reintegro de palets.

Mercasevilla entrego a la asociación 38.000 euros en 2007 y la misma cantidad en 2008.

La asociación aportó dos ofertas de trabajo sin firma y con un plazo de validez de un mes de Prae Ingeniería y unos planos de un anteproyecto de instalaciones de un centro de venta de pescado a mayoristas, y Mercasevilla abonó facturas por importe de 26.564 euros a Prae Ingeniería, que fueron registradas en la contabilidad en la cuenta “construcción de Pescado”, como obras de mejora en la nave del Barranco, de lo que los peritos deducen que “esta obras fueron encargadas y pagadas por Mercasevilla y no por la asociación de mayoristas de Pescado”. Y los peritos concluyen que la entrega de estas cantidades por la lonja a la asociación respondió a un “ánimo de liberalidad”, constatando la juez que tampoco hay ninguna referencia a estos pagos en las actas de la comisión ejecutiva, el consejo de administración y la junta general de la empresa.

La parte más importante del auto, la que supone un mayor perjuicio a la empresa, se refiere al pago del premio extraordinario a nueve trabajadores prejubilados en el ERE de 2007. Fue la propia empresa la que, en mayo de 2015, denunció en el juzgado estos pagos, acompañados de un informe del abogado Alfonso Martínez Escribano que concluye que estos premios son “indebidos, excesivos y fraudulentos”. El letrado aseguró en su declaración en el jugado que el abono de distintas cantidades –por un importe total de 256.624. euros- son injustificados porque “no se encuentra base en el convenio colectivo; excesivo, porque no se ajusta a las cuantías que prevé el convenio colectivo. Y fraudulento, porque entendía que esas cantidades tenían que haber sido compensadas por las cuantías que habían percibido los trabajadores”.

Fernando Mellet, señala la instructora, manifestó que fue “suya la decisión de compensación económica por baja voluntaria de los nueve trabajadores y lo negoció personalmente con estos trabajadores” y añadió que “no hizo más negociaciones con otros, porque esos eran puestos que podía amortizar y otros no”.

Por todo ello, la juez ha decidido procesar a estas 14 personas, por un delito de prevaricación, “derivado de la firma de contratos con la empresa Hermes Consulting”, de otro de malversación, “derivado de los diversos actos de disposición de fondos de Mercasevilla realizados sin control ni causa lícita alguna”, y de falsificación en documento mercantil, por la “confección, presentación y final pago por Mercasevilla de facturas por servicios ficticios”.

En el auto, que puede ser recurrido en reforma y apelación, la juez concede un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten sus escritos de conclusiones provisionales o pidan el sobreseimiento de la causa.