El Ayuntamiento intenta cobrar 3.000 euros por una marcha en bici

El Ayuntamiento de Sevilla ha pasado una factura superior a 3.000 euros a la Plataforma Metropolitana por el Carril-Bici y la Movilidad Sostenible por cada hora de trabajo de los agentes de policía y patrulleros que controlaron la XV marcha en bici que el pasado domingo recorrió la capital desde la Puerta de Jerez al Parque del Alamillo. Lo denunció este lunes por la mañana Izquierda Unida y por la tarde el gobierno local del PP anunció que no exigirá el pago por considerar que la plataforma ha justificado el beneficio socioeconómico que esta marcha tiene para la ciudad.

Se trata de una tasa por "acompañamiento de policía local a las marchas" que la plataforma ciclista se niega a pagar "porque el ejercicio de sus derechos constitucionales de reunión y manifestación no debe estar condicionado al pago de tasa alguna". Un pago similar se ha exigido también a las asociaciones de patinadores y al Parque del Alamillo por otros actos y también han recurrido en contra.

La medida responde a una nueva ordenanza fiscal que entró en vigor en enero de 2012 y fija una tasa de prestación de servicios especiales por la celebración de espectáculos públicos y cualquier otra actividad (deportiva, social o ciudadana) que exija la intervención de la Policía Local. Puede consultarse en el área de Hacienda de la web del Ayuntamiento (www.sevilla.org).

La única manera de evitar el pago es por decisión del concejal delegado de Seguridad y Movilidad previa presentación de un informe técnico "donde quede debidamente justificado que la actividad cultural, deportiva, social o artística redunda en amplio beneficio socio-económico para la ciudad de Sevilla", según reza el artículo 2 de la ordenanza.

La norma pasó desapercibida pese a fijar tarifas de hasta 35 euros por cada hora de trabajo de un agente de Policía Local, 130 euros por hora de cada patrullero y 50 euros por cada moto. Si el acto supera los 11 kilómetros, se pagará más por los patrulleros (0,47 euros más por kilómetro extra) y por las motos (0,23 céntimos más por cada kilómetro extra). La autorización municipal para el acto en cuestión se cobra a 35 euros. En Baleares ya lo aplica, con tarifas más caras.

El grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla puso este lunes el grito en el cielo y calificó la medida de "absolutamente escandalosa" porque supone "privatizar la seguridad del tráfico y obligar a pagar a quien quiera manifestarse u organizar una actividad colectiva y social", en palabras de su portavoz municipal Antonio Rodrigo Torrijos.

Horas después de la denuncia de IU a la prensa, el gobierno local anunció que "no cobrará los 3.000 euros por la marcha ciclista". Fuentes del área de Seguridad y Movilidad que dirige el concejal Demetrio Cabello argumentaron que "hoy lunes (por ayer) se ha recepcionado el informe que justifica los beneficios del acto". En la marcha participaron 2.500 ciclistas de la corona y de la capital que reivindicaban una red de carriles-bici metropolitana e infraestructuras de intermodalidad con el transporte público. Ricardo Marqués, portavoz de la asociación ciclista A Contramano, aclaró a este periódico que recibieron el impreso de autoliquidación de la tasa por email de la Policía el viernes, 48 horas antes, y respondieron que no lo pagarían porque en 15 años no lo han hecho y por vía impuestos ya pagan la vigilancia policial. De lo contrario sería pagar dos veces.