El Ayuntamiento relaja la presión policial sobre los bares de copas

La Policía Local tiene orden de relajar la presión sobre los bares de copas del centro de la ciudad, después de que en los últimos días hayan sido precintados 15 locales. Los agentes de este cuerpo han recibido ahora instrucciones para aplicar la ley 7/2006, conocida como antibotellón, con una cierta flexibilidad y que se aperciba en varias ocasiones a los bares antes de proceder a su cierre, según explicaron a este periódico fuentes policiales. Prueba de esta relajación ha sido el número de actuaciones durante la Nochebuena y la Navidad, que se han saldado con tres denuncias y ningún precinto.

Los agentes carecen de cualquier protocolo para aplicar la ley antibotellón y la ordenanza municipal antirruido, como ha denunciado en reiteradas ocasiones el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla. En el caso de la ordenanza, el texto se aprobó en julio y entró en vigor en noviembre. Durante todo este periodo los policías de la Línea Verde han solicitado un protocolo de actuación a la Jefatura, que hasta la fecha no ha facilitado ninguna guía a los policías a la hora de intervenir.

Si la semana pasada las consignas eran las de aplicar la norma con severidad, llegando a precintar doce bares en un fin de semana, ahora las instrucciones son de apercibir todas las veces que sean necesarias y que el precinto sea el último extremo.

Este cambio de rumbo del Ayuntamiento se produce después de que los empresarios de los bares de la Alfalfa, el Arenal y la Alameda de Hércules mantuvieran el pasado martes una protesta ante la delegación de Medio Ambiente del Consistorio y decidieran crear una asociación para formar un frente común ante el Ayuntamiento.

Por su parte, la delegación de Medio Ambiente dio ayer a conocer las sanciones que ha impuesto a los ocho bares que aún no habían podido reabrir desde el pasado fin de semana. El Ayuntamiento ha impuesto multas de 6.000 euros y dos meses de clausura a tres de los locales precintados (Casa Matías, Arfe 11 y Gallo Negro). Otro bar permanecerá clausurado un mes y también se castiga con una multa de 6.000 euros. Fuentes municipales explicaron que en estos cuatro casos se ha tenido en cuenta no sólo el consumo de alcohol en la vía pública, sino que se excedían de lo establecido en la licencia. Según las fuentes, hay casos en los que estaban ejerciendo como bar de copas sin licencia, además de tener múltiples denuncias previas. A los cuatro negocios restantes se les levanta el precinto a partir del día 30 de diciembre y se les impondrán multas de entre 2.000 y 4.500 euros.

El abogado de la nueva asociación de empresarios de los bares del centro, Juan Isidro Fernández, anunció ayer que recurrirá los precintos para que los bares puedan reabrir cuanto antes. Para el representante legal de la nueva entidad, los cierres de estos bares suponen dejar en el paro a unas 400 personas, en una época que supone aproximadamente un tercio de los ingresos de todo el año para estos negocios. El letrado también está preparando una querella por prevaricación y coacciones contra el delegado de Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, por la aplicación arbitraria de la ley.