El Ayuntamiento revisará los precios de la obra pública hasta un 20%

El incremento histórico en el precio de materiales básicos de construcción, como el acero, aluminio, cobre y betunes, puso al Ayuntamiento de Sevilla a la búsqueda de una fórmula para garantizar que no haya interrupción alguna en las inversiones ni del Consistorio y sus organismos autónomos ni de las empresas municipales. Los técnicos de la delegación de Hacienda han optado por ampliar el abanico lo máximo legal posible y acogerse a los decretos del Gobierno y la Junta de Andalucía aprobados para hacer frente al encarecimiento. Lo que se traduce en que el alza de los precios podrá ser revisados hasta un 20%.

La dirección general de Contratación, Estadística y Seguimiento Presupuestario acordó la semana pasada “disponer la aplicación al Ayuntamiento de Sevilla, a sus organismos autónomos y al resto de entidades que conforman el sector público municipal, de las medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público que se establecen en el Título II del Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo”.

Este decreto ley quiere compensar a las empresas de la construcción por el sobrecoste ligado a la subida de precios de los materiales, motivada por la pandemia del coronavirus, la huelga de transporte y por los efectos de la invasión rusa en Ucrania. Además de reequilibrarse contratos sin mecanismo de revisión de precios, también se hará con los que sí incorporaron en sus pliegos esta cláusula, pero no están por encima del 20% de ejecución o no cuentan con dos años desde su formalización, requisitos que prevé la Ley de Contratos del Sector Público.

Al entender los técnicos municipales de Hacienda que el decreto estatal es insuficiente para el sector porque deja muchas obras fuera de esta excepcionalidad, han optado por introducir en el marco propio el decreto de la Junta. Esto mejora la cobertura a muchos contratos y permite que más empresas se puedan beneficiar de esta revisión de precios para no parar obras y para no poner en peligro la viabilidad de esos contratos, de las empresas y de miles de puestos de trabajo.

En concreto, a diferencia de la norma del Gobierno de España, el decreto ley andaluz incluye las obras en ejecución en 2021 y que a la entrada en vigor del real decreto ley estatal hayan terminado, así como las obras de menos de un año de duración. Además, amplía el filtro de obras con derecho a revisión de sus precios e incluye todo tipo de materiales empleados, y no sólo los cuatro recogidos en el real decreto estatal (bituminosos, siderúrgicos, aluminio y cobre).

Asimismo, la norma andaluza da la posibilidad a que se adhieran a este decreto ley las entidades locales y también las universidades, al tiempo que suprime las penalizaciones derivadas por retrasos vinculados a falta de material y permite la sustitución de materiales siempre que no altere la calidad del producto.

Por otro lado, el decreto ley andaluz amplía la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos y establece que a partir de ahora todos los pliegos de los contratos futuros contemplen la fórmula de revisión de precios.

“El encarecimiento será afrontado con rigor y consenso para que no exista ni una sola obra paralizada ni frenazo en la inversión municipal y, en consecuencia, que no haya secuelas en el tejido empresarial y el empleo generado, al tiempo que trataremos de mantener el volumen inversor en los próximos años”, sostuvo hace unos días Sonia Gaya, delegada de Hacienda.

El gobierno municipal argumenta que ahora mismo el Ayuntamiento se encuentra en el mayor volumen de proyectos en marcha de las últimas décadas, con inversiones en infraestructuras, patrimonio, equipamientos, reurbanizaciones... En total, 34 grandes obras (de más de 500.000 euros cada una) en la ciudad y una en colaboración con la Junta (en el paseo de Torneo) que suman un volumen de inversión de 226 millones de euros. En estas intervenciones participan una treintena de grandes empresas en solitario o en UTE y generan un volumen de contratación directa e indirecta de 3.744 personas. Además, sostiene que hay decenas de pequeños proyectos repartidos por todos los barrios y los grandes contratos de mantenimiento de la ciudad que suman 50 millones entre conservación de viario, parques y jardines y arbolado o señalización semafórica.

Todos estos contratos se licitaron a un precio, se adjudicaron por otro importe y antes del inicio de las obras o durante la ejecución de las mismas la situación económica (crisis sanitaria, huelga del transporte y guerra de Ucrania) y los precios de distintos materiales se modificaron. Lo que supone que muchas empresas, con el estrecho margen que deja la ley para modificados, no puedan asumir los contratos. “Estamos trabajando para solucionarlo desde el rigor”, sostiene Gaya antes de apuntar que “nuestro compromiso es realizar el máximo esfuerzo económico, jurídico y administrativo posible para así lograr adecuar nuestro gran volumen de obra pública al actual escenario económico”.

El Ayuntamiento es consciente de que la medida adoptada supondrá un gran impacto económico y presupuestario, una enorme complejidad técnica y una gran dificultad administrativa. Y avisa que no todos los contratos se pueden acoger a los dos decretos, poniendo como ejemplo el caso de los de conservación.

El órgano de contratación será quien apruebe la revisión excepcional de precios, si procede, previa solicitud del contratista. Esta petición irá acompañada de la documentación que acredite que se cumplen las condiciones para la revisión del contrato. La cuantía resultante de la revisión se aplicará en la certificación final de la obra, como partida adicional. En todo caso, el órgano de contratación estará facultado para realizar pagos a cuenta por el importe de la comprobación calculada a la fecha de pago de cada certificación de obra.