El Ayuntamiento pide la imputación de Monteseirín en el caso Fundación DeSevilla

Los actuales responsables de la Fundación DeSevilla, entidad del Ayuntamiento de Sevilla, han recurrido para que el juez que investiga sus subvenciones tome declaración como imputados al ex alcalde sevillano Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), a toda su Junta de Gobierno y a otros responsables municipales que intervinieron en las ayudas investigadas.

La Fundación, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, dice que existen pruebas suficientes de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos que imputa a Sánchez Monteseirín y los concejales de su Junta de Gobierno Local, pues además de incumplir la Ley de Subvenciones cometieron otras ilegalidades.

Entre ellas, cita la inexistencia de plan estratégico previo, la falta de bases reguladoras de la concesión y la inexistencia de la necesaria concurrencia y publicidad.

Por el caso de la Fundación DeSevilla bajo el anterior mandato municipal de coalición PSOE-IU están ya imputados el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU), el ex concejal Carlos Vázquez Galán (IU) y el ex gerente de la Fundación Miguel López Adán.

Ahora, la Fundación recuerda que el Ayuntamiento incumplió la Ley General de Subvenciones en el sentido de pagar nuevas ayudas sin que las anteriores estuvieran justificadas, como ocurrió con los 742.500 euros del expediente 98/09, los 534.986 del expediente 37/09 y los 150.000 euros del expediente 85/08.

"En definitiva, las resoluciones de subvenciones de la Junta de Gobierno Local a la Fundación DeSevilla han excedido el ámbito de la discrecionalidad de forma continua, pasando a constituir una evidente arbitrariedad proscrita por la Constitución y dictada a sabiendas de su injusticia", afirma el recurso. La tramitación se produjo de forma "totalmente irregular, donde se ha prescindido total y absolutamente de los trámites del procedimiento legal", añaden los actuales responsables de la Fundación. El juez de instrucción 16 de Sevilla, con el criterio de la Fiscalía, rechazó las nuevas imputaciones y ahora la Fundación lamenta que ambos no se hayan pronunciado sobre otra de sus peticiones, consistente en que la Guardia Civil investigue los presuntos pagos obligatorios que los trabajadores municipales nombrados por IU debían hacer al Partido Comunista, según declaró al juez una testigo. El recurso mantiene que éste puede ser uno de los "centros de la cuestión" para averiguar si esos fondos se destinaron "a usos particulares o partidistas".