La antigua comisaría de la Policía Nacional de la calle Betis ya es historia. Aún quedan algunos trabajos esta semana en la zona de la parcela más cercana al Guadalquivir. Los técnicos municipales se encuentran a la espera de que finalice la intervención para ver cómo queda e iniciar una intervención paisajística a partir de un acuerdo con la Junta de Andalucía sobre la propiedad del suelo.

La recuperación de esta parcela permite dar continuidad al tramo de paseo fluvial que existe actualmente en Triana y donde ya se ejecutó el Muelle Camaronero. La intención ahora es prolongarlo hacia el norte, con los suelos públicos que se sitúan por delante de la antigua Comisaría de Policía, hasta llegar al Puente de Triana y conectar con el Paseo de la O. También se posibilita dar continuidad al paseo de ribera por el sur hasta llegar a las instalaciones del Club de Labradores y en el frente de la antigua Fábrica de Tabacos de Altadis. Esta recuperación del río cambiaría bastante la estética de la zona.

La idea es recuperar el solar como parque urbano para dar continuidad al paseo

La parcela en la que se encontraba la comisaría de la Policía Nacional es municipal y está fuera de ordenación, por lo que no puede tener un uso distinto al que tenía cuando se aprobó el PGOU: parque urbano. Estos terrenos forman parte del sistema de espacios libres que discurre en la margen derecha del río, entre el Centro de Alto Rendimiento de la Cartuja y el Puente de San Telmo.

Además, este suelo está incluido en un convenio suscrito en 2005 por el Ayuntamiento de Sevilla con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), organismo encargado de la gestión y venta de inmuebles del Ministerio del Interior. El objetivo de este acuerdo era fijar la transmisión de inmuebles y la reordenación de las dependencias policiales en Sevilla. En 2014 la Junta de Andalucía, propietaria del edificio, firmó un acuerdo para la cesión de este espacio (afectado por una mutación demanial externa) al Ministerio del Interior , donde se dejaba claro que este bien revertiría a su dueño una vez que dejara de ser comisaría de la Policía Nacional. Y por ello, en junio de 2018, el Gobierno autonómico inició los trámites para recuperar la propiedad.