El Ayuntamiento ofrecerá trabajos sociales a los multados por la basura

Y al cuarto día, se modificó. La ordenanza municipal sobre recogida de residuos y limpieza que entró el martes en vigor en la capital andaluza pasará al secretario del Ayuntamiento de Sevilla para que elabore un informe que incluya en el documento que se ofrezca a las personas que rebusquen en los contenedores cambiar la sanción económica por recibir atención social. El paso atrás del equipo de Zoido se produce tras una semana en la que la polémica ordenanza (que sanciona hasta con 750 euros a aquellas personas que hurguen en los contenedores de basura) llegó a colarse incluso en los informativos nacionales y provocó las críticas de los partidos de la oposición, el Defensor del Pueblo andaluz, sindicatos y ONG como Cáritas y Cruz Roja.

Esa atención social sería sustitutoria de la sanción administrativa siempre que antes sea aceptada por la persona o por su representante legal, explicó la delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores de Pablo-Blanco. Los artículos 11.19, 120 y 121 de la nueva ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos municipales incluyen como infracción leve (por lo que puede recibir una sanción de entre 90 y 750 euros) "extraer o rebuscar residuos una vez depositados en los contenedores", imagen que se ha hecho bastante habitual con la crisis económica y no sólo por parte de inmigrantes extranjeros, sino por sevillanos cuyos recursos económicos han mermado drásticamente los últimos años.

Más. Cuando los agentes de la Policía Local vean a alguien rebuscando en la basura tendrán que hacer primero una labor "disuasoria, preventiva" y ofrecerles los recursos de ayuda municipales, "incluso activando a los Asuntos Sociales municipales". El Consistorio asegura que desde 2003 se recogen sanciones económicas por rebuscar en los contenedores, pero que siempre se ha obviado la posibilidad de la intervención social, por lo que ahora a estas personas se les dará la oportunidad de decidir "si hacen una prestación social y si reciben los recursos que les ofrece la ciudad". Tras señalar que se va a dar "un paso cualitativo" con la modificación de la ordenanza, De Pablo-Blanco afirmó que ahora "se va a dar la oportunidad a esas personas de que sean recuperadas socialmente" y de que "normalicen sus vidas".

La entrada en vigor de la ordenanza no ha impedido que esta semana se volviera a ver a personas rebuscando en los contenedores de la ciudad, una estampa cuya desaparición se antoja bastante difícil. La delegada manifestó que es algo "que hacía falta desde el primer momento en la ordenanza", pero que no se ha contemplado desde hace once años "porque se daba por hecho", a la vez que insistió en que el objetivo del Consistorio es la recuperación de las personas. "A esas voces que se han quejado" por las sanciones económicas, les aseveró que ya existían en las anteriores ordenanzas y que desde 2003 a 2011 (cuando el Partido Popular no gobernaba todavía) se tramitaron más de 400 expedientes disciplinarios por esa misma acción.

El Pleno municipal rechazó ayer con los votos contrarios de los populares una moción de IU respaldada por el PSOE que, entre otras cosas en favor del colectivo de personas en riesgo o situación de exclusión social, reclamaba eliminar las sanciones económicas que recoge la nueva ordenanza y proponía aspectos como incrementar los programas sociales de las personas sin hogar, así como la plantilla dedicada a las mismas, y restablecer la unidad móvil de atención directa a personas sin hogar. Frente a esto, De Pablo-Blanco puso en valor las actuaciones sociales desarrolladas por su equipo de gobierno, teniendo en cuenta que en estos dos últimos años se ha ido incrementando el presupuesto en siete millones de euros para atender "a las personas que más lo necesitan", creciendo para los comedores sociales en un 158% y creándose nuevos catering sociales en varios barrios.