El Ayuntamiento contacta con las familias de la Corrala para evaluarlas otra vez

El alcalde de Sevilla ha manifestado este jueves que los servicios sociales del Ayuntamiento están contactando con las personas desalojadas de la Corrala Utopía, al objeto de someterlas a una nueva evaluación de su situación socioeconómica, extremo encuadrado en la solución orquestada por la Junta de Andalucía después de que la Consejería de Fomento realojase provisionalmente a nueve familias de este colectivo, pero paralizase esta misma actuación en otros ocho casos dada la polémica suscitada por esta decisión.

"Como ellos no han ido por allí (en referencia a los dispositivos de atención social del Ayuntamiento), se les está llamando", ha explicado este jueves Juan Ignacio Zoido, quien considera que estas personas "deberían haber acudido voluntariamente" a los servicios sociales del Ayuntamiento merced al acuerdo alcanzado entre las administraciones para someter a este colectivo a una nueva evaluación socioeconómica. "Les estamos buscando para poder evaluarles", dice el alcalde defendiendo que, "con la prioridad que le queremos dar a este asunto para terminar de resolverlo en el sentido que sea, vamos a hacer todos los informes".

Con el objetivo de solucionar el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda ha remitido al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debe determinar su derecho o no a estos realojos provisionales. Los servicios sociales del Ayuntamiento, merced a la oferta de Ibercaja, propietaria del inmueble ocupado, para reconducir a su programa social de vivienda a las familias que acreditasen un verdadero estado de necesidad de vivienda, ya elaboraron en su momento "notas informativas de necesidad de vivienda" en el caso de 25 familias de este colectivo, aunque siempre a los efectos de que Ibercaja, como entidad privada, les diese acceso o no a su programa de ayudas. Fruto de aquellas notas informativas, según el Ayuntamiento, en el baremo social del Consistorio sólo figuraban dos de las familias que forman parte del colectivo, concretamente en los puestos número cien y 122 de un listado de 388 personas o familias, si bien el colectivo niega este extremo y defiende que numerosos informes de los servicios sociales prueban que todas las personas se encuentran en riesgo de exclusión social.