El Ayuntamiento ya infringió la ley con las cámaras de la Plaza Nueva

Una inspección de Protección de Datos detectó cinco cámaras que grababan la calle sin permiso desde la fachada del Consistorio

El Ayuntamiento ya infringió la ley con las cámaras de la Plaza Nueva
El Ayuntamiento ya infringió la ley con las cámaras de la Plaza Nueva
F. P. A.

10 de febrero 2016 - 05:03

El Ayuntamiento de Sevilla ya fue apercibido por la colocación de las cámaras de videovigilancia de la Casa Consistorial, que fueron instaladas sin permiso de la Delegación del Gobierno y grababan la calle sin tener autorización para ello. La Agencia Española de Protección de Datos abrió un expediente al Ayuntamiento por una infracción grave a la ley de esta materia.

El caso surgió por la denuncia de un ciudadano en septiembre de 2013. La Agencia de Protección de Datos hizo una inspección en el Ayuntamiento en abril de 2014 y constató que había 25 cámaras de videovigilancia entre las de la fachada y las del interiore. De ellas, cinco eran del tipo robotizado que grababan en 360% y con zoom.

Estas cinco cámaras captaban los espacios públicos y a los viandantes en la Plaza Nueva, la calle Granada, la Plaza de San Francisco y la Avenida de la Constitución. Otra cámara fija grababa un pasadizo de acceso y dos más la zona de Alcaldía y el porche de entrada, que recogían un pequeño ángulo de la calle. El Ayuntamiento contaba con diez carteles informativos en los que se advertía que la zona era videovigilada, más otro aviso en el control de acceso. Había cinco monitores de visualización y dos videograbadoras.

La Agencia comprobó que todo este sistema estaba montado sin autorización alguna, y que se grababa a los viandantes sin su consentimiento. Por tanto, en su propuesta de resolución consideró que el Ayuntamiento de Sevilla había cometido una infracción grave a la ley orgánica de protección de datos, e instó al Consistorio a que tomara las medidas oportunas para corregir estas anomalías y que los dispositivos estuvieran colocados acorde a la normativa vigente. El expediente fue remitido a la Defensora del Pueblo Español, Soledad Becerril, que abrió una investigación sobre los hechos.

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