El Ayuntamiento de Sevilla pide a la Junta el control de las obras en los entornos BIC

El Ayuntamiento de Sevilla ha pedido a la Junta de Andalucía que le otorgue los permisos necesarios para controlar directamente las obras y actuaciones en los entornos de los Bienes de Interés Cultural (BIC) situados en el conjunto histórico de la ciudad. Los técnicos defienden que estos inmuebles se encuentran suficientemente regulados urbanísticamente y cuentan con normas específicas de protección en los planes especiales redactados. La delegación municipal encabezada por Juan de la Rosa pretende con esta medida agilizar los trámites de los dueños de las viviendas y locales cercanos a los BIC al saltarse a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

El servicio de planteamiento y desarrollo urbanístico argumenta que la ley del Patrimonio Histórico de Andalucía establece que los bienes inscritos como de interés cultural cuentan con un entorno de protección integrado por aquellos inmuebles y espacios cuya alteración pudiera afectar a los valores propios del bien, a su contemplación, apreciación o estudio, pudiendo estar constituido tanto por los inmuebles colindantes inmediatos como por los no colindantes o alejados. En todo caso, dicho entorno debe delimitarse en la inscripción específica del inmueble.

Por otra parte, en aquellos casos en los que no se ha delimitado un entorno específico, esa misma ley establece un entorno de 50 metros en suelo urbano y de 200 metros en suelo urbanizable o no urbanizable. Esto se traduce en que todos los bienes declarados de interés cultural disponen de un entorno de protección, ya sea declarado específicamente o de forma automática en aplicación de esa disposición salvo que en la propia inscripción del bien se determine la innecesaridad de delimitarlo.

Los técnicos de Urbanismo añaden que la ley (24/2007) establece que podrá delegarse a favor de los Ayuntamientos la competencia para autorizar obras y actuaciones en los inmuebles incluidos en la delimitación de los entornos de los BIC cuando los mismos se encuentren suficientemente regulados por el planeamiento urbanístico con normas específicas de protección y así se solicite por los Consistorios.

La relación de los BIC para los que se pide permiso para autorizar obras sin pasar por la comisión provincial de Patrimonio Histórico son la Iglesia de Omnium Sanctorum, la Iglesia de San Gil, la muralla de la Macarena, el Palacio del Pumarejo, la Iglesia de San Luis de los Franceses, el Noviciado de la Compañía de Jesús, la Casa del Rey Moro, el Convento de Santa Paula, el Convento del Socorro, la Iglesia de San Marcos, la Iglesia de Santa Marina, la Torre del Oro, el Convento de la Madre de Dios, la Iglesia de Santa María de las Nieves, el Palacio de Altamira, el Palacio de Miguel de Mañara, los Baños de la Reina Mora, el Convento e Iglesia de Santa Clara, la Iglesia del Convento de Santa María la Real, el Convento de Santa Rosalía, el Cuartel del Carmen, el Monasterio de San Clemente, el Palacio de los Condes de Casa-Galindo, el Palacio de Bucarelli o Casa de los Condes de Santa Coloma, la Torre de Don Fadrique, la Iglesia de Santa Ana, la Real Fábrica de Artillería, las Antiguas Atarazas Reales, el Hospital de la Caridad o la Plaza de la Maestranza.

El consejo de gobierno de la Gerencia, en una sesión celebrada el 20 de septiembre de 2017 bajo el mandato del socialista Juan Espadas, acordó proponer al Pleno municipal solicitar lo mismo a la Consejería de Cultura, la delegación de competencias en los entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural, siendo rechazada la iniciativa en una sesión celebrada nueve días más tarde. En ese momento, el Partido Popular desestimó la medida alegando que “cuatro ojos ven más que dos”.

Después de seis años y medio, los técnicos de Urbanismo han constatado la necesidad de volver a iniciar el correspondiente expediente administrativo “obedeciendo a criterios de oportunidad y agilización respecto a los nuevos y numerosos proyectos de inversión en la ciudad”. En el documento apuntan como datos objetivos los actuales 211 expedientes pendientes de la emisión de informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y el plazo medio de 12 meses desde la solicitud hasta su resolución.

De esta manera, el gerente Fernando Vázquez ha encomendado al servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico realizar las acciones necesarias para elevar nuevamente la propuesta al Pleno y solicitar a la Junta que le otorgue los permisos necesarios para controlar directamente las obras y actuaciones en los entornos de los Bienes de Interés Cultural situados en el conjunto histórico de la ciudad.

Una demora que en muchos casos excede del año. El importante retraso que registra la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico mantiene en suspenso un buen número de proyectos patrimoniales de importancia para la ciudad. Los cambios en la estructura de la delegación territorial de Cultura que surgieron tras las últimas elecciones autonómica, se unen a la falta de técnicos que puedan analizar e informar sobre estos expedientes, muchos de ellos complejos.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico tiene pendiente de estudio e información un buen número de proyectos, tanto públicos como privados, que cuentan ya con sus presupuestos aprobados y a los que tan sólo resta este importante trámite para que la concesión de la licencia de obras sea una realidad y se puedan empezar cuanto antes.

El colapso de la Comisión Provincial no sólo afecta a grandes proyectos de la ciudad. Los ciudadanos también se ven afectado debido a la situación en la que se encuentran algunos Planes Especiales de Protección del Conjunto Histórico. Al no estar aprobados definitivamente, son muchos los expedientes que deben ser estudiados y aprobados si procede por este organismo. Se trata de una situación anómala que agrava la situación y que perjudica tanto a la administración como a los propietarios. Un vecino que quiera hacer una reforma parcial en una vivienda o en un local tiene que esperar más de un año y medio. El perjuicio es evidente. Por ejemplo, se da el caso de calles, como la céntrica Alfonso XII que cuentan con tramitaciones distintas. En la acera de los impares, cualquier asunto debe ser tratado por Patrimonio al no estar adaptado el plan a los dictados de la Justicia.