El Ayuntamiento se plantea el cierre de la estación del Prado

La estación de autobuses del Prado de San Sebastián podría cerrar sus puertas en breve. El Ayuntamiento de Sevilla aún no ha adoptado ninguna decisión firme, pero admite ya que es una posibilidad que baraja, lo que ha generado una importante alarma entre la plantilla de trabajadores.

Después de que los sindicatos municipales y la oposición alertaran públicamente del posible cierre, el gobierno local explicó anoche que los motivos para decretar el posible cierre son varios. El fundamental es la disminución de los ingresos municipales que genera esta instalación, que en la última década ha ido perdiendo líneas al retirarse algunas empresas de transportes. Esto hace que cada día sea menos rentable y que el coste del personal pagado por el Ayuntamiento y los gastos de mantenimiento en sí sean cada vez más insostenibles.

Además, a todo ello se suma el deterioro de la estación, un edificio de 1940 que necesita evidentes reformas, pero que no se puede modificar para adaptarlo a otros usos porque está protegido arquitectónicamente al haber sido declarado Bien de Interés Cultural, lo que limita un uso comercial lucrativo. De hecho, el inmueble es propiedad de la empresa Tussam y, por ello, debería seguir teniendo una finalidad social. En su día se pensó que podría convertirse en un intercambiador de transportes y ser utilizado como nudo de comunicación con el Metrocentro y el Metro, con paradas junto al edificio, y su conexión con el ferrocarril y numerosas líneas de autobuses de la provincia y urbanas. Esta posibilidad se aplaza por ahora.

En lo que sí insistió ayer el Ayuntamiento fue en descartar que haya pensado enajenar el edificio. A pesar de que su conservación supone un lastre para las cuentas municipales, no está en venta. Según apuntaron fuentes municipales, en 2010 se devengaron por todos los conceptos relacionados con la estación 152.000 euros y el año pasado la cifra bajó a 137.000 euros. Un balance que contrasta con los más de 1,5 millones de euros anuales que cuesta a las arcas municipales mantener abierta la estación de autobuses del Prado de San Sebastián.

El cierre permitiría al gobierno local reasignar a los trabajadores en otros servicios municipales y, de paso, cubrir las necesidades que existen actualmente y que no se subsanan por la dificultad de aumentar el personal sin subir el gasto público.

Esta opción provocará, sin duda, un nuevo conflicto laboral. Los sindicatos, en representación de la plantilla de 26 empleados municipales, criticaron ayer que se esté actuando de espaldas, mientras que el gobierno local aseguró que desde el 18 de julio se está dialogando con los trabajadores barajando la posibilidad del cierre y su reasignación a otros servicios. Los sindicatos lamentaron ayer que los afectados, que cuentan en algunos casos con 30 años de experiencia en la estación, no tengan la información suficiente para valorar su situación.

Fuentes municipales garantizaron ayer que se mantendrán todos los puestos de trabajo, respetando la categoría profesional y los derechos laborales de la veintena de empleados municipales adscritos en este momento a la estación de autobuses y que pasarían, de confirmarse el cierre, a otros servicios.

Además, el Ayuntamiento tendrá ahora que reubicar en otro enclave las líneas de autobuses para garantizar un servicio del que se benefician a diario miles de usuarios, pues la estación conecta la capital con 150 localidades de Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y ciudades de Extremadura y Portugal.

También tendrá que abrir un proceso de negociación con las empresas concesionarias que prestan servicios auxiliares en la estación para modificar estos acuerdos. En la estación hay cuatro negocios y dos cajeros automáticos.

Antes los temores de que el cierre se haga efectivo en breve, el sindicato UGT informó ayer de la recogida de más de 3.000 firmas para solicitar que se reconsidere esta medida. Estos escritos se entregarán al alcalde, Juan Ignacio Zoido, así como a los grupos de la oposición y también a la Diputación, puesto que la clausura afectaría a muchos vecinos de la provincia.