El Ayuntamiento pasa la pelota a la Junta para que Tablada sea un parque
la situación actual de la dehesa
Espadas entiende ahora que, debido a las dudas jurídicas y su alto coste, el gobierno andaluz debe liderar la expropiación de los terrenos junto al río
En un acto de campaña celebrado en mayo de 2015 en un restaurante junto al Puente de la Barqueta, Juan Espadas señaló que ya era hora de poner en valor (lengua propia de los políticos) los suelos de Tablada. Cuatro años más tarde, en su programa de campaña para optar a salir reelegido como primer edil se podía leer la misma promesa electoral con otras palabras: “Avanzar en el acuerdo para lograr que Tablada sea un gran parque metropolitano”. Entre medio hubo un intento de convencer al Ministerio de Medio Ambiente para que el Estado cediese la franja de suelos más próxima al río. Todo quedo en eso, en un intento. A unas semanas de su salida de la Casa Consistorial, el socialista entiende que la expropiación de los terrenos corresponde ahora a la Junta de Andalucía, que opta por el silencio. Un giro de 180 grados del alcalde.
La última intervención pública del gobierno municipal sobre la expropiación de los suelos de Tablada para convertirlo en un parque periurbano fue de Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano. “Algo hay que hacer. El Ayuntamiento no contempla en estos momentos la expropiación. Independientemente de las dudas jurídicas que plantea, imaginaros el presupuesto que tendríamos que destinar para expropiarlo. Entendemos que, por ser un parque periurbano, es la Junta quien debería producir esa expropiación total o parcial del número de hectáreas”. La propuesta de los socialistas es lograr un acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente “para que sea coherente con lo que ella misma ha planificado”. Entienden que es el gobierno andaluz del popular Juanma Moreno quien debe mover ficha, aunque no quieren que se interprete como que se ponen de perfil: “Nosotros también tenemos que negociar y presionar a los interesados”.
Desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento apuntan que Tablada está declarado como parque periurbano en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), por lo que de una lectura jurídica del asunto el equipo de Espadas ha llegado a la conclusión de que la iniciativa para la ejecución de ese plan de ordenación corresponde a la comunidad autónoma, quien asume la titularidad y gestión del parque. Tras varios intentos, este periódico no ha obtenido ninguna respuesta de la consejería que lidera Carmen Crespo.
El rompecabezas judicial sobre los suelos de la Dehesa de Tablada no cesa. Los pleitos contra el Ministerio de Defensa se han intensificado desde que el Tribunal Supremo sentenció en julio de 2016 que la franja de 200 metros junto al río debe reservarse para dominio público marítimo-terrestre y que esta obligación debe cumplirla el Ministerio de Medio Ambiente por la vía de expropiaciones a los propietarios privados que compraron estos suelos.
Uno de los últimos capítulos judicial ha sido que los dueños de la dehesa recurrieron a la Audiencia Nacional (juzgado central de lo contencioso) para que Defensa les indemnice por el dinero de más (46 millones) que pagaron por estos terrenos en 2001 a las cajas de ahorro sevillanas (agrupadas en el Consorcio Tablada SA), años después de recibir estas en enajenación los suelos en 1997.
El Estado subastó las 360 hectáreas de Tablada ese año por 36 millones y sus compradores (las cajas de ahorro sevillanas) las volvieron a vender en 2001 por el doble de dinero (82 millones) a una agrupación de promotoras inmobiliarias decididas a construir viviendas. El problema fue que la sentencia judicial del Supremo (2016) dejó meridianamente claro que la franja de suelo de 200 metros junto al río no es subastable ni vendible porque pertenece al dominio público marítimo-terrestre. El Supremo dio la razón al promotor Jesús López, que ha pleiteado dos décadas desde que quedó fuera de la subasta de Tablada, en su batalla para que el Ministerio de Medio Ambiente reserve la franja de suelo público.
La operación de subasta se llevó a cabo en el mandato de Alejandro Rojas Marcos (PA) como alcalde y con el PP de Soledad Becerril como socio de gobierno. El Consistorio firmó un convenio urbanístico con las cajas de ahorro en el que se dice que los terrenos son recalificables. Los andalucistas pensaron en instalar allí la villa olímpica y en que había soluciones para elevar el terreno y salvar el obstáculo de que sean inundables.
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