El Ayuntamiento recibe 160.000 euros del Gobierno para financiar la exhumación de los represaliados de Pico Reja

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, ha aceptado la subvención inicial de 160.000 euros concedida por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática destinada a sufragar los actuales trabajos de exhumación e identificación de los restos de las personas desaparecidas víctimas de la Guerra Civil y de los represaliados de la dictadura franquistadepositados en la fosa común de Pico Reja del Cementerio de San Fernando.

Con esta aportación inicial, y en virtud del convenio de colaboración firmado el 18 de diciembre de 2019 entre las administraciones local, provincial y autonómica para la financiación de estos trabajos, el Ayuntamiento contribuirá con 520.000 euros, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, con 265.000 euros, y la Diputación de Sevilla, con 265.000 euros, y se agregan los 160.000 euros del Gobierno central hasta completar así un importe total de 1.210.000 euros. No obstante, el Ministerio ha expresado su voluntad de alcanzar una aportación similar a la de la Junta y la Diputación.

“Para evitar que la exhumación de la fosa común de Pico Reja se retrasara más en el tiempo y, por tanto, para cumplir el compromiso asumido por el gobierno municipal con los familiares de no dilatar una espera ya de ocho décadas, el Ayuntamiento de Sevilla decidió a mediados de julio de 2019 garantizar el inicio de los trabajos y su final sin aguardar a que las restantes administraciones concretaran su financiación y licitando en solitario el contrato de exhumación e identificación por 1,2 millones de euros. Aunque era decisión municipal seguir adelante con los trabajos hubiera o no financiación externa, hoy este marco de financiación está más despejado y hay que agradecer a todas las administraciones que hayan cumplido su compromiso para exhumar, identificar y entregar los restos a los familiares y dignificar la memoria de los represaliados y represaliadas”, según ha manifestado la delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela Castaño.

Además de ser la primera fosa común cuya exhumación se acomete en la ciudad de Sevilla, es también la de mayor envergadura que se afronta en el conjunto del país. Con 671,34 metros de longitud (66 más que la dimensión inicialmente barajada por los historiadores) y una profundidad aproximada de cuatro metros, la fosa alcanza los 2.685 metros cúbicos y ella se encontrarían los restos de hasta 1.103 personas, según los historiadores, aunque los trabajos actuales de exhumación, iniciados en enero de 2020 por parte de la empresa especializada Aranzadi –la adjudicataria del contrato municipal–, elevan con creces esta cifra.

En efecto, en esta fosa común están depositados más cuerpos de no represaliados de los que se preveía, de ahí que se complique la separación entre unos y otros. Así, a 30 noviembre de 2020 se habían localizado y exhumado 298 restos de personas con evidentes indicios de haber sido represaliados, otras 638 personas inhumadas en ataúdes, 624 en desconexión anatómica y 158 restos aislados, según el balance mensual realizado por Aranzadi. Por tanto, estamos hablando ya de 1.718 cuerpos.

Se han registrado ya enterramientos con indicios claros de violencia como roturas perimortem, ataduras en las muñecas y orificios de proyectiles. De acuerdo con los hallazgos durante las investigaciones, los enterramientos sin control con cuerpos arrojados sin ningún tipo de respeto y en unas posiciones inverosímiles en esta fosa continuaron después del año 1936, situación que no estaba contemplada en los estudios y trabajos previos. Concretamente, se siguieron produciendo en los años 40 del pasado siglo usando esta misma fosa común y el mismo espacio.

En paralelo, en noviembre pasado los trabajos en Pico Reja marcaron otro hito. Se comenzaron a tomar las muestras de los restos óseos de cada cuerpo –de distintas partes óseas– para ser enviadas al laboratorio de la Universidad de Granada, que se encargará de su identificación genética a través del cruce del ADN extraído del hueso con las muestras biológicas que fueron tomadas en su día a los familiares por los profesionales del Laboratorio Municipal de Sevilla. Hasta la fecha, se han enviado 160 muestras óseas.

Los técnicos de Aranzadi seleccionan muestras de unos diez centímetros de los huesos mayores del esqueleto apendicular en mejor estado y los introducen en sobres de papel sellados, lacrados e identificados con una serie de números y letras que se corresponden con los datos de exhumación del cuerpo. Conforme vayan surgiendo correspondencias efectivas (o positivas) entre el ADN de los restos óseos del represaliado y la muestra biológica tomada al familiar, la administración competente trasladará el resultado de forma totalmente privada a la familia, abriéndose entonces otro procedimiento para la entrega del cuerpo en caso de identificación.

Los resultados no deben ser tomados aún como definitivos en caso de no darse coincidencias, puesto que este proceso de exhumación está en su primer año –la planificación de los trabajos alcanza los cuatro años– y, por tanto, deberán seguir también los envíos de muestras al laboratorio de la Universidad de Granada.