El Ayuntamiento de Sevilla lleva dos años sin multar a los clientes de la prostitución

El Ayuntamiento de Sevilla lleva aproximadamente dos años sin multar a los clientes de la prostitución. No se está aplicando, por tanto, la ordenanza municipal contra la explotación sexual de mujeres, en vigor desde el año 2011 y que fue modificada en 2017. Esta normativa contempla sanciones de entre 500 y 3.000 euros para las personas que contrataran servicios sexuales en la calle.

La Policía Local llegó a confeccionar unos boletines de denuncia específicos para este apartado, con el objetivo de cobrar las multas in situ. Esto era una petición de muchos de los denunciados, que preferían pagar sobre la marcha a que las denuncias llegaran notificadas a sus domicilios. Sin embargo, en los últimos dos años, la Policía ha dejado de sancionar estas prácticas, y sólo interviene cuando las relaciones sexuales se producen a plena luz del día y en sitios públicos en los que haya presencia de más personas.

Sevilla fue una ciudad pionera en la lucha contra la explotación sexual de las mujeres y elaboró una ordenanza municipal enfocada a proteger a las prostitutas, a las que consideraba unas víctimas de esta situación. A diferencia de otras ciudades españolas, la ordenanza de Sevilla no contemplaba sanciones contra las meretrices, sino que lo que se castigaba era a quiénes pagaban por sus servicios. La ordenanza contaba con una batería de medidas sociales encaminadas a sacar de la calle a las mujeres.

La norma se centraba en la prostitución callejera, que en Sevilla llegó a ser un problema en algunos barrios como Nervión o Sevilla Este tanto en la década de los noventa como en los primeros 2000. Con el paso de los años, y una fuerte presión vecinal (en Sevilla Este se llegaron a organizar patrullas vecinales y en Nervión fueron continuas las manifestaciones en calles como Santo Domingo de la Calzada), la prostitución callejera se fue trasladando a zonas deshabitadas, especialmente los polígonos industriales. Lugares como la Carretera Amarilla, o la de Su Eminencia, se convirtieron en los nuevos escenarios de intercambios sexuales.

Traslado a los polígonos

También el propio fenómeno experimentó un cambio importante, que restó prostitutas de las calles para pasar a trabajar en pisos o casas. Este tipo de burdeles proliferaron con cierta fuerza en barrios como Nervión, donde sigue habiendo muchos prostíbulos en funcionamiento. Algunos de ellos, como el de la avenida del Greco, han provocado incluso protestas públicas por parte de los vecinos.

Desde los años 2000, la prostitución pasó a estar más controlada por mafias que traían a jóvenes inmigrantes de sus países de origen con la promesa de un trabajo, para luego obligarlas a prostituirse en casas, pisos o clubes. Esto provocó también un cambio en la lucha contra la explotación sexual de las mujeres, que obligaba a una mayor investigación policial y a operaciones mucho más complejas, dirigidas ya desde los juzgados. Se sobrepasaba así el cometido de una ordenanza municipal que estaba principalmente encaminada a la lucha contra la prostitución callejera.

A pesar del traslado a los polígonos, este fenómeno sigue existiendo en Sevilla. El perfil de las mujeres que se ofrecen sexualmente en la calle suele ser algo distinto al de clubes y burdeles. En estos casos hay más personas de nacionalidad española, generalmente con problemas de toxicomanía y con unos verdaderos dramas familiares a sus espaldas. También en algunas zonas hay inmigrantes trabajando en la calle, principalmente africanas e iberoamericanas.

La ordenanza cumple once años en vigor

La ordenanza contra la explotación sexual de las mujeres se elaboró en la última etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde de Sevilla, pero no entró en vigor hasta los primeros meses del mandato del que fue su sucesor, Juan Ignacio Zoido. Lo hizo a finales de agosto de 2011, y en esa época la Policía Local estuvo muy activa en la aplicación de la misma. En poco más de un mes, los agentes municipales desarrollaron más de un centenar de intervenciones, identificaron a cien mujeres y levantaron actas contra 38 clientes.

La norma no sólo se centraba en las sanciones, sino que contenía una batería de medidas de apoyo a las prostitutas que la convirtieron en uno de los textos más avanzados de España. Por ejemplo, la ordenanza recoge que el Ayuntamiento de Sevilla destinará en cada ejercicio, de acuerdo con su presupuesto general, "al menos una cantidad idéntica al importe obtenido" mediante las sanciones impuestas a los clientes de las prostitutas "para mejorar la situación personal, social y económica de las mujeres en situación de explotación sexual".

Así, se ponía en marcha un programa de intervención y atención a las víctimas, que se desarrollaría a través de un plan municipal para la erradicación de la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual. La ordenanza hace referencia también a una convocatoria pública anual de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro que desarrollasen programas de apoyo y atención a mujeres prostituidas.

Un plan de intervención

La ordenanza recoge cinco medidas específicas de intervención. En primer lugar, el Ayuntamiento se compromete a prestar información y ayuda a todas las mujeres que se encontraran en situación de explotación sexual, y en especial a aquellas que manifestaran su voluntad de salir de la misma. Los servicios municipales deben informar a todas las mujeres de los recursos sociales disponibles para facilitarles una salida de este mundo. En los casos graves o urgentes, la Policía u otro servicio municipal, acompañará a la mujer para que pudiera recibir atención social y/o médica. El Ayuntamiento especifica que los casos graves son aquellos en los que las mujeres podrían sufrir daños.

Otra de las medidas va encaminada a la persecución del proxenetismo, "o cualquier conducta para la explotación sexual, y muy especialmente en lo relativo a los menores". La última forma de intervención especificada en la ordenanza va destinada a combatir la publicidad o promoción de este tipo de actividades.

El documento incluye también un apartado dedicado a la colaboración ciudadana para acabar con esta lacra. "Todas las personas en Sevilla tienen el derecho y el deber de colaborar con las autoridades municipales o sus agentes, con el objeto de prevenir situaciones de explotación sexual, cualquiera que sea el lugar donde se produzca y preservar la convivencia ciudadana en los espacios públicos", apunta el texto.

Para ello, el Ayuntamiento dispone de los medios necesarios para facilitar que cualquier persona pueda poner en conocimiento de las autoridades municipales cualquier hecho contrario a la ordenanza. Eso sí, no podía hacerse mediante denuncias anónimas, sino que éstas deben "expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir la infracción y la fecha de su comisión y cuando sea posible, la identificación de quienes sean presuntos/as responsables". El Consistorio mantiene informados del proceso a los denunciantes.

En el caso de que exista un riesgo para el denunciante, la Policía puede declarar confidenciales los datos de éste y garantizar su anonimato en el transcurso de la tramitación del expediente. "En todo caso, se declarará la confidencialidad de los datos de dicha persona cuando ésta así lo solicite".

Multas de hasta 3.000 euros

En el apartado del régimen sancionador, la ordenanza distingue tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. Las primeras se castigan con multas de entre 500 y 750 euros. Son aquellas conductas en las que se favorece o promueve la prostitución o el turismo sexual. Entre ellas está incluida la aproximación a los clientes a los lugares en los que se encuentran las prostitutas y cualquier otra práctica que sirva para el acercamiento entre ambas partes.

Las infracciones graves están penadas con multas de entre 750 y 1.500 euros. En este nivel están la petición, negociación o aceptación de servicios sexuales retribuidos en los espacios públicos y la realización de cualquier actividad de carácter sexual en la calle previo pago. El texto deja claro que, en ningún caso, las sanciones irán contra las mujeres sino que se castiga a los clientes.

Las prácticas consideradas como muy graves son las mismas que las anteriores, pero siempre que se den una serie de circunstancias agravantes. Una de ellas es que el lugar de intercambio sexual esté a menos de 200 metros de distancia de un colegio o cualquier "otro espacio con afluencia de público infantil y/o juvenil", así como de un sitio al que acudan muchas personas para presenciar cualquier acto cultural, festivo o deportivo o de lugares que impliquen una "mayor vulnerabilidad" para las víctimas por su "aislamiento, escasez de alumbrado, cercanía a vías de circulación de vehículos y espacios que impidan la huida". Estas conductas están castigadas por la ordenanza con multas de entre 1.500 y 3.000 euros.

Toda esta declaración de intenciones y esta batería de medidas y sanciones queda en nada si luego no hay nadie que se dedique a aplicarlas. La ordenanza apunta también que deben celebrarse una serie de seguimientos para comprobar cómo se está desarrollando en la práctica, pero estas reuniones no se han materializado en los últimos años.

Quejas de las afectadas

La ordenanza se modificó en 2017. Al año siguiente, en mayo de 2018, las afectadas, agrupadas en el Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) denunciaron que esta normativa municipal sólo provocaba inseguridad entre las mujeres que ejercían la prostitución, pues en la práctica tenían que desplazarse a sitios más inseguros. "Las compañeras no conocen los protocolos de atención que debemos recibir", dijo la representante del colectivo, María José Barrera.

Las prostitutas reclamaron a las autoridades una "protección real", ya que las actuales leyes no protegen, el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de su trabajo como una profesión más y la aplicación inmediata de normas que garanticen sus derechos. "Las campañas del Ayuntamiento no dan alternativas para dejar la prostitución, no restan clientes y no ofrecen formación", expuso Barrera. Como alternativa, propuso la creación de convenios para poder atender a las compañeras en los clubes y "garantizar espacios seguros para denunciar".